EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Irene Montero ha rechazado este sábado el pacto del Gobierno con Junts para convalidar el real decreto-ley de vivienda y ha exigido expropiar 650.000 viviendas en manos de fondos buitre para alquiler social.
- ¿Quién está detrás? La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, y la secretaria general, Ione Belarra, en la manifestación ‘Ni una Maricarmen más’ celebrada en Madrid.
- ¿Qué impacto tiene? El Ejecutivo afronta una aritmética parlamentaria ajustada para sacar adelante la norma, con Podemos condicionando su voto y la mayoría de investidura en tensión.
El rechazo de Podemos a la negociación con Junts estrecha la aritmética parlamentaria del Gobierno para convalidar el real decreto-ley de vivienda. Irene Montero ha advertido de que no aceptará lo que considera un ‘trágala’ a los inquilinos y ha exigido medidas más duras contra los fondos buitre.
Qué exige Podemos y qué papel juega Junts
La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, rechazó este sábado las conversaciones del Ejecutivo con otros grupos parlamentarios para sacar adelante la norma. Lo hizo en el marco de la manifestación ‘Ni una Maricarmen más’, que recorrió las calles de Madrid a media tarde. Pensamos que el Gobierno está negociando con Junts para hacerle un trágala a toda la gente que hoy está aquí defendiendo el derecho a la vivienda y no lo vamos a aceptar’, ha asegurado la dirigente.
La líder morada fijó sus condiciones con dos cifras sobre la mesa. La primera, la expropiación de 650.000 viviendas en manos de fondos buitre para destinarlas a alquiler social. La segunda, la bajada de los precios del arrendamiento por ley. Son dos medidas que van más lejos que el articulado que el Ministerio de Vivienda tiene hoy sobre la mesa.
Miles de manifestantes arrancaron a las 18.30 horas de la Puerta del Sol, convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La marcha exigía responsabilidades por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que vivió 70. Su caso ha dado nombre al decreto.
Montero cargó con dureza contra compañías tenedoras como Urbagestión. A su juicio, la empresa ‘estaba filtrando que estaba al borde de la quiebra, que tenía muchísimos problemas con su correo’. Y añadió: ‘Pocas vergüenzas más grandes que, después de desahuciar a una anciana de 87 años, encima nos quieran hacer creer que son ellos las víctimas’.
La vivienda ha dejado de ser un asunto sectorial para convertirse en el termómetro real de la mayoría de investidura.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, subió el tono en la misma dirección. Avanzó que su partido va a ‘seguir presionando para que el Gobierno apruebe el mejor real decreto ley posible’, aunque dejó un aviso: ‘esta problemática no la arregla ningún real decreto ley por sí solo’. Belarra resumió su tesis en una frase redonda. ‘Las casas tienen que ser para vivir’.
La aritmética de una mayoría de investidura en tensión
El pulso no es nuevo, pero llega en el peor momento. El real decreto-ley es una norma con rango de ley que el Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros y que el Congreso debe convalidar o derogar en un plazo tasado de treinta días. Si la convalidación falla, la norma decae. Y ahí es donde cada escaño pesa.
El Ejecutivo trabaja con una mayoría fragmentada. El Grupo Parlamentario Socialista es el más numeroso de la Cámara, pero la convalidación exige sumar voluntades más allá del bloque de investidura. De ahí la negociación con Junts que Montero censura. Fuentes parlamentarias consultadas reconocen que la conversación está abierta y que aún no hay acuerdo cerrado.
Podemos no sostiene al Gobierno, pero su voto puede resultar determinante. La formación morada trata de rentabilizar su posición de bisagra por la izquierda y convierte la vivienda en su bandera. Lo que está en juego es doble: el blindaje de un derecho social y la capacidad del Ejecutivo para recomponer la mayoría que lo invistió.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz y en La Moncloa la lectura es otra. El decreto forma parte de la agenda social de la legislatura y busca proteger a los inquilinos más vulnerables, frente a los desahucios y la especulación. El Gobierno lo defiende como una pieza más del escudo social que ya alumbró la ley estatal de vivienda de 2023, una de las normas más ambiciosas de la democracia reciente. La diferencia con Podemos no es de rumbo, sino de intensidad.
El aterrizaje territorial no es menor. En Cataluña, el Govern de Salvador Illa ha desplegado su propia política de alquiler y de contención de precios; en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page reclama más vivienda pública y suelo disponible. Los barones socialistas comparten el diagnóstico, aunque discrepan del instrumento. García-Page, voz crítica habitual, insiste en que las soluciones no se construyen contra la propiedad privada.
La lectura estratégica es clara. El PSOE quiere presentar la convalidación como un triunfo social, no como una cesión a los socios. Si Podemos vota en contra, el relato se complica; si el decreto sale adelante con Junts, el Gobierno demuestra músculo parlamentario. El precedente más cercano es el tira y afloja que acompañó a la ley de vivienda de 2023, cuando el texto llegó al Congreso en medio de un pulso idéntico entre socios por la izquierda. Ganó la norma; el desgaste quedó repartido.
El riesgo inmediato está sobre la mesa. Un ‘no’ de Podemos obligaría al Ejecutivo a buscar votos que hoy no tiene amarrados. Y el calendario juega en contra: el plazo de convalidación avanza deprisa. Del otro lado, el PP y Vox contemplan el choque entre socios con evidente interés. Nada une más a la oposición que la grieta ajena.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El derecho a la vivienda como pieza central del Estado del bienestar y la mayoría de investidura como garantía de estabilidad y de políticas sociales.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con Irene Montero (Podemos) como contrapunto.
- Próximo hito: Convalidación del real decreto-ley de vivienda en el Congreso, dentro del plazo tasado de treinta días desde su publicación en el BOE.
