EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno ha invocado la ley de extranjería para aclarar que no puede devolver de forma inmediata a todos los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio, pese al mensaje de firmeza de Exteriores.
- ¿Quién está detrás? José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores) mantiene el discurso de devolución exprés, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez subraya que la normativa ampara a menores, solicitantes de protección y embarazadas.
- ¿Qué impacto tiene? Las devoluciones quedan en suspenso para colectivos vulnerables, lo que tensa al Gobierno frente a PP y Vox, pero refuerza el compromiso del PSOE con la legalidad y los derechos humanos en frontera.
La crisis fronteriza que costó la vida a un centenar de personas ahogadas entre el 30 y el 31 de julio ha vuelto a poner a prueba la política migratoria del Gobierno. Moncloa, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, repite que “hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos”. Sin embargo, la ley de extranjería impone límites que la misma administración está obligada a respetar: no todos los migrantes pueden ser expulsados de inmediato. El Ejecutivo socialista se apoya en este marco legal para frenar las críticas de la oposición y, al mismo tiempo, garantizar la protección de los colectivos más vulnerables.
El artículo 23 del reglamento de extranjería, vigente desde la Ley Orgánica 4/2000, permite la devolución sin expediente de expulsión para quienes intentan entrar irregularmente por la frontera o sus inmediaciones. Pero la misma norma enumera excepciones claras: la ejecución de la devolución queda en suspenso cuando se trata de mujeres embarazadas con riesgo para la gestación, personas enfermas, solicitantes de protección internacional —hasta que se resuelva su petición—, víctimas de trata y aquellos sobre los que existan indicios de minoría de edad. Es precisamente este último punto el que mayor complejidad añade a la gestión de la crisis en Ceuta.
Menores no acompañados: el embudo burocrático que impide la devolución exprés
Con los menores que llegaron en la avalancha migratoria, el protocolo es minucioso. Cada uno debe ser entrevistado de forma “individualizada” para determinar si tiene familia en Marruecos o en España que lo reclame. Si se verifica ese vínculo, se habilitan las vías para reunirlo con sus allegados. Solo en ausencia de esa red familiar se acude a las ONG colaboradoras o, como último recurso, al sistema de acogida de otras comunidades autónomas. Mientras ese proceso no concluya, los niños y adolescentes quedan bajo la protección de las autoridades españolas y no pueden ser devueltos a Marruecos.
El Ministerio de Exteriores ha insistido en que la regularización extraordinaria en trámite no afecta a quienes cruzaron después del 1 de enero de 2026, pero el debate político ya está envenenado. PP y Vox acusan al Gobierno de lanzar un mensaje ambiguo y de esconderse tras la burocracia para no ejercer un control efectivo de las fronteras. Ferraz responde recordando que España es un Estado de derecho y que las obligaciones internacionales contraídas en materia de asilo y protección de la infancia no pueden soslayarse con atajos administrativos.
La tragedia de finales de julio sigue pesando en el ánimo del Ejecutivo. El temor a una nueva crisis fronteriza ha llevado a reforzar la presencia policial y diplomática en Ceuta, pero la solución de fondo sigue siendo la cooperación con Marruecos. Mientras tanto, el discurso de “devolver a todos” choca con la letra de la ley, y el Gobierno socialista se ve obligado a administrar ese contraste.
La ley de extranjería no permite expulsar de inmediato a menores, embarazadas ni solicitantes de asilo, por mucho que el mensaje político apriete.
El Eje del Poder Socialista
Desde la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, durante el primer mandato de José María Aznar, el PSOE siempre ha defendido una política migratoria que combine el control de flujos con el respeto a los derechos humanos. Aquella norma, con sus sucesivas reformas, es la que hoy permite al Gobierno de coalición sortear la exigencia de devoluciones masivas que lanzan los partidos a su derecha. La dirección federal de Ferraz apoya sin fisuras la actuación del Ejecutivo: no se trata de un retroceso ante la presión migratoria, sino de un ejercicio de responsabilidad jurídica y humanitaria.
El pulso territorial es delicado. Ceuta, gobernada por el PP, ha exigido reiteradamente medidas más contundentes. Sin embargo, el Gobierno central recuerda que la ciudad autónoma depende de los recursos del Estado para gestionar la acogida y que cualquier decisión unilateral chocaría con los tribunales. En paralelo, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Cataluña— ya han ofrecido plazas de acogida en sus sistemas públicos, en un gesto de corresponsabilidad que refuerza el discurso de un Estado del bienestar que no abandona a nadie.
El riesgo inmediato para el Gobierno no está en el ámbito jurídico, sino en el mediático. La aparente contradicción entre el “no podrán quedarse” de Albares y el goteo de noticias sobre menores no devueltos alimenta el relato de la derecha. Para desactivarlo, Moncloa y Ferraz confían en que la opinión pública comprenda que un Estado serio aplica sus leyes sin excepciones, pero también sin atajos. El próximo hito será la comparecencia del ministro Albares en la Comisión de Exteriores del Congreso, prevista para la segunda quincena de agosto, donde tendrá que explicar con luz y taquígrafos cómo se están ejecutando las devoluciones caso por caso.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos como seña de identidad del Gobierno socialista frente a las recetas simplistas de la oposición.
- Protagonista: José Manuel Albares (ministro de Asuntos Exteriores).
- Próximo hito: Comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso a finales de agosto para detallar la gestión de las devoluciones.
