Junts condiciona su voto al decreto de vivienda del Gobierno a una exigencia: frenar a los fondos buitre sin penalizar al pequeño propietario. Lo ha dicho su secretario general, Jordi Turull, desde Vitoria-Gasteiz, en el marco del Alderdi Eguna del PNV.
El dirigente ha defendido una regulación corta y contundente, con incentivos fiscales y más seguridad jurídica para que salgan al mercado más pisos en alquiler. Su receta combina mano dura contra los grandes tenedores y estímulos para propietarios, inquilinos y jóvenes. Turull lo resume así: ‘Parar los pies a los fondos buitre no está reñido con proteger al pequeño propietario’.
La línea roja del partido llega por otra vía. Junts no votará un paquete que agrupe medidas de naturaleza distinta ni una norma que, a su juicio, acabe castigando al arrendador particular. ‘Si quieren mezclar cosas, no tendrán nuestro voto’, ha advertido el secretario general, con el Ministerio de Vivienda y los socios del Ejecutivo como destinatarios.
Hay un segundo punto sobre la mesa. Cuando un inquilino no pueda pagar por su situación económica, sostiene Turull, debe ser el Estado quien compense al propietario. ‘No puede ser que acaben en situación de vulnerabilidad los propietarios, que en algunos casos tienen que pagar la hipoteca’, ha señalado. Es la traducción parlamentaria de un debate viejo en Catalunya: quién asume el coste social del alquiler.
Turull ha repartido también reproches entre propios y ajenos. Ha pedido a los partidos ‘un esfuerzo’ para abandonar la ‘trinchera ideológica’ y les ha acusado de preferir ‘la agitación, el tuit y los likes’ antes que buscar soluciones.
Junts no discute el fondo de la norma: discute quién paga la factura política de aplicarla, el fondo de inversión o el propietario con un piso heredado.
Las condiciones, según el propio Turull, ya han sido trasladadas al Gobierno español. Junts mantiene la disposición a pactar y no ha cerrado ninguna puerta. Nadie regala nada.
La aritmética del Congreso y el precio del sí de Junts
Junts ocupa desde 2023 la posición que más rédito le ha dado: socio imprescindible y crítico a la vez. Cada decreto que llega al Congreso obliga al Gobierno a negociar con una formación que no comparte gobierno, no comparte relato y no comparte la gestión de la vivienda en Catalunya. El programa económico del partido insiste desde hace años en el mismo eje: menos intervención sobre el propietario individual y más presión sobre el inversor institucional. Cosas de la aritmética parlamentaria.
La lectura política es sencilla. Junts necesita exhibir victorias verificables en Madrid para justificar su papel en la legislatura, y la vivienda es el asunto donde mejor conecta con su electorado de clase media urbana. En paralelo, el Govern aplica su propio marco, con zonas de mercado residencial tensionado declaradas en más de un centenar de municipios y un índice de referencia de precios de alquiler en vigor. Cualquier norma estatal que interfiera en ese terreno abre un frente entre el Palau de la Generalitat y Moncloa.
El voto de Junts no se mide solo en Madrid. Se mide también en el Parlament, donde ejerce de oposición dura contra el Govern de Salvador Illa y no puede aparecer como muleta de una norma que después critique en Catalunya. El equilibrio, de momento, es inestable.
Puigdemont, la amnistía y una advertencia al Constitucional
Turull aprovechó su intervención para hablar del regreso de Carles Puigdemont, que según sus palabras volverá a Catalunya más ‘como presidente de país que no de partido’. Es una formulación que Junts repite desde hace meses y que sitúa al expresident por encima de la refriega parlamentaria diaria.
Sobre la amnistía, reclamó al Tribunal Constitucional que sea claro y ‘no vaya a medias tintas’. Junts no dará por cerrado el proceso hasta que los afectados puedan regresar. Y añadió una advertencia: si el Supremo no aplica lo que establezca el Constitucional, ‘evidentemente se deberán tomar acciones legales, dentro y fuera del Estado’.
Por qué dos relatos de la vivienda no encajan
El debate no es nuevo, pero llega en un momento incómodo. Los registros del sector sitúan el precio del alquiler en máximos en el área metropolitana de Barcelona, con L’Hospitalet, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, y el Baix Llobregat entre las zonas más tensionadas, mientras la oferta de alquiler estable se reduce. Los grandes tenedores concentran carteras notables en esos mismos municipios, y es ahí donde Junts quiere que apriete la norma.
La misma norma que persigue al fondo de inversión puede alcanzar al propietario de dos pisos que los alquila desde hace veinte años. Ahí está el nudo. Compensar con incentivos fiscales equivale, en la práctica, a trasladar al Estado el coste de la protección social del inquilino, justo lo contrario de lo que defienden ERC, los Comuns y buena parte del PSOE.
Hay un precedente que explica el recelo. El Congreso ya tumbó un decreto ómnibus en el que Junts coincidió con el PP y Vox en el no, y desde entonces el Gobierno se la juega cada vez que agrupa materias dispares en un mismo texto. Ese es el escenario que Junts quiere evitar: que la vivienda viaje con medidas que no comparte.
El desenlace depende de la letra pequeña. Si el Ejecutivo separa la vivienda del resto de materias y acepta regulación dura para los grandes tenedores con salvaguardas para el arrendador individual, Junts tiene margen para votar sí. Si vuelve a mezclar, el decreto quedará en el aire. La próxima votación en el Congreso será la prueba de fuego. Y el reloj corre.
