España cierra la legislatura como el país de la UE con más directivas sin trasponer. El déficit de trasposición alcanza el 5,5%, más del doble de la media comunitaria y muy por encima del siguiente Estado incumplidor de la tabla.
Es la cifra que maneja la Comisión Europea en su marcador periódico, el termómetro con el que Bruselas mide la fiabilidad normativa de cada socio. No es un registro menor de despacho: cada directiva vencida es un expediente en potencia y, cuando se acumulan, se convierten en munición de negociación.
El contraste con el resto de socios es llamativo. Italia, con una inestabilidad de Gobierno casi estructural, es hoy el Estado que menos se retrasa en incorporar las directivas europeas. España, en cambio, ha convertido el cuello de botella del Congreso en un problema de Estado que sobrevive a los cambios de Ejecutivo y a los relevos ministeriales.
Qué mide el 5,5% y por qué Bruselas lo lee como una señal política
El porcentaje no se calcula sobre el total de normas aprobadas en la UE, sino sobre aquellas que en algún momento superaron el filtro parlamentario y luego se quedaron atascadas. De ahí que resulte tan incómodo: no mide ignorancia técnica, mide parálisis legislativa. El adelanto electoral se llevó por delante el calendario de varias leyes que ya iban fuera de plazo y el cierre de la legislatura dejó textos sin tramitar en comisión.
La Comisión remitió al Tribunal de Justicia de la UE varios expedientes contra España en marzo y en julio, según la información publicada por La Vanguardia. La vía judicial es el último escalón del procedimiento de infracción: primero llega la carta de emplazamiento, después el dictamen motivado y, por último, el recurso ante Luxemburgo. El problema es disuasorio. Las sentencias acumuladas contra España apenas superan los 15 millones de euros, una cifra que no mueve a ningún Ejecutivo a romper su agenda parlamentaria.
Un déficit de trasposición no se mide en papel acumulado, sino en la credibilidad que pierde un Gobierno cuando reclama margen en Bruselas.
Las leyes que se quedaron en el cajón: del DSA al crédito al consumo
El caso más sensible es el de la ley de Servicios Digitales. El DSA —Reglamento de Servicios Digitales— no exige trasposición, pero obliga a cada país a designar una autoridad nacional con competencias y presupuesto. España eligió a la CNMC y metió esa designación en una ley que encalló con el adelanto electoral. Bruselas ya había denunciado estos retrasos ante la Justicia europea.
El crédito al consumo dibuja una anomalía española que viene de lejos. Mientras el resto de socios fija por ley límites a la usura, aquí el Congreso seguía pendiente de hacerlo, de modo que los criterios para determinar si ha habido abuso quedan en en manos de los tribunales. A eso se suma un rasgo casi único en la UE: cualquier entidad puede ofrecer préstamos sin necesidad de ficha bancaria.
El Ministerio de Economía tenía en el Congreso la directiva de información corporativa sobre sostenibilidad y la de resiliencia de entidades críticas. Transición Ecológica acumulaba retrasos en el comercio de derechos de emisión; Hacienda, en la norma que fija los tipos de IVA para las pymes y que debía facilitarles la tramitación del impuesto.
El expediente de ciberseguridad es el más ilustrativo del patrón. La directiva NIS2 reforzaba los controles sobre casi una veintena de sectores críticos —salud, energía, transporte— y su plazo de trasposición venció en octubre de 2024. España volvió a incumplir. Bruselas reclama también multas diarias a Francia, Irlanda y Países Bajos por el mismo motivo: no estamos ante una excepción española, pero sí ante su versión más aguda.
A esto se añade un frente abierto en el sector financiero. La Comisión mantiene un procedimiento de infracción contra España por las normas que condicionan las operaciones de concentración bancaria, abierto a propósito de las condiciones impuestas a BBVA para comprar el Sabadell. En paralelo, el tropiezo más reciente en el capítulo de fondos europeos fue el fracaso de la ley de lobbies en el Congreso a mediados de septiembre: el Gobierno ha renegociado con Bruselas para que los fondos que deje de recibir sean solo 260 millones, varias veces menos que lo inicialmente comprometido.
El Eje del Poder Europeo
Lo que observamos en Bruselas es un cambio de jerarquía. Durante años, los países frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia— usaron el argumento del cumplimiento normativo para exigir condicionalidad a los del sur. Ese relato se ha resquebrajado: Francia aparece junto a Irlanda y Países Bajos en la lista de requerimientos de multas coercitivas por la directiva de ciberseguridad, y Berlín libra sus propios pulsos por la aplicación del Pacto Verde. El eje franco-alemán ya no puede dar lecciones sin mirarse al espejo. Visegrado, por su parte, tiene abiertos sus propios contenciosos por el Estado de Derecho, de modo que tampoco ejerce de guardián. Y el sur ha encontrado un alumno inesperado: Italia, que hoy presume de agilidad normativa mientras España se queda atrás.
Para España, el coste es doble. En lo económico, las normas atascadas no son abstracciones: la designación del DSA condiciona la supervisión de las plataformas digitales y el margen de las empresas españolas que operan en el mercado único; la directiva de crédito al consumo afecta a la protección de los hogares frente a la usura; la de información corporativa sobre sostenibilidad la necesitan las cotizadas para no quedar descolgadas en la taxonomía verde; la de derechos de emisión marca el coste energético de la industria. En lo político, cada incumplimiento debilita la posición negociadora de La Moncloa cuando discute con la Comisión la senda fiscal, la condicionalidad del MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) o los criterios de reparto de los fondos que aún quedan por desembolsar.
La lectura a cinco años es la de una convergencia en negativo. En la crisis del euro de 2010-2012, el procedimiento de déficit excesivo fue el instrumento con el que Bruselas tasó las cuentas españolas, y bastó para disciplinar la política presupuestaria sin necesidad de sanciones efectivas. Con la trasposición ocurre lo mismo: lo que ordena no es la multa, es la reputación. Las directivas que han marcado los estándares de sanción a España —protección de datos y conciliación laboral— demuestran que Bruselas actúa cuando el incumplimiento afecta a derechos, no solo a trámites. Si el nuevo Parlamento no resuelve el atasco en sus primeros meses, la próxima generación de reglamentos digitales y verdes se aplicará en España con retraso, con transposición de urgencia y con las empresas adaptándose dos veces.
La contradicción de fondo es de incentivos. El Ejecutivo comunitario prefiere negociar a sancionar, porque la sanción llega tarde, es pequeña y desgasta la relación con un socio que vota en el Consejo. Eso deja el problema en manos del calendario nacional. La próxima actualización del marcador de transposición de la Comisión y la constitución del nuevo Congreso son las dos ventanas críticas: en ellas se sabrá si España corrige el rumbo o si cierra otra legislatura liderando la misma estadística.
