El juicio por el presunto uso que se le dio a la caja ‘b’ del PP ha quedado este miércoles visto para sentencia tras tres meses de sesiones en las que el tribunal de la Audiencia Nacional ha escuchado versiones contradictorias sobre la existencia de una contabilidad paralela en la formación política y en la que se ha analizado si los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ son veraces o no.
Por un lado, el extesorero del PP Luis Bárcenas ha confesado cómo funcionaba lo que en su día denominó «contabilidad extracontable». Y por otro, han comparecido testigos que admitieron haber recibido dinero del partido pero con matices, supuestos donantes que negaron entregas, o ex altos cargos ‘populares’ que negaron tener conocimiento de esa contabilidad opaca.
Tras 27 sesiones, el presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, José Antonio Mora Alarcón, ha expresado el habitual «visto para sentencia» una vez que Bárcenas, Páez y el resto de acusados han renunciado a hacer uso de su derecho a la última palabra.
El magistrado ha querido terminar el juicio con unas palabras de agradecimiento a las acusaciones y abogados defensores por el «respeto» con el que ha transcurrido el juicio, así como a los funcionarios policiales en los traslados del extesorero del PP desde prisión cuando ha sido necesario, y a las funcionarias de la Audiencia Nacional por su labor para que las sesiones pudieran desarrollarse bajo lo previsto.
LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’, LA CLAVE DEL JUICIO
El juicio comenzó el pasado 8 de febrero –casi seis años después de que se acordara la apertura de juicio oral– y su calendario se vio alterado al principio tras el positivo en covid-19 de uno de los acusados, el exgerente del PP Cristóbal Páez. La clave principal de la vista oral han sido los ‘papeles de Bárcenas’, donde el extesorero ‘popular’ apuntó durante casi 20 años los movimientos de la supuesta caja ‘b’.
Justo antes del inicio del juicio, Bárcenas, que se vio forzado a buscar un nuevo abogado, cambió su estrategia de defensa y decidió colaborar con la Justicia en ésta y en todas las causas que tengan que ver con la presunta financiación irregular del PP.
Por ello, decidió mandar un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para ‘confesar’ que la formación política tenía una contabilidad paralela que se nutría de donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones pública –algo que en el juicio por la primera época de la trama Gürtel negó y que se sigue investigando en la Audiencia Nacional–.
Asimismo, señaló que de esa caja ‘b’ salió parte del dinero con el que se pagó la reforma de la sede nacional de los ‘populares’, así como complementos salariales a dirigentes del partido. Y a ello añadió que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tenía conocimiento de ello y que éste destruyó una copia de apuntes sobre dicha contabilidad.
Todo ello fue reiterado ante el tribunal durante su declaración como acusado, si bien la Fiscalía Anticorrupción no acaba de creer del todo a Bárcenas, por lo que mantiene su petición de pena de cinco años de prisión.
Según afirmó el fiscal Antonio Romeral, aunque sí considera que los ‘papeles de Bárcenas’, que recoge apuntes entre 1990 y 2008, son «reales» porque parte de ellos contiene información «veraz», las distintas versiones ofrecidas por el extesorero a lo largo del procedimiento le generan dudas, por lo que no considera oportuno que se le aplique ninguna atenuante de la pena.
DISTINTAS CONCLUSIONES SOBRE LOS APUNTES DE BÁRCENAS
A ello se suman distintas periciales que alcanzan distintas conclusiones sobre los documentos en cuestión. Mientras que peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) creen que se trata de una contabilidad «chapucera, que está llena de errores», los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) consideran que eran creíbles y que las inexactitudes se debían a que era una contabilidad «rudimentaria», pero que al final siempre coincidía.
Por otro lado, los peritos de la Policía Científica afirmaron ante el tribunal que, tras examinar los ‘papeles de Bárcenas’, podían entender que los apuntes tuvieron una «evolución» que hacían entender que no se hicieron en único acto pero que «técnicamente» no pudieron concretar si se elaboraron «en un momento o en un periodo largo».
Por último, dos peritos informáticos de la Unidad Central de Criminalística de la Policía Nacional afirmaron que los archivos en ‘pendrive’ con la contabilidad ‘b’ del PP que entregó Bárcenas al entonces juez instructor Pablo Ruz no estaban alterados.
Las últimas explicaciones de Bárcenas han sido en parte corroboradas por testigos, como por ejemplo el exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo que reconoció la entrega de varias cantidades en metálico como ayuda a concejal de UPN, cuya vivienda había quedado destruida por un atentado de ETA, o una compensación al exsecretario general del PP navarro Calixto Ayesa por un crédito que pidió para la campaña de UDC en 1982. No obstante matizó que esa entrega era «legal» y que «no implica la existencia de la caja ‘b'».
También testificaron empresarios que según Bárcenas donaron cantidades al partido, quienes negaron ante el tribunal haber hecho estas aportaciones. El empresario Santiago Lago Bornstein sí reconoció el apunte en los papeles del extesorero del PP a su nombre, si bien precisó que él intermedió en nombre de una empresa que quería hacer una donación al partido y que fue el fallecido Álvaro Lapuerta (también extesorero) quien insistió en que ésta no tendría carácter finalista.
Pero los testigos más relevantes han sido la de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, ex secretarios generales de la formación política y exministros –la mayoría de ellos comparecieron por videoconferencia–, que han negado todas las afirmaciones de Bárcenas sobre que conocían la existencia de una contabilidad extraoficial en el partido o que cobraron ‘sobresueldos’ procedentes de ella.
LA REFORMA DE LA SEDE DEL PP
Entre los apuntes de Bárcenas se encontraban las entregas al arquitecto Gonzalo Urquijo como forma de pago de parte de la reforma de la sede nacional del PP que se llevaron a cabo entre 2005 y 2010. Por ello, tanto Urquijo como su socia en la empresa Unifica, Belén García se han sentado en el banquillo de los acusados junto al exgerente ‘popular’ Cristóbal Páez, quien controló el día a día de las obras.
También ha sido juzgada la arquitecta Laura Montero, quien estuvo a pie de obra, contra quien solo ejercieron acusación las acusaciones populares, que finalmente la han retirado; y el PP como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que el resto de acusado habrían cometido.
Urquijo y García, y su empresa Unifica, han sido acusados por la comisión de delitos fiscales por no declarar a Hacienda los ingresos que percibieron en b del PP. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, apoyándose en las conclusiones de la UDEF y de los peritos de Hacienda que prestaron servicios como auxilio judicial, aseguran que tanto los responsables del área económica del PP como los dueños del despacho de arquitectos se pusieron de acuerdo para crear un doble «sistema de facturación y pago» para ocultar ingresos a la Hacienda Pública.
Así, según explicaron los expertos, Unifica emitió por los servicios realizados en cada planta de la sede dos certificaciones finales de obra –documento que sirve de base para elaborar facturas– y que, mientras oficialmente, quedaba registrado el pago de uno de los importes, después se comprobó que el PP abonó en negro la diferencia resultante entre ambos documentos. Unas cantidades que tampoco fueron declaradas a la Hacienda Pública, señaló la Abogacía del Estado.
