El PP someterá este martes a debate en el Pleno del Congreso una proposición de ley para aprobar el primer régimen estatutario de los funcionarios que trabajan en las prisiones españoles para que, entre otras cuestiones, sean considerados agentes de la autoridad, una vieja reivindicación de este colectivo.
Esta iniciativa, es fruto de la reunión que el pasado mes de octubre la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, mantuvo con representantes de la asociación de funcionarios Tu Abandono Me Puede Matar.
En su texto, el PP sostiene que el marco de estructuración y organización de los funcionarios de instituciones penitenciarias es «deficiente», se ha quedado «obsoleto» y no regula correctamente las especificidades de su trabajo.
CUERPOS NACIONALES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Por eso, los ‘populares’ consideran «imprescindible» impulsar una Ley del Estatuto de los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias que recoja las singularidades que implica el trabajo en el ámbito penitenciario en tanto que «el volumen, dispersión y antigüedad de las normas vigentes en este sector es fuente de una evidente inseguridad jurídica».
En su texto, el PP sitúa a los trabajadores de prisiones al mismo nivel que la Policía o la Guardia Civil en tanto que «recibirán la denominación genérica de funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Instituciones Penitenciarias».
Así las cosas, serán reconocidos como agentes de la autoridad, a todos los efectos legales, «pudiendo identificar tal condición por su placa con el número de registro profesional, en procesos administrativos judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional».
No es la primera vez que el PP lleva una iniciativa al Congreso con esta solicitud. De hecho, el año pasado registraron una propuesta para reconocer de forma transitoria a los funcionarios de prisiones como autoridad mientras durase el estado de alarma derivado del coronavirus.
Además, el Estatuto que plantean los ‘populares’ en su proposición de ley recoge otras reivindicaciones del colectivo de funcionarios de prisiones, entre ellas la creación de una mesa sectorial, la creación de una Escuela de Estudios Penitenciarios o una mejora de su régimen retributivo.
AMENAZAS DE MOVILIZACIONES
Hace escasos días, los sindicatos de prisiones ACAIP-UGT, CIG y CSIF alertaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que convocarán movilizaciones si no «desbloquea» la negociación para aprobar la Ley de Función Pública Penitenciaria, un proyecto que por ahora «no recoge aspectos imprescindibles» para mejorar la situación laboral del colectivo.
En un comunicado conjunto, se remitían a la reunión del pasado 24 de febrero donde Instituciones Penitenciarias aseguró que les presentarían un borrador del texto, pero denuncian que «no se ha aclarado la situación y el recorrido de este texto normativo desde entonces».
Se trata de una norma que se abordó en un grupo de trabajo creado en julio de 2020 y que busca reconocer las especificidades del colectivo de funcionarios de prisiones acabando con una «legislación dispersa», además de mejorar las condiciones de los empleados públicos.
