La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta ha generado mucho coste. Los recursos empleados en controlar el flujo migratorio son solo la punta del iceberg. La ciudad autónoma empieza ahora a desembolsar millones de euros para conseguir que todo vuelva a la normalidad, pero claro, se trata de un gasto tan excesivo como extraordinario que contribuye a vaciar la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo. Concretamente, la ciudad autónoma de Ceuta se ha gastado 5.688.807,60 euros en un «servicio de vigilancia y seguridad en el centro de realojo temporal para colectivos vulnerables destinado al acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados (MENAS). La oferta acaba en junio, pues aún este contrato está en proceso de licitación abierta.
El gasto es solo la punta del iceberg. La ciudad autónoma ha vivido una llegada masiva de inmigrantes tras la irrupción en las costas de más de 7.000 africanos que querían buscar una vida mejor engañados por el gobierno marroquí. Se vio a las fuerzas de seguridad de Marruecos abrir las verjas en varios vídeos y los medios han destapado que muchos de los menores salieron de su periodo lectivo con falsas promesas para contribuir a ese golpe de presión migratoria que quería dar el país africano para presionar a España por acoger al dirigente militar del Frente Polisario Brahim Ghali. Y las consecuencias de todo esto, pese a que Marruecos ha vuelto a controlar sus fronteras con España, es que de momento una ciudad de poco menos de 85.000 habitantes ha tenido que gastarse casi seis millones de euros en realojar y vigilar a todos los menores no acompañados que bordearon el espigón para pisar suelo ceutí.
El contrato se divide en diferentes lotes y todos se contemplan a dos años vista. Solo son valores estimados dentro del presupuesto total de 5,6 millones de euros. El primer lote (que es para pagar a cuatro vigilantes las 24 horas del día de lunes a domingo) tiene un gasto total en las prescripciones técnicas de 1.082.129,72 euros, el segundo (otro vigilante de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas, excepto los meses de junio, julio, agosto y septiembre cuyo horario será de 8 a 14 horas) de 83.754,72 euros y el tercero (otros tres vigilantes durante 14 horas diarias, laborables y festivos, en horario de 8,00 a 22,00 y dos vigilantes durante 24 horas laborables y festivos) de 1.109.638,60 euros. La idea de la ciudad autónoma es que de los 5,6 millones de euros que han destinado a vigilar y realojar menores extranjeros se gasten algo menos de tres millones, pero la cifra total está dada y aprobada para un contrato que se formalizará en cuestión de un par de semanas casi con toda seguridad. El
Con todo esto, la idea del gobierno de la ciudad es tener controlados a los menas que ya han conseguido llegar e instalarse en la ciudad. Europa no contempla la posibilidad de abandonar a su suerte a un menor de edad y esto es algo que ha generado un agujero social y económico que desde la administración no saben muy bien cómo controlar. En este caso, es una cuestión de seguridad, pero el gasto en reinserción laboral, comida, alojamiento y todo lo demás también se dispara dado el número de inmigrantes menores que han llegado a las costas españoles. En Ceuta no se sabe el número específico, pero no hay que olvidar que a día de hoy siguen llegando barcos desde las islas canarias con más inmigrantes dirección a la península con lo que no saben qué hacer.
No se trata de someter, sino de controlar. Desde la ciudad de Ceuta piden que las características de estos vigilantes de seguridad sean muy específicas. «El personal contratado deberá tener acreditada su formación, así como aptitudes relacionales y habilidades de comunicación. Los vigilantes deberán ser expertos en el manejo de situaciones de conflicto: estrategias verbales y conocimiento de técnicas de reducción no agresivas», detallan.
la policía busca a más de 1.000 menas que siguen perdidos
Aún el Ministerio del Interior ha reconocido que sigue buscando a muchos de los inmigrantes menores que llegaron a la costa ceutí. Concretamente, desde la institución pública se detalla que la policía busca en colaboración con las autoridades del país vecino a más de 1.000 menas que siguen perdidos por alguna parte. Puede que se hayan camuflado entre los 84.000 habitantes de la ciudad autónoma de Ceuta, pero lo cierto es que estos centros sonde se realojan a los menores extranjeros no acompañados tendrán que destinar mucho más dinero en el momento en el que se encuentre aunque sea a la mitad de los menas perdidos por Ceuta. Todo un drama que tiene una difícil solución.
LAYA, LA CULPABLE
Hay una culpable de que Ceuta se encuentre en una situación poco sostenible. Hablar varios idiomas no parece ser suficiente para gestionar el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Si alguien busca una definición de la ministra Arancha González Laya la palabra que más se repite es “activista”. El malestar en el PSOE por la gestión de Laya del conflicto diplomático con Marruecos por haber acogido en un hospital español al líder militar del Frente Polisario, Brahim Ghali, se está enquistando y no hay manera de solucionarlo. Apuntaba maneras, pero entre el dinero público que se ha dejado Laya en promover causas como defender los derechos de los afroamericanos en Perú o al colectivo LGTBI en Haití y el empeñarse en aceptar a Ghali en España a pesar de las advertencias del propio Gobierno, su posición ha quedado muy debilitada.
Cuando entró la ministra, todos pensaban que su preparación y su estancia en organizaciones como la ONU (como directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional) la convertirían en una buena gestora, pero nada más lejos de la realidad, Laya se ha convertido en el patito feo del Gobierno. La crisis con Marruecos solo tiene un nombre, según deslizan fuentes socialistas, y ese es el de la ministra de Exteriores. Nadie entiende por qué Laya se empeñó en acoger a Brahim Ghali en un hospital español a pesar de que el ministro del Interior le advirtió de que hacerlo traería una crisis diplomática con pocos precedentes. El problema es que Laya es una activista y quería que quien lucha por la independencia del Sáhara Occidental tuviera una buena acogida bajo su Gobierno. El resultado lo conocemos.
