La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por el cartel de Vox sobre los menas al considerar que induce a una «negativa» respuesta social hacia un colectivo ya «doblemente vulnerable» como los menores extranjeros no acompañados.
En el escrito presentado para que sea la Audiencia Provincial quien se pronuncie sobre el carácter delictivo del cartel, el Ministerio Público defiende que en «las imágenes, símbolos y elementos comparativos que aparecen en el cartel subyace la idea de generar rechazo y de dar una respuesta social ‘negativa’ hacia el colectivo doblemente vulnerable como es el de los menores extranjeros no acompañados».
El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid archivó la causa por un delito de odio en relación al cartel electoral en el que compara la pensión de jubilación que recibe un mayor con el gasto mensual dedicado a un menor extranjero no acompañado al encuadrar el mismo dentro del «pluralismo político».
En cambio, la Fiscalía defiende en su recurso que una cosa es la «amplia» libertad de expresión permitida en el marco del discurso político «y otra muy distinta la realización de actos no puntuales que provoquen una reacción negativa, injusta por discriminatoria y provocadora de del rechazo a un colectivo concreto«, circunstancias que aprecia que se dan en este caso.
En esta línea, en el recurso de apelación subraya que el uso «irresponsable» de imágenes, símbolos y elementos comparativos que se transmiten en el cartel tienen como finalidad «el generar el rechazo y por tanto la exclusión social de todo un grupo» al «ahondar en la idea del coste que para la sociedad supone mantener a un mena» confrontándolo con la imagen de una pensionista y «cuestionando así su carácter ético y legal».
Además, recalca que se traslada una imagen «totalmente prejuiciosa» de un menor extranjero no acompañado como delincuente, «dado que la imagen de una persona joven de piel oscura, embozado y encapuchado, es la imagen de delincuente que socialmente se tiene incorporada».
En esta misma línea, también descarta el hecho de que esta imagen entre desiguales responda al azar o a la mera casualidad ya que, en su opinión, evidencia «la búsqueda de la respuesta social negativa hacia este colectivo cuyos Centros se pretenden cerrar, so pretexto del carácter delincuencial generalizado de estos menores, que afirman imposibilitar la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, lográndose así su deshumanización individual y colectiva».
ESTIGMATIZACIÓN NEGATIVA E INTOLERABLE
Por todo ello, la Fiscalía insiste en que la caracterización de un menor no nacional tal y como se visualiza en el cartel publicitario, «generalizando el carácter delincuencial de los Mena», constituye una estigmatización «negativa, intolerante y prejuiciosa» hacia todo el grupo que genera hostilidad y rechazo social hacia estos menores. Y añade incluso que constituye un ataque a la dignidad de todo el colectivo y de ahí que ponga de manifiesto que se ha traspasado el límite de la libertad de expresión del anunciante.
Por otra parte, el recurso alude a que la denuncia interpuesta se limitaba al mensaje del cartel publicitario de Vox en el intercambiador del Metro de la estación Sol y matiza que «no hay la más mínima mención» en la denuncia «al lema o programa electoral sobre la política migratoria de un partido que concurre legítimamente a unas elecciones».
Al margen de solicitar la estimación del recurso de apelación para que el auto quede revocado, la Fiscalía también reclama a la juez la práctica de concretas diligencias de investigación de los hechos denunciados.
