Cataluña se enfrenta a un coste en intereses de deuda que casi duplica al de Madrid en 2029 si no se concreta la quita de 17.100 millones pactada por el PSOE y ERC. El estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cifra en 2.968 millones el gasto anual por este concepto frente a los 1.409 millones que asumiría la Comunidad de Madrid.
El coste de no condonar: una brecha que se ensancha
Según el informe, la Generalitat se ha convertido en la administración autonómica más expuesta al servicio de la deuda, en gran medida por la acumulación de pasivos generada por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). sin la condonación prevista, Cataluña pasaría de pagar 1.939 millones más en intereses entre 2022 y 2029, un incremento que duplica con creces los 648 millones adicionales que afrontaría Madrid en el mismo periodo. La Comunidad Valenciana, segunda en el ránking, tampoco se libra: su factura por intereses crecería en 1.719 millones.
El estudio de Fedea detalla que, en términos absolutos, la deuda bruta de las comunidades autónomas alcanzó los 341.643 millones en 2025 y se espera que repunte hasta los 347.012 millones en 2029. Cataluña lidera el listado con 90.082 millones, pero la lectura más inquietante es la de los intereses: si no hay quita, la ratio entre pago de intereses y PIB se triplicaría respecto a 2022, lastrando las cuentas autonómicas pese a las previsiones de crecimiento.
Fedea advierte de que estos cálculos son «optimistas» porque asumen que las comunidades cerrarán sus cuentas con un déficit del 0,1% en 2026 y alcanzarán superávit en 2028, unas metas que la AIReF ya ha puesto en duda. Además, el escenario presupone que se reformará el sistema de financiación autonómica, un extremo que la última ronda de contactos en Moncloa dejó en el aire después de que el Gobierno se topara con el rechazo de todos los ejecutivos autonómicos salvo el catalán.
La quita de 83.000 millones de euros —extrapolada por Hacienda al conjunto de las comunidades de régimen común en febrero de 2025— fue el precio que el PSOE pagó a ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Las enmiendas de PP y Vox para frenarla ya han sido tumbadas en el Congreso, pero el trámite final sigue pendiente y la oposición no da la batalla por perdida.
La quita de 17.100 millones no es solo un alivio contable: es la llave para que la Generalitat evite un ajuste de 2.000 millones en intereses en solo cuatro años.
La intrahistoria del pacto: la quita como llave de la legislatura de Illa
El informe de Fedea reabre una herida que el Govern de Salvador Illa había intentado cerrar con discreción. La condonación de la deuda es el pilar sobre el que se asienta la financiación singular que ERC exige como condición de estabilidad, y los datos del ‘think tank’ ponen cifras a lo que muchos en el Parlament ya intuían: sin ese alivio, los presupuestos de la Generalitat para 2027 y 2028 tendrían que dedicar casi 3.000 millones anuales solo a pagar intereses, lo que estrangularía partidas de sanidad o educación.
El estudio subraya también que el efecto ‘bola de nieve’ no es exclusivo de Cataluña. La Comunitat Valenciana, con un incremento proporcional del 476% en el pago de intereses desde 2022, sufre una situación aún más dramática en términos de riqueza. y sin embargo la condonación diseñada por Hacienda —según denuncian varios consejeros autonómicos— parece hecha a medida de la Generalitat, con un sesgo que el resto de comunidades no terminan de digerir.
Fedea concluye que, sin reforma del sistema de financiación y sin quita, los gobiernos regionales tendrán que elegir entre subir impuestos o redirigir recursos desde otras políticas públicas. Para Cataluña, la disyuntiva es especialmente incómoda porque el acuerdo de investidura vincula la gobernabilidad a una condonación que, de frustrarse, dejará al executiu con las manos atadas frente a un gasto financiero inédito.
El precedente de las liquidaciones negativas de 2009 —3.774 millones aún pendientes— muestra que la demora en resolver el nudo de la financiación no hace sino encarecer la factura. Moncloa y el Govern tienen ahora sobre la mesa un calendario que se comprime: la votación definitiva de la quita puede fijar el techo de gasto de la legislatura catalana y, de paso, el margen de Illa para negociar con ERC más allá de 2027.
