EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? España debe solicitar a la Comisión Europea, antes del 30 de septiembre, el séptimo y último desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cifrado en unos 26.000 millones de euros.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo, la Comisión Europea y un instrumento nacido en julio de 2020 bajo el paraguas de Next Generation EU.
- ¿Qué impacto tiene? Cerrará el ciclo del plan español por encima de los 100.000 millones, con 148 hitos pendientes de evaluación y el relevo del fondo soberano España Crece.
España tiene hasta el 30 de septiembre para pedir a Bruselas el último gran desembolso de los fondos europeos. La cifra ronda los 26.000 millones de euros y el margen se agota: quedan tres días.
Tres días y 148 hitos: la letra pequeña del último desembolso
El séptimo pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia exige acreditar 148 hitos y objetivos que siguen pendientes de evaluación. De su validación depende un desembolso compuesto por 21.462 millones de euros en transferencias y 4.400 millones en préstamos, según el desglose que maneja el Ministerio de Economía. En total, casi 26.000 millones que se sumarían a los seis pagos ya cobrados.
Hasta la fecha, España ha ingresado un total de de 78.000 millones en seis desembolsos, lo que equivale al 76,5% de los 102.000 millones asignados, tras haber cumplido 338 hitos y objetivos. Sobre el papel, el Plan de Recuperación cerró oficialmente el 31 de agosto. La realidad administrativa es otra: los Estados miembros conservan hasta el 30 de septiembre para formalizar las últimas solicitudes, y el pago efectivo puede llegar a lo largo del último trimestre del año. Con este séptimo tramo aprobado, España superaría la barrera de los 100.000 millones antes de que termine 2026.
Los últimos datos publicados en la plataforma pública Elisa apuntan a más de 96.000 millones convocados hasta el 31 de julio, casi 80.000 millones asignados y más de 72.000 millones ya resueltos. La mayoría de los hitos pendientes corresponde a reformas de segundo nivel y a inversiones repartidas entre las comunidades autónomas, que son quienes ejecutan buena parte del gasto.
El Congreso, los Perte y el relevo del fondo España Crece
Carlos Cuerpo tiene cita el 1 de octubre en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados. Será la primera comparecencia parlamentaria del vicepresidente primero después de formalizar la solicitud y servirá para detallar el estado de ejecución ante los grupos. La oposición llega con las cifras de la plataforma Elisa sobre la mesa y con una pregunta incómoda: qué queda realmente por gastar.
El Plan de Recuperación arrastró desde su diseño un problema estructural: las reformas comprometidas con Bruselas no siempre encajaban con la aritmética parlamentaria. La más delicada fue la laboral, salvada por un solo voto después de que un diputado del PP se equivocara al votar. La de pensiones tampoco fue un camino tranquilo. En paralelo, los Perte, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, canalizaron la colaboración público-privada hacia el automóvil, los microchips o el hidrógeno verde, con resultados desiguales según el sector.
El último desembolso no cierra una etapa: cierra una fuente de financiación y deja al descubierto quién invertía por convicción y quién solo por subvención.
El relevo ya tiene nombre. El fondo soberano España Crece arrancará con una base de 10.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y aspira a movilizar 120.000 millones con deuda privada, inversores nacionales e internacionales. Lo gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante préstamos, avales e instrumentos de capital. Los cálculos oficiales apuntan a unos 60.000 millones de movilización directa; el resto llegaría por el efecto arrastre del sistema bancario, una hipótesis que habrá que medir en la práctica.
El Eje del Poder Europeo
Lo que se dirime en estos tres días no es solo un trámite contable. El MRR nació en julio de 2020, cuando el Consejo Europeo aprobó 750.000 millones bajo el paraguas de Next Generation EU para responder a una caída del PIB español superior al 10% ese mismo año. Fue el primer instrumento verdaderamente mutualizado de la historia reciente, y por eso su final genera tanta incomodidad en el norte como alivio en el sur. Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia han mantenido desde entonces la vista puesta en el control del gasto y en la condicionalidad. España, Italia, Portugal y Grecia reclaman que el volumen no se desinfle en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual.
Para España el aterrizaje es concreto. Las comunidades autónomas que ejecutan inversión financiada con estos recursos ven cómo la fuente se cierra; las empresas beneficiarias de Perte afrontan la transición a un modelo sin subvención directa; y el Tesoro cambia un pasivo barato por financiación de mercado, hasta el punto de que solo ha solicitado unos 21.500 millones de los 80.000 millones inicialmente previstos en créditos, un 25% del total. Ese dato resume el cambio de ciclo: cuando el dinero de Bruselas sale más caro que el de los mercados, el incentivo político se desvanece.
La lectura a cinco años es incómoda para La Moncloa. El plan español se asignó sobre una expectativa de 160.000 millones para el periodo 2021-2026, con 80.000 en transferencias y 80.000 en préstamos. La parte de crédito se ha quedado en la cuarta parte. El fondo España Crece intenta tapar el hueco con capital y deuda privada, pero un vehículo público no sustituye a un presupuesto comunitario. Y la negociación del siguiente Marco Financiero decidirá si España consolida su papel de receptora o se asienta como contribuyente neta, un debate que hasta ahora se ha evitado en público. Los frugales llevan meses preparando su terreno.
Queda un hito verificable: la comparecencia del 1 de octubre y la aprobación del desembolso por parte de la Comisión antes de que acabe el año. Después, el silencio. El grifo se cierra y empieza la cuenta atrás del fondo España Crece.
