Los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de Procuradores de España y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España trasladaron el 24 de junio al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, las incidencias que los profesionales están detectando en la implantación de los Tribunales de Instancia creados por la Ley Orgánica 1/2025. La reunión, celebrada seis meses después de la entrada en funcionamiento de la primera fase del nuevo modelo organizativo, evidenció la necesidad de activar sin demora la Comisión Mixta de Calidad prevista en la norma para evaluar y corregir las disfunciones.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha sucedido? Los tres consejos generales profesionales se reunieron con Justicia para exponer las deficiencias graves que sufren abogados, procuradores y graduados sociales en los Tribunales de Instancia.
- ¿Qué base jurídica se examinó? La Ley Orgánica 1/2025, que sustituyó cerca de 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia, y los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad introducido en abril de 2025.
- ¿Qué impacto tiene? Se exige la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad y se reclaman soluciones urgentes a la disparidad de criterios, la falta de comunicación con los órganos judiciales y los retrasos en ejecución de resoluciones.
Antecedentes: la mayor reorganización judicial en décadas
La Ley Orgánica 1/2025 supuso una transformación estructural del sistema judicial español al reemplazar el tradicional modelo de juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia, desplegados de forma progresiva a lo largo de 2025. En paralelo, desde abril de 2025 entró en vigor el requisito de acudir previamente a los MASC antes de interponer determinadas demandas, tal como establece la reforma. La doble implementación ha generado, según los profesionales, disfunciones que comprometen la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.
La Abogacía Española ha elaborado un informe a partir de las aportaciones de los consejos autonómicos y colegios de todo el territorio nacional, en el que se constatan tanto mejoras puntuales como incidencias significativas. La evaluación de los procuradores y graduados sociales coincide en la urgencia de una revisión operativa del modelo, apenas seis meses después de la primera fase de implantación.
Las reclamaciones: comisión de calidad, disparidad y retrasos
Durante el encuentro, los presidentes Salvador González, Alberto García y Joaquín Merchán coincidieron en reclamar la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad, instrumento legal previsto para detectar incidencias, medir resultados y proponer soluciones. Según González, “la demora en su puesta en marcha impide corregir las numerosas y graves deficiencias que estamos constatando en todo el territorio”.
El informe de la Abogacía detalla tres bloques de problemas. El primero es la disparidad de criterios en la aplicación de los MASC, lo que genera inseguridad jurídica entre los litigantes y sus representantes. El segundo afecta a las dificultades de comunicación con los órganos judiciales, que obstaculizan el ejercicio cotidiano de la profesión. El tercero, calificado como “especialmente preocupante”, son los retrasos en la ejecución de las resoluciones judiciales, un aspecto que incide directamente en la efectividad del derecho a la tutela judicial.
Además, se puso de relieve la necesidad de unificar las prácticas procesales, reforzar la especialización de las secciones y dotar al sistema de los recursos humanos y tecnológicos anunciados. La dispersión de sedes y la falta de interoperabilidad de los sistemas digitales también aparecen como fallos recurrentes que los profesionales sufren a diario.
La constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad es la llave para medir y corregir las disfunciones detectadas en la implantación de los Tribunales de Instancia.
La lectura doctrinal
El nuevo modelo organizativo no solo modifica la estructura territorial de la Administración de Justicia, sino que altera el propio acceso a la tutela judicial. La Ley Orgánica 1/2025 convierte los MASC en filtro de procedibilidad, lo que requiere un análisis riguroso de su impacto sobre el derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución. La disparidad de criterios denunciada por los consejos generales evidencia que la regulación aún carece de la homogeneidad necesaria para garantizar la seguridad jurídica en todo el territorio nacional.
Desde una perspectiva doctrinal, la activación de la Comisión Mixta de Calidad —prevista en la propia norma— opera como un mecanismo de autocorrección del sistema. Su puesta en marcha resulta imprescindible para que la implantación de los Tribunales de Instancia no derive en una merma del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ni en una quiebra del principio de igualdad en la aplicación de la ley. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 148/2024, Sala Tercera) ya ha señalado que las reformas procesales deben valorarse no solo por su diseño normativo sino por su eficacia real en la práctica judicial.
La exigencia de los profesionales no se limita a una petición corporativa: pone de manifiesto la tensión entre el diseño legislativo y la realidad organizativa de la justicia digital. La Comisión de Calidad se convierte así en un instrumento esencial para preservar la efectividad de la tutela judicial, tal como exige el estándar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia (STEDH asunto McFarlane v. Ireland).
FICHA DEL CASO
- El caso: Reunión institucional entre los presidentes del Consejo General de la Abogacía, del Consejo General de Procuradores y del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales con el secretario de Estado de Justicia para trasladar las incidencias en la implantación de los Tribunales de Instancia derivados de la Ley Orgánica 1/2025.
- Datos importantes: La ley sustituyó cerca de 3.900 juzgados por 431 Tribunales de Instancia. Los MASC operan como requisito de procedibilidad desde abril de 2025. Se solicita la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad.
- Fecha de los juicios: N/A. La reunión tuvo lugar el 24 de junio de 2026; se ha convocado un nuevo encuentro para el 29 de julio de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No se trata de un proceso penal sino de una evaluación institucional sobre la reforma organizativa de la Administración de Justicia.
