Las sanciones al diésel ruso tienen los meses contados. Una coalición bipartidista del Congreso de Estados Unidos maniobra para tumbar la exención que la Administración Trump firmó este mes y que decae en abril, a tres semanas de las elecciones de mitad de mandato y con el gasóleo en máximos históricos.
El movimiento se libra en dos frentes simultáneos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado ha requerido a las empresas implicadas que preserven documentación ante una investigación que se da por hecha, según publicó The Washington Post citando a un asesor demócrata. En la Cámara de Representantes, el republicano Brian Fitzpatrick ha registrado un proyecto de ley que anularía la exención y cerraría la puerta a cualquier permiso futuro. Dos frentes, un mismo cálculo.
Qué hay realmente detrás de la exención al diésel ruso
El acuerdo que Trump anunció a comienzos de octubre compromete a Moscú a inyectar 300.000 toneladas de diésel en el mercado estadounidense de forma inmediata, con entregas adicionales en cartera. El contexto explica la prisa presidencial: el galón de diésel superó los 6,50 dólares en septiembre, un récord absoluto, y en algunas zonas de California rebasó los ocho. El gasóleo mueve el transporte de mercancías y la maquinaria agrícola; cuando sube, se encarece prácticamente todo lo que se compra y se vende.
La maniobra de Fitzpatrick y el regreso del manual Reagan
El texto, ya registrado en el sistema legislativo del Congreso, se titula oficialmente Ronald Reagan Peace Through Strength Act of 2026 y hace tres cosas a la vez. Anula el permiso en vigor, prohíbe que el Tesoro emita otros en el futuro y veta que la agencia destine fondos a acuerdos que contravengan la Ending Importation of Russian Oil Act de 2022, la norma que sancionó el crudo y los refinados rusos. Incluye además un anexo de inteligencia: obliga a las agencias estadounidenses a cooperar con Kiev y a notificar al Congreso en un plazo de 24 horas cualquier interrupción de ese apoyo.
Al otro lado del Capitolio, el comité senatorial ha remitido requerimientos de conservación documental a las compañías que participan en la operación, un paso previo habitual antes de abrir una investigación formal. El mensaje del asesor demócrata al Post es una advertencia poco velada al sector: ‘Deberían tener preocupaciones de responsabilidad, además de preocupaciones sobre la investigación’.
La exención del diésel no es una medida energética: es un instrumento electoral con fecha de caducidad y un Congreso dispuesto a cobrarse la factura.
El permiso en cuestión es una licencia general —la General License 135— emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. Su naturaleza es frágil por diseño: no necesita una ley para existir ni para desaparecer. Por eso el Congreso persigue algo más duradero que una exención administrativa. Lo que se dirime en Washington no es el precio del gasóleo de la próxima semana, sino quién tiene la última palabra sobre el régimen de sanciones.
El calendario manda. Los estadounidenses votan el 3 de noviembre y el combustible es el indicador que más pesa en el bolsillo del votante rural. Nadie regala nada en año electoral.
Equilibrio de Poder
Lo que observamos es un movimiento de tres tableros. Washington juega a corto: bajar el precio del gasóleo antes del 3 de noviembre cueste lo que cueste, y corregir después con una ley de nombre reaganiano que contenta a la vez al votante de base y al donante de defensa. Moscú juega a medio plazo: colocar 300.000 toneladas en el mercado estadounidense es menos un negocio que una cuña, porque rompe la ficción de un frente occidental unido en materia energética. Bruselas juega a la defensiva, consciente de que su régimen de sanciones pierde sentido si el socio principal lo desmonta por ley.
El coste para España: gasóleo, fletes y cesta de la compra
En España la noticia no es abstracta. El gasóleo A es el combustible del transporte de mercancías, de la maquinaria agrícola y de buena parte de la flota pesquera, y su cotización se fija en los mercados internacionales con independencia de lo que decida Bruselas. España no compra diésel ruso de forma directa desde 2022, pero sí adquiere refinados a países que procesan crudo ruso, principalmente India y Turquía. Ese es el agujero por el que la molécula rusa sigue entrando en Europa transformada.
Si Washington abre el grifo y luego lo cierra por ley, el mercado recibe una señal contradictoria en un producto con muy poca elasticidad. La consecuencia previsible es una prima de riesgo de suministro que se paga en euros por litro en las estaciones de servicio españolas y que castiga sobre todo al autónomo con camión y al agricultor que llena el depósito del tractor una vez por semana.
Hay un segundo efecto, este menos visible. Las refinerías europeas —Repsol, Moeve, y el resto del sector— compiten con un producto estadounidense que, con licencia, habría entrado a precio de descuento. Cuando la exención se aplica, el margen del refinador español se estrecha; cuando se retira, el precio sube. En ambos escenarios el consumidor queda expuesto a una decisión que se toma a 6.000 kilómetros de distancia.
El precedente ilustra bien el problema. En 1982, Ronald Reagan intentó bloquear con sanciones extraterritoriales el gasoducto siberiano que abastecía a Europa y sus aliados se negaron a acatar, incluida la España que acababa de entrar en la OTAN. Cuatro décadas después, el Congreso invoca el nombre de Reagan para blindar su propio mercado energético mientras pide a Europa que no parpadee.
La contradicción tiene un nombre técnico: credibilidad del régimen de sanciones. Un sistema que se activa y se desactiva según el calendario electoral de uno de sus miembros pierde eficacia disuasoria a medio plazo, y eso beneficia a Moscú en todos los escenarios. Queda una pregunta incómoda para la Casa Blanca: si el diésel ruso es aceptable en octubre para contener la inflación, ¿por qué no lo será en mayo?
El calendario que viene es apretado. Las elecciones del 3 de noviembre definirán la correlación en el Congreso, y el proyecto de Fitzpatrick necesita mayorías que hoy no están garantizadas. La exención decae en abril salvo prórroga, y entre medias la próxima revisión del régimen europeo de sanciones medirá hasta dónde está dispuesta a llegar la UE sin su socio atlántico. Seguimos de cerca la tramitación: cualquier movimiento en el Senado llegará antes de que el gasóleo baje.
