EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Solo Italia, Eslovaquia y Lituania han transpuesto la Directiva de Transparencia Salarial dentro del plazo que venció el 9 de junio. Bélgica, Malta y Polonia lo han hecho de forma parcial. El resto de Estados miembros, incluida España, están en situación de incumplimiento.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea impulsó la norma para acabar con la opacidad salarial y reducir la brecha de género, que se estanca en el 11,1% de diferencia por hora trabajada. La fecha límite era vinculante y Bruselas prepara procedimientos de infracción.
- ¿Qué impacto tiene? Las empresas españolas no tendrán que publicar todavia los rangos salariales en sus ofertas, pero el Gobierno se expone a multas diarias que pueden alcanzar decenas de miles de euros. Los trabajadores carecen aún del derecho a conocer lo que cobran compañeros que desempeñan un puesto equivalente.
La Directiva de Transparencia Salarial (Directiva 2022/2041) entró en vigor en 2023 y daba a los Estados miembros hasta el 9 de junio de 2026 para incorporarla a sus legislaciones nacionales. Cumplido ese hito, solo cuatro países la han transpuesto en su totalidad, dejando al descubierto un retraso generalizado que la Comisión Europea no piensa pasar por alto.
La norma, aprobada durante la presidencia francesa del Consejo de la UE, exige a todas las empresas que operan en el mercado único que publiquen los rangos salariales de las vacantes que ofertan, prohíbe preguntar a los candidatos por su historial retributivo y otorga a los trabajadores el derecho a solicitar información sobre el salario de colegas que realicen un trabajo de igual valor. Cuando los datos internos revelen una brecha de género superior al 5% sin una justificación objetiva, la carga de la prueba recae sobre el empleador.
El retraso en la transposición tiene consecuencias inmediatas: una trabajadora española sigue sin poder comparar su nómina con la de un compañero que ocupa el mismo puesto, mientras que en Lituania ese derecho ya está blindado. La eurodiputada alemana Gabriele Bischoff, ponente del texto, lo resumió así: ‘Ese velo no solo ocultaba las brechas salariales, también contribuía a perpetuarlas’.
España, en el grupo de los que ni siquiera han empezado
De los veintisiete socios comunitarios, cinco ni siquiera habían iniciado el proceso legislativo cuando llegó el plazo. Entre ellos están Austria, Hungría, Luxemburgo… y España, según fuentes comunitarias consultadas por Moncloa.com. El Gobierno español no ha remitido a las Cortes ningún proyecto de ley a pesar de que el Consejo de Ministros anunció en enero de 2025 que la transposición era una prioridad para la legislatura.
La paradoja es evidente. España presume de un Índice de Igualdad de Género por encima de la media europea, pero su brecha salarial —del 8,9% en 2025, según Eurostat— apenas ha mejorado dos décimas desde 2020. Sin una ley nacional que convierta los principios de la directiva en derechos exigibles, ese estancamiento corre el riesgo de consolidarse. Las organizaciones sindicales ya han advertido de que recurrirán a los tribunales si el ejecutivo no acelera el calendario.
Mientras, algunas multinacionales con sede en España han empezado a adaptarse voluntariamente. Iberdrola, Santander o Inditex publican desde hace meses bandas salariales en sus procesos de selección, anticipando un cambio regulatorio que saben inevitable. Pero para las pymes —que suponen más del 95% del tejido productivo— la ausencia de una norma clara mantiene la opacidad intacta.
Un trabajador español puede exigir su convenio colectivo, pero no tiene armas legales para saber cuánto gana su vecino de mesa con idénticas funciones.
El Eje del Poder Europeo
La fractura entre los países que cumplen y los que bloquean dibuja un mapa inédito. Los tres Estados que han transpuesto a tiempo —Italia, Eslovaquia y Lituania— proceden de familias políticas y culturas administrativas muy distintas. La explicación no está en la ideología, sino en la voluntad política de absorver sanciones o de posponer costes.
Estonia, por ejemplo, ha dejado caer que prefiere pagar las multas de Bruselas antes que aplicar la directiva tal cual está redactada, al considerar que las exigencias de transparencia total colisionan con su modelo de negociación salarial descentralizada. Hungría y Polonia, inmersas en sus propios pulsos con la Comisión por el Estado de derecho, ni siquiera han abierto el expediente. Y los países fundadores del núcleo duro comunitario —Francia, Alemania, Bélgica— han aprobado marcos parciales, lo que revela que la directiva choca con resistencias empresariales muy arraigadas incluso en las democracias más consolidadas.
Para España la situación es especialmente delicada. El Gobierno de coalición se juega la credibilidad de su agenda feminista, y las próximas elecciones generales dejan un margen legislativo muy estrecho. Si la Comisión impone multas coercitivas diarias —algo que ya hizo con otros Estados en el caso de la calidad del aire—, la factura podría ascender a varios millones de euros en pocos meses, un precio que el contribuyente español no entendería.
La lectura estratégica a cinco años es incómoda: la brecha salarial no se cierra por decreto, pero sin un marco legal que obligue a medirla, el indicador puede enquistarse exactamente igual que en la última década. La directiva es una herramienta, no una garantía. Su verdadero valor depende de que los Veintisiete la trasladen a sus códigos nacionales con la misma energía que pusieron al aprobarla en Bruselas.
El próximo movimiento corresponde a la Comisión. El colegio de comisarios analizará los retrasos el 2 de julio y, si confirma el incumplimiento generalizado, abrirá la primera fase expedientes de infracción. A partir de ahí, los gobiernos dispondrán de dos meses para responder. En España, ese plazo expiraría en pleno debate presupuestario, añadiendo otra capa de tensión a un otoño ya cargado de vencimientos europeos.
