La Generalitat investiga un acceso no autorizado desde el Centre Penitenciari Puig de les Basses, en Figueres (Girona), que ha permitido a varios internos consultar documentación confidencial de de la administración catalana. El incidente, detectado el propio miércoles, ha llevado a identificar a los presuntos responsables y a reforzar las medidas de seguridad en las prisiones catalanas.
Un fallo de seguridad en los ordenadores de los módulos
Según ha confirmado el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, el acceso se produjo desde ordenadores ubicados en los módulos penitenciarios, que en teoría están destinados al uso exclusivo de los presos y deberían estar aislados de la red corporativa de la Generalitat. Sin embargo, la separación no funcionó. Los internos lograron entrar en carpetas compartidas de la administración, donde se almacenaban documentos privados. La dirección del centro activó de inmediato los protocolos de seguridad tras detectar la intrusión y, hasta el momento, sostiene que los sistemas penitenciarios críticos no se han visto comprometidos.
El sindicato SICAP-FEPOL, no obstante, ofrece una versión mucho más alarmante. Denuncia que la brecha podría ser más amplia de lo que admite la consejería y que los primeros avisos sobre accesos indebidos se remontan a 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas. Además, asegura que entre la información expuesta figuran datos personales, penitenciarios y sanitarios, especialmente protegidos por la normativa de protección de datos.
La versión del sindicato: avisos desde 2025 y datos sanitarios comprometidos
Para SICAP-FEPOL, el incidente evidencia un fallo de raíz. «Si una persona interna puede entrar desde un ordenador del módulo en información reservada de la Generalitat, el sistema de seguridad ha fallado por completo», denuncia el sindicato, que reclama esclarecer durante cuánto tiempo permaneció abierta la vulnerabilidad, desde cuántas prisiones se pudo acceder y si los archivos fueron descargados o difundidos. El acceso ilegítimo a información sobre internos, trabajadores, protocolos e incidencias podría haber servido para facilitar presiones, amenazas, suplantaciones o para intentar eludir los procedimientos de seguridad.
El Departament de Justícia ha abierto una investigación interna y ha contactado con la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña para que realice un análisis técnico. Asimismo, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Figueres y ha comunicado los hechos a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT). El sindicato, por su parte, también anuncia que llevará el caso a la APDCAT y exige la retirada provisional de los equipos afectados, una auditoría externa, la revocación de credenciales comprometidas y una separación efectiva entre los equipos de los internos y los corporativos.
Que los internos hayan accedido a datos reservados de la administración desde ordenadores del módulo demuestra un fallo de raíz en la arquitectura de seguridad.
Consecuencias políticas: la petición de destitución de Estepa
La crisis ha alcanzado la esfera política. SICAP-FEPOL reclama la destitución inmediata del director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, al considerar que la gravedad de la brecha y los avisos previos hacen incompatible su continuidad. Este mismo miércoles, Estepa se reunió con representantes sindicales para informarles del incidente y de las medidas adoptadas, pero la comparecencia no ha calmado las críticas. La oposición sindical y la sombra de responsabilidades políticas añaden presión a un Departament de Justícia que en los últimos meses ya ha tenido que gestionar otros episodios de tensión, como la sobreocupación o las quejas por la falta de personal.
La lectura que hace Moncloa.com es que, más allá del alcance concreto de la intrusión, el episodio pone de relieve una vulnerabilidad estructural en la administración catalana. Si los sistemas de las prisiones, que gestionan información especialmente sensible, no están correctamente segmentados, la confianza en la capacidad técnica del Govern para proteger datos confidenciales se ve erosionada. La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña deberá aclarar si fallaron los controles de acceso, los cortafuegos o la política de privilegios, y, sobre todo, si alguien descuidó el mantenimiento de esos sistemas desde 2025, como sostiene el sindicato.
Mientras la Generalitat mantiene que el acceso se circunscribió al centro de Figueres y que los sistemas críticos no fueron vulnerados, la investigación judicial y la auditoría técnica serán determinantes para fijar responsabilidades y dimensionar el daño. Lo que hoy se presenta como una brecha aislada podría acabar convirtiéndose en un escándalo de gestión si se confirma que los avisos previos fueron desoídos. La destitución de Estepa es, por ahora, una exigencia sindical; pero si se demuestra negligencia, la presión política dentro del Govern podría intensificarse en las próximas semanas.
