La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, se comprometió este lunes con ANPE Canarias a que la campaña de vacunación del profesorado se iniciará a finales de marzo y arrancará con los de Infantil y los centros de educación especial porque son los colectivos que están en contacto más estrecho con el alumnado y sin medidas de protección.
Armas también admitió que la vacuna AstraZeneca no podrá administrarse a un número importante de docentes porque no está permitido inocularla a mayores de 55 años, franja de edad en la que, según los cálculos de la administración, se encuentran alrededor de 7.000 trabajadores en estos momentos, señala el sindicato en una nota.
Con respecto al profesorado especialmente sensible a la covid-19, la central sindical reiteró la situación de indefensión en la que se encuentra el colectivo.
«Desde que empezaron las clases hemos solicitado que estos profesionales puedan optar a una adaptación del puesto de trabajo, pero en la inmensa mayoría de los casos Quirón Prevención, la empresa que tiene subcontratado el servicio, no lo ha hecho. Entendemos que se está vulnerando la normativa vigente y que se está discriminando a estos trabajadores con respecto al resto de funcionarios públicos, algo intolerable», señala Pedro Crespo, presidente de ANPE.
Con respecto al plan de atención al profesorado agredido, Armas confirmó que la orden ya está redactada y que la Consejería ultima algunos detalles antes de anunciar la fecha de su publicación.
Para ANPE Canarias, la aprobación de este protocolo «supondrá un antes y un después» para el profesorado de la enseñanza pública.
El sindicato lleva desde 2008 atendiendo a los docentes agredidos a través del servicio El Defensor del Profesor, período en el ha asesorado y acompañado en un total de 1.566 casos de violencia o acoso.
«Esperamos que esta vez sí se apruebe el protocolo que tanto hemos demandado y, una vez más, no quede solo en promesas. El profesorado necesita apoyo de la administración para resolver las situaciones de conflictividad que se dan en el aula, ya sea herramientas legales o apoyo psicológico. Hemos prestado este servicio porque era esencial, pero siempre hemos entendido que es la Consejería quien debe hacerse cargo de él», explica Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
