La huelga educativa en Cataluña regresa en noviembre con dos fechas marcadas en rojo: manifestación el sábado 21 y paros desde el jueves 26. Lo ha decidido la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) en el encuentro que ha reunido este sábado en Lleida a representantes de la comunidad educativa llegados de todo el territorio.
El calendario no nace con vocación de anécdota. La asamblea prevé que los paros se alarguen hasta el arranque del segundo trimestre, de modo que la protesta cruzaría las vacaciones de Navidad y volvería a las aulas en enero si la conselleria no mueve ficha antes.
Las reivindicaciones son cuatro: ampliación de las plantillas de profesorado, más recursos para la educación inclusiva, reducción de las ratios por aula, y una mejora de las condiciones salariales de los docentes. La AEC las sitúa como condiciones imprescindibles para desconvocar.
El dato que más incomoda es otro. La consulta que la entidad trasladó esta semana a cerca de 33.000 profesionales del sector arrojó un 50,2% de ‘no’ a las jornadas de paro, frente a un 49,8% de ‘sí’. Un empate técnico que la dirección de la asamblea optó por no leer como freno.
‘La consulta no llegó a muchos trabajadores y trabajadoras’, ha argumentado la representante de la AEC Elisabet Serra, que ha reivindicado la amplitud territorial y sectorial de las asambleas celebradas hasta la fecha.
El 49,8% de apoyo basta para convocar una huelga, pero también advierte de que la otra mitad del profesorado no ha dicho que sí.
La asamblea ha ratificado además la medida de presión que más notan las familias fuera del horario lectivo: no habrá salidas, excursiones ni colonias en todo el curso. La suspensión no se limita a las semanas de huelga.
Un calendario que arranca el 26N y no tiene fecha de cierre
El primer paro será el jueves 26 de noviembre. Antes, el sábado 21, la AEC quiere sacar la protesta a la calle con una manifestación abierta a docentes, familias y entidades. El orden no es casual: primero el desgaste en la calle, después el cierre de centros.
Según el relato de la propia asamblea, no hay margen para desconvocar a corto plazo porque no hay avances. ‘Seguimos trabajando de manera asamblearia y desde las bases para ver qué es lo que quiere el colectivo, tal como estamos haciendo desde los inicios de la revolución educativa. Todos tenemos voz’, ha añadido Serra.
Las cuatro exigencias que el Departament no ha movido
Ampliar plantillas y reducir ratios tiene un coste estructural que no se cubre con una partida puntual. Ahí está el nudo con el Departament d’Educació i Formació Professional, que de momento no ha trasladado avances que la asamblea considere suficientes.
La educación inclusiva es el segundo frente. Los refuerzos —personal de apoyo, aulas específicas, ratios más bajas— dependen de la plantilla, así que las cuatro demandas funcionan como un mismo paquete y no como una lista de agravios suelta.
El pulso no es nuevo en la forma, pero sí en el tono. La AEC funciona como paraguas de colectivos y claustros que no siempre coinciden con la estrategia de los sindicatos mayoritarios, y esa convivencia —útil para sumar— complica cualquier desconvocatoria ordenada cuando llega el momento de firmar.
El 50,2% que dijo ‘no’: la grieta que el Govern mirará con lupa
Aquí está la lectura política que importa. La AEC no es un sindicato clásico: es una estructura asamblearia que en esta convocatoria ha sentado en la misma mesa a USTEC, CGT, la Intersindical, COS y CNT. Esa fórmula da músculo en la calle y abre flancos, y el primero es la participación.
Un 50,2% frente a un 49,8% en una consulta a la que, según la propia entidad, no llegó todo el mundo es justo el dato que una conselleria utiliza para relativizar la representatividad de una convocatoria. El Departament no necesita ganar la batalla de la opinión pública: le basta con instalar la duda sobre cuántos docentes secundan realmente los paros.
Para el Govern, el coste tampoco es solo educativo. Es de relato. Un Ejecutivo que presume de gestión en los servicios públicos afronta un noviembre con centros cerrados, familias sin colonias y una manifestación en la calle que puede convertirse en termómetro de otras negociaciones.
El precedente inmediato no invita al optimismo. Los últimos cursos han dejado un patrón reconocible en el sistema educativo catalán: asambleas multitudinarias, calendarios ambiciosos, desgaste lento y negociaciones que se cierran con medidas parciales anunciadas a mitad de trimestre. En cada ciclo, la sensación de que ratios y plantillas siguen donde estaban.
A eso se suma el calendario demográfico. El desplome de la natalidad de la última década vacía aulas en varias comarcas, lo que en teoría abarata la reducción de ratios en infantil y primaria; en secundaria, donde el volumen de alumnado aguanta, el margen es mucho menor. Cualquier acuerdo tendrá que distinguir por etapa y ninguna de las partes parece dispuesta a hacerlo antes del 26.
Mientras tanto, las familias conviven con dos incertidumbres a la vez: un curso sin salidas ni colonias y un calendario de paros que puede reabrirse en enero. El sector del lleure —monitores, empresas de actividades, casas de colonias— vuelve a pagar la factura de una protesta que no es la suya. El curso sigue.
La próxima cita es el 21N. El primer paro, el 26. Y nadie, de momento, ha firmado la paz.
