UGT denuncia las «condiciones indignas» a las que se ven sometidos los trabajadores del Centro de Control COMETA, que desarrolla las tareas relacionadas con la monitorización, operación e instalación de los dispositivos del Sistema de Seguimiento y control de las alarmas a víctimas de violencia de género y sus agresores, centro que está operativo las 24 horas del día los 365 días del año.
Según el sindicato, este servicio ya venía marcado por las «políticas de austeridad y recorte» y el «triunfo de los postulados de la nueva gestión pública (impulsando la privatización y la subcontratación)», lo que ha supuesto, según expone, «empleos precarios, externalización de servicios, condiciones de trabajo indignas y un empeoramiento de la salud laboral de las trabajadoras».
El sindicato señala que los trabajadores del Centro COMETA son personal cualificado, especializado en el ámbito de la violencia machista, formados y preparados en la materia.
Entre las labores que realizan, se encuentran la coordinación en su día a día con los Juzgados, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los Centros Penitenciarios; la atención y acompañamiento a las víctimas que portan un dispositivo de seguridad para garantizarlas su seguridad y confianza; y el control a los investigados para que den cumplimiento a las órdenes de alejamiento que dispone el Juzgado.
Además, elaboran escritos e informes, documentan las intervenciones, aplican protocolos específicos de control y seguimiento, resuelven incidencias técnicas e incluso dan soporte informático.
Sin embargo, UGT advierte de que para el Ministerio de Igualdad, este trabajo no es cualificado, tal y como se desprende de los pliegos del servicio de contratación del Centro COMETA, en su apartado ‘3.3.3. Medios humanos del servicio de operación’. Según el sindicato, en estos documentos, el Ministerio perpetúa «sueldos miserables, sujetos a variables cuantitativas y cumplimiento de objetivos abusivos sometidos a percibir o no parte del salario, si logran o no cumplir estos objetivos».
«Ya lo llevamos advirtiendo desde noviembre de 2018, en coordinación con la Sección Sindical de UGT en la Empresa usuaria, exigiendo que las plantillas dejen de ser consideradas como operadoras telefónicas u operadoras de alarmas y que su trabajo ya no quede bajo un modelo organizativo ‘típico de los call center’ con mediciones de los tiempos de actuación», alerta UGT.
El sindicato no está dispuesto a aceptar «dobles moralinas» por parte del Gobierno, que por un lado condena la violencia machista pero, por otro, «perpetúa a la precariedad a las personas trabajadoras que luchan porque los asesinatos cesen», por lo que exige «cambiar el paradigma en la protección social de las mujeres víctimas de violencia de género».
El sindicato asegura que ya ha puesto en conocimiento esta situación a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, exponiendo que los centros que atienden de primera mano a las víctimas de violencia machista deben ser reconocidos como trabajo cualificado, «con contratos estables, sueldos dignos, gestionados por empresas comprometidas y alineadas con las políticas de igualdad, bien conocedoras de saber gestionar proyectos de esta envergadura social».
