El debate en el Congreso para ratificar el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales para fines de investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, de acuerdo a lo establecido por una directiva europea, ha derivado este miércoles en un cruce de reproches sobre la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La diputada del PP, Ana Vázquez, ha criticado la demora en aprobar una ley que es consecuencia de una directiva europea de 2016 y que ha conllevado una sentencia reciente contra España con una multa de 20 millones de euros. Como Vox en su turno, la portavoz ‘popular’ ha culpado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha lamentado que ese dinero no se destine a los ERTE o a chalecos de protección para los policías.
Los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han criticado al partido liderado por Pablo Casado al tratarse de una directiva europea que acumulaba una demora de varios años desde antes de la salida de Mariano Rajoy del Ejecutivo, lo que han calificado como «una de las herencias envenenadas del PP.
EL PSOE CULPA AL GOBIERNO DE RAJOY
En este sentido, el diputado del PSOE David Serrada ha asegurado que la de protección de datos es «una de las 32» directivas europeas que quedó por transponer ya fuera de plazo de un total 82 textos que estaban sin tramitar cuando se produjo el cambio de Gobierno por la moción de censura que ganó Pedro Sánchez en mayo de 2018.
Serrada ha dicho que el PP «sólo hizo bien su tarea» para montar la «policía política», en alusión a los escándalos del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. También ha recordado el cese durante esta etapa de mandos policiales para elegir a otros «afines», una idea que también ha repetido en su turno el portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago.
Los socios del Gobierno respondían de esta forma a las críticas de PP, Vox y UPN, que han pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid cuando investigaba la manifestación del 8M en el inicio de la crisis del Covid.
Los partidos de la oposición han recordado otras polémicas que afectan a Grande-Marlaska, «un ministro indigno», entre ellas el plan para monitorizar redes sociales para evitar bulos o la conocida como ‘patada en la puerta’ sobre la entrada de la Policía en pisos turísticos para evitar fiestas que contravienen las restricciones por el Covid-19.
La diputada del PP ha citado también que Grande-Marlaska «oculta» el traslado de inmigrantes desde Canarias a la Península y el acercamiento de presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco. En este punto, el diputado de UPN Carlos García Adanero ha citado el caso de ‘Txapote’, «uno de los terroristas más sanguinario que en los juicios se reía de sus víctimas».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó ayer a Grande-Marlaska, que un día antes también defendió en un acto de la Guardia Civil en Teruel que «no tenía ninguna voluntad de dimitir».
TEXTO APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS
El cruce de reproches se ha producido en la Comisión de Interior que ha dado luz verde al Proyecto de Ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, un texto que incluye sanciones de hasta 240.000 euros en caso de infracción.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de febrero el proyecto de ley que, según la portavoz del Gobierno, «conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución».
En el debate de este miércoles se han aprobado dos enmiendas transaccionales defendidas por Ciudadanos y el BNG, rechazando otras tantas enmiendas de PNV, el PP, Vox y el Grupo Plural.
El Gobierno remitió en febrero el proyecto a las Cortes Generales, a las que solicitó que su tramitación parlamentaria se realizara por el procedimiento de urgencia previsto en los artículos 93.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 133.1 del Reglamento del Senado. El texto transpone la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
