La vicesecretaria Sectorial del PP y diputada nacional, Elvira Rodríguez, llama al Gobierno de España a, «de una vez, ponerse las pilas» y emprender un programa de ayudas directas que ayuden a las empresas a «mantenerse» para que cuando la pandemia acabe no estén ya cerradas.
Así lo ha reclamado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Santander, donde este jueves ha participado, junto a la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en una reunión de trabajo con el presidente de CEOE-Cepyme, Enrique Conde, y otros miembros de la patronal cántabra para escuchar los problemas y las demandas del tejido empresarial de la comunidad.
Rodríguez considera que la puesta en marcha de este plan, que ya ha reclamado en anteriores ocasiones, es algo «absolutamente imprescindible» en la actual situación económica generada por la pandemia del coronavirus.
La también exministra y expresidenta de la CNMV y del Grupo Tragsa, que está haciendo una ronda de visitas a distintas comunidades para reunirse con organizaciones empresariales y representantes del tejido productivo, ha instado al Gobierno central a poner en marcha «a lo largo y ancho» de los territorios que componen el país «medidas eficientes» y que «trabajen sobre la realidad de lo que está pasando.
Además, ha pedido al Ejecutivo central que «no lleve a cabo normativas que hagan que «todavía» las comunidades autónomas «acumulen más los problemas que ya están teniendo» por la crisis del coronavirus.
Rodríguez ha alertado de que España está viviendo una «crisis como no ha vivido otra», tanto por la pérdida de vidas como por las consecuencias económicas y ha opinado que aunque las medidas adoptadas por el Gobierno de España al inicio de la pandemia pudieron estar «razonablemente bien» pero «solo» para una situación «muy temporal». «Esto no va bien», ha indicado.
BURUAGA PIDE UN PLAN DE CHOQUE EN CANTABRIA
Las demandas de Rodríguez han ido en línea con los planteamientos de Sáenz de Buruaga, que considera que la «prioridad» y la «urgencia» es ayudar al tejido empresarial «a llegar con vida a 2022 para, a partir de ahí, encauzar la recuperación».
«No habrá recuperación que valga si no ayudamos a la Cantabria productiva a resistir, si no ayudamos a mantener empresas y salvar empleos», ha aseverado la líder del PP cántabro, quien ha advertido de que la «realidad económica de Cantabria es para echarse a temblar», con, según ha apuntado, una economía regional que se ha desplomado más de un 9%; con 45.000 parados, 9.000 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y 4.000 autónomos en cese de actividad. «Cerca de 60.000 cántabros atraviesas una situación crítica», ha resumido.
Buruaga ha alertado de que la comunidad vive un «deterioro empresarial sin precedentes» con «muchos» sectores productivos –«demasiados», ha puntualizado– «al límite de sus capacidades».
Antes este escenario, la líder del PP ha afirmado que su partido seguirá defendiendo la necesidad de poner un marcha «un plan de choque» para «con ayudas, acciones y presupuesto» sirva para «rescatar» a los sectores económicos más afectados por las restricciones de actividad, para incentivar el consumo y sostener la demanda en los más castigados, para impulsar la inversión pública y estimular la privada y dar liquidez a las empresas o mantener el empleo.
«El Gobierno de Cantabria ha dicho no, pero nosotros no renunciamos a ello y vamos a seguir insistiendo hasta que se nos escuche», ha afirmado la líder del PP, que expresado el «compromiso inequívoco» de su partido con la empresa y los empresarios y ha advertido de que, o se sale de la crisis «de la mano» con ellos, o «no salimos».
DESCARBONIZACIÓN Y EL PROBLEMA DEL LOBO
«Esto no va bien», ha advertido la vicesecretaria Sectorial del PP, que ha aludido a algunos problemas concretas que afectan a Cantabria y a otros territorios, en especial a su tejido productivo.
Así, por ejemplo, se ha referido al impacto en las empresas de la apuesta emprendida en Europa para la descarbonización de la economía o al problema que atraviesas las industrias electrointensivas por el alto coste de la energía.
Rodríguez ha defendido que «no puede ser que solo unos territorios lo paguen porque es una decisión de todos» y, por ello, cree que se debe de «mutualizar el problema pero no se mutualiza».
A su juicio, esto da lugar a una «transición injusta». «No puede ser que sea Cantabria solo quien sufra la descarbonización», ha aseverado.
La vicesecretaria de Sectorial del PP ha defendido que se debería de «compensar» a las empresas a las que se les cambia su modo de funcionamiento «por una decisión política que viene de más arriba». «Ese es el concepto de transición justa y si no se hace realmente no se hace lo que se tiene que hacer», ha opinado la popular, que ha afirmado que desde el grupo popular en el Congreso están planteando medidas de «transición justa», que, a su juicio, el Ministerio para la Transición Ecológica, no las está llevando a cabo.
El presidente de la patronal también ha lamentado la «transición injusta» que, a su juicio, están padeciendo las empresas y también el alto precio de la energía que, según ha dicho, está situando a la industria electrointensiva, entre ella la de Cantabria , «fuera de competencia» respecto a otros países.
También ha demandado más información sobre los fondos europeos para la reconstrucción a los que podrán optar las empresas de los que –ha dicho– «no se conoce la letra pequeña».
Conde ha agradecido a Rodríguez su visita la CEOE. «Esta es tu casa, esta es la casa de los empresarios, esta es la casa de quien quiera venir a ayudar a esta región a tirar para adelante», ha afirmado.
EL LOBO
Al margen de asuntos estrictamente relacionados con los problemas del tejido empresarial, Rodríguez se ha referido también al conflicto del lobo después de que el comité estatal de patrimonio natural aceptase la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir a este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que prohíbe su caza en toda España.
Para Rodríguez, esta medida, que ha generado las protestas de Cantabria y otras comunidades donde se realiza control poblacional de la especie, fue una decisión «que no tiene fundamento» adoptada de «mala manera» y con una «votación fuera de costumbre».
