El Sindicat d’Estudiants ha presentado una querella criminal contra Juanma Badenas, concejal no adscrito y exmilitante de Vox, por allanamiento en València. La organización estudiantil exige además el cese inmediato del edil, al que acusa de haber forzado la cerradura de su sede y de haber registrado el local sin orden judicial.
La querella criminal y el deslinde de Vox
Los hechos se remontan al viernes 3 de julio, según relata el propio sindicato. Badenas accedió al inmueble acompañado de otras dos personas, tras romper la cerradura y permanecer en el interior mientras grababa imágenes. La organización descubrió el incidente al intentar entrar en su local y comprobó las cámaras de seguridad.
El Sindicat d’Estudiants sostiene que no se trataba de una inspección administrativa, sino de un acto de persecución política. El coordinador en València, Mario Tercero, lo vinculó este lunes a un atropello de derechos democráticos: ‘No estamos hablando de ninguna función administrativa, ni de ningún tipo de inspección, estamos hablando de una persecución únicamente por motivos políticos’.
Víctor Taibo, responsable jurídico del sindicato, encuadró la querella como allanamiento de un local de uso privativo, domicilio social y fiscal de la organización. Taibo denunció un registro sin orden judicial y advirtió de una posible sustracción o captación de datos personales de afiliados y actas internas. Según su versión, el edil ignoró la oposición de funcionarios municipales, que ya le habían advertido de una ilegalidad.
Badenas rompió su silencio con un vídeo en sus redes. Defendió que el servicio de patrimonio custodia llaves municipales y que entró para comprobar el estado del local, una de sus funciones como concejal. No aclaró, sin embargo, por qué grabó documentos de la organización ni con qué autorización accedió a un espacio que el sindicato considera privado.
La oposición municipal reaccionó en bloque. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) anunció una moción para reclamar el cese del edil en el próximo pleno. Compromís pidió el expediente y Mónica Oltra, candidata a la alcaldía, denunció un acto político dirigido a generar miedo. La Federación de Padres y Madres de Alumnos recordó que Badenas ya protagonizó un episodio similar durante una huelga educativa.
La querella transforma un acceso sin autorización en un expediente penal con consecuencias políticas directas en el Ayuntamiento de València.
La posición de la alcaldesa y el tablero municipal
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha encargado un informe jurídico y ha evitado condenar los hechos. ‘A priori no lo hubiera hecho’, admitió, antes de apelar a la necesidad de depurar responsabilidades. Catalá no se ha pronunciado sobre la retirada de competencias de Badenas, cuya presencia en el gobierno local sostiene la mayoría del Partido Popular.
El PP gobierna València con los dos concejales no adscritos procedentes de Vox, Juanma Badenas y Cecilia Herrero, que son pareja. Badenas fue expulsado del equipo de gobierno y readmitido tras difundirse grabaciones sobre contratos de la fundación València Activa. Vox lo expulsó del partido, por lo que ya no responde orgánicamente a la formación.
Lectura estratégica: el coste para el PP y la oportunidad para Vox
La querella coloca al PP de València en una posición incómoda. Catalá necesita los votos de Badenas para mantener la alcaldía, pero no puede asumir sin coste un comportamiento judicialmente cuestionable. La izquierda explota la contradicción con facilidad: un gobierno que se presenta como garantía institucional tolera a un edil investigado y expulsado de su partido.
Para Vox, el escenario es otro. El partido ya expulsó a Badenas y puede reclamar coherencia al PP sin cargar con sus decisiones. La dirección nacional tiene ahora una oportunidad de reafirmar su discurso de exigencia de responsabilidades y de limpieza institucional, señalando la doble vara de medir del principal partido del bloque conservador. Esa es, probablemente, la lectura más rentable para la formación de Santiago Abascal en un asunto que la oposición intentará vincularle sin base orgánica.
El precedente importa. La expulsión de Badenas se produjo tras conocerse las investigaciones sobre València Activa, un episodio que ya dejó claro que Vox no asumía el coste de un edil señalado. Ahora, la querella del Sindicat d’Estudiants devuelve el nombre de Badenas al centro del debate municipal en plena precampaña de 2027. Si Catalá continúa escudándose en informes internos, el PP asumirá el desgaste de un socio incómodo al que ya no puede esconder.
