Vox ha respaldado este miércoles en la Junta General del Principado el dictamen de la comisión de investigación del accidente minero de Zarréu, que exige responsabilidades politicas a cuatro exconsejeros socialistas de Industria y tres altos cargos de la administración autonómica. Un respaldo que, junto al de los demás grupos salvo el PSOE, sitúa a Vox como pieza clave en la exigencia de depuración de responsabilidades por un siniestro que costó la vida a cinco trabajadores en marzo de 2025.
Vox defiende el dictamen: ‘Un adulto asume las consecuencias de su responsabilidad’
El portavoz de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, ha dejado clara la posición del partido durante el debate plenario: el dictamen ‘no se deriva responsabilidad penal alguna’, solo política. Con esta matización, Vox se alinea con el espíritu del texto, que exige el cese de los exconsejeros Belarmina Díaz, Isaac Pola, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, pero evita acusaciones penales. Centeno ha insistido en que la gestión de la administración autonómica fue deficiente y que el presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien ha calificado como ‘el señor de los ocho apellidos mineros’, intenta reducir todo al ámbito judicial para eludir su responsabilidad.
La formación de Santiago Abascal en Asturias aprovecha así el debate para subrayar su discurso de exigencia de responsabilidades a los gestores públicos, sin entrar en imputaciones penales que corresponde a los tribunales. ‘Un adulto asume las consecuencias de su responsabilidad’, ha sentenciado Centeno, en una intervención que ha contrapuesto la actitud de Vox con la del PSOE, que ha votado en contra del dictamen.
El dictamen: fallos de supervisión y un voto en contra del PSOE
El texto, que contó con el voto a favor de todos los grupos a excepción del PSOE y con el respaldo de Izquierda Unida —socio de gobierno en Asturias—, detalla fallos en el control, la supervisión y la inspección de la mina por parte de la administración. Señala que, aunque no causara directamente el accidente, las resoluciones administrativas permitieron la continuidad de la actividad extractiva en un contexto de cierre y que las concesiones se otorgaron sin la debida comprobación de la situación real del yacimiento.
La votación de este miércoles ha dejado patente la soledad del PSOE en su intento de frenar el dictamen. El voto particular de IU, que pedía extender las responsabilidades al Ayuntamiento de Degaña y a su alcalde, fue rechazado por el resto de la cámara. Asimismo, se desestimó la petición de IU de incorporar un informe de los letrados de la Junta para reforzar la seguridad jurídica del texto, tras las advertencias de los servicios jurídicos sobre un posible riesgo de vulnerar la presunción de inocencia de los funcionarios señalados.
El respaldo de Vox al dictamen no es coyuntural: subraya su estrategia de oposición firme y su apuesta por la responsabilidad política de los gestores socialistas en Asturias.
A pesar de esas advertencias, el dictamen prosperó con los votos de Vox, PP, IU y el Grupo Mixto. La diputada Covadonga Tomé, presidenta de la comisión, defendió que el texto asumía ‘en gran parte’ las recomendaciones de los letrados y pidió no convertir la aprobación ‘en un enredo de izquierdas y derechas’. Sin embargo, el PSOE votó en contra y su diputado René Suárez acusó al resto de grupos de construir ‘un relato político preconcebido’.
La estrategia de Vox: marcar perfil propio frente al PSOE y al PP
Para Vox, el respaldo al dictamen va más allá de la tragedia de Zarréu. Le permite, en un parlamento autonómico donde el PP es el principal partido de la oposición, marcar un perfil propio en la exigencia de responsabilidades a la administración socialista. Mientras el PP también votó a favor, la contundencia del discurso de Centeno —y sus críticas directas a Barbón— sitúa a Vox como la fuerza más beligerante con la gestión del Gobierno del Principado.
Además, la formación refuerza su discurso sobre seguridad laboral y minería, un ámbito sensible en las cuencas asturianas, y se presenta como garante de que la administración rinda cuentas. El hecho de que el dictamen sea político y no penal permite a Vox mantener su línea de oposición sin chocar con su defensa de la presunción de inocencia que, sin embargo, rechazó el PSOE en este caso. Un equilibrio que, en el contexto de las futuras citas electorales, busca consolidar a Vox como una alternativa creíble y rigurosa en Asturias.
