Vox y el PP anuncian acciones legales contra el Gobierno por no comparecer en el Senado para dar cuenta de la crisis de Ceuta. La Comisión de Interior ha celebrado este miércoles una sesión extraordinaria con la silla vacía del ministro Fernando Grande-Marlaska.
Qué reclaman Vox y el PP: reprobación, dimisión y medidas legales
La sesión extraordinaria de la Comisión de Interior del Senado ha terminado con un anuncio de calado. El presidente de la comisión, Fernando Martínez-Maíllo, ha calificado la ausencia de ‘inexcusable desobediencia al Senado’ y ha anticipado que la Mesa del Senado tomará ‘decisiones políticas y legales’ para que el plantón no quede sin respuesta. No era una cita ordinaria: el PP había convocado de urgencia a los titulares de Interior, Asuntos Exteriores y Defensa para explicar la crisis abierta en Ceuta desde finales de julio.
El senador de Vox Ángel Gordillo ha concretado la posición de su grupo. Pedirá ‘la reprobación de Marlaska’ —la quinta que afrontaría el ministro en las Cortes Generales— y exigirá que el Senado vuelva a reclamar su comparecencia con apercibimiento de acciones legales si se repite la ausencia. Para Vox, la negativa del Ejecutivo convierte la rendición de cuentas en un gesto de desprecio institucional.
La senadora del PP Cristina Díaz ha ido más lejos en el tono. El Gobierno de España ha decidido esconderse y no dar la cara’, ha afirmado, antes de acusar al Ejecutivo de ‘cobardía e incompetencia’ y de pedir la dimisión de Marlaska. Díaz ha advertido además de una posible nueva entrada masiva este mismo sábado 15 de agosto y ha denunciado que el Gobierno reconoce que le consta la convocatoria pero no ha concretado órdenes.
Desde Ceuta, la vicesecretaria del PP Alma Ezcurra ha desplazado la responsabilidad hacia la administración general del Estado. Ha asegurado que las comunidades gobernadas por las derechas ‘no saben qué hacer con los menores’ que entraron en España desde Marruecos, pero ha rechazado que la acogida corresponda a los gobiernos autonómicos: ‘Esos niños han entrado por vulneración de las fronteras’. Ezcurra ha señalado a Marruecos como responsable de una entrada ‘ilegal y violenta’ propiciada ‘a toque de silbato’ y ha cuestionado a Pedro Sánchez sobre una posible cesión del control fronterizo a Rabat.
El plantón del Gobierno deja al Senado ante una disyuntiva: sancionar la ausencia o asumir que la rendición de cuentas depende del calendario del Ejecutivo.
Qué alcance tienen las amenazas legales y qué responde el Gobierno
El Ejecutivo ha excusado la ausencia de los tres ministros a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y la justifica en las comparecencias previstas en el Congreso de los Diputados durante las próximas semanas. La explicación no convence al PP ni a Vox. La Mesa del Senado, controlada por el PP con mayoría absoluta, queda encargada de fijar la respuesta institucional. No es la primera vez que un miembro del Gobierno desoye una petición de la Cámara Alta; el Senado ya ha iniciado trámites para plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
El margen legal no es automático. La Constitución y el Reglamento del Senado recogen la obligación del Gobierno de rendir cuentas, pero no fijan un procedimiento sancionador expreso. La práctica de las últimas décadas se ha basado en pactar las fechas de comparecencia, no en imponerlas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ofrecido a través de su gabinete comparecer la próxima semana, aunque sin confirmación formal de fecha. El 18 de agosto aparece como única opción viable, según la Presidencia del Senado: el 19 y el 20 coinciden con un viaje oficial al Líbano.
En la sesión, el senador de Junts, Eduard Pujol, ha acudido para reclamar la transferencia de las competencias de inmigración a Catalunya y ha advertido de que la ‘irresponsabilidad’ del Gobierno alimenta a la extrema derecha. Su intervención no ha aportado, sin embargo, un respaldo a las iniciativas de control de fronteras que defienden Vox y el PP.
Lectura estratégica: el control de la frontera y la disputa del relato
Para Vox la sesión no es solo un trámite de control. El partido sitúa la crisis de Ceuta en su terreno político natural: la defensa de la soberanía, el control de la frontera sur y la exigencia de responsabilidades a un Gobierno que, a su juicio, improvisa. La reclamación de Gordillo de sumar una quinta reprobación a Marlaska no es nueva, pero ahora se produce con el PP dispuesto a endurecer también su discurso sobre Marruecos. La vicesecretaria Ezcurra ha ido por delante de su jefe de filas: ayer Alberto Núñez Feijóo aseguró que ‘honradamente’ no tenía que pedir explicaciones a Marruecos, y este miércoles ella ha calificado a Marruecos como responsable directo.
El movimiento de Vox tiene un destinatario doble. Por un lado, presiona al Gobierno con un frente institucional que puede alargarse en el Tribunal Constitucional. Por otro, obliga al PP a mantener el pulso en un asunto que ambos partidos se disputan por la derecha. Si el PP se limitara a gestionar la ausencia de ministros sin asumir el fondo migratorio, Vox se presentaría como la única fuerza con un plan claro. La cita de este miércoles no cierra el debate: el 15 de agosto puede convertirse en una nueva prueba para el Ejecutivo y en otro test para el alcance de la alianza no formal entre ambas formaciones.
