EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? España ha respaldado en el marco del Agrifish la propuesta de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo para que el arrastre mediterráneo alcance 180 días de faena anuales en 2027, frente al recorte vigente.
- ¿Quién está detrás? La comisión PECH de la Eurocámara, el comisario de Pesca Costas Kadis y las cinco comunidades autónomas mediterráneas, con la Generalitat Valenciana ejerciendo de punta de lanza.
- ¿Qué impacto tiene? De esa cifra depende la viabilidad de la flota de arrastre de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Baleares, y se mide el pulso entre el arco sur y la condicionalidad ambiental de Bruselas.
La pesca mediterránea de arrastre aspira a 180 días anuales en 2027 y España ya ha cerrado filas con esa cifra. El respaldo se ha articulado en el marco del Agrifish, el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE, donde la propuesta de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PECH) empieza a abrirse paso frente al recorte de días de faena hoy vigente.
Quien verbalizó la posición española fue la Generalitat Valenciana. Su director general de Pesca, Miguel Castell, defendió en València ‘adaptar la normativa europea a la realidad de la flota mediterránea’ y valoró el empuje parlamentario para que la flota ‘pueda alcanzar los 180 días de actividad el próximo año’. Lo hizo durante la IV Jornada de la Pesca Profesional, organizada con la Fundación Oceanogràfic, un foro que este año ha servido tanto para presentar resultados científicos sobre reservas marinas como para poner sobre la mesa la cuenta de resultados de las cofradías.
Qué se decide exactamente cuando se habla de 180 días
Conviene precisar el terreno, porque la cifra no es un capricho. El arrastre mediterráneo no se gestiona con cuotas de captura, sino con esfuerzo pesquero: el plan plurianual del Mediterráneo occidental, recogido en el Reglamento (UE) 2019/1022, sustituyó el reparto de toneladas por un tope de días de faena que la Comisión fija cada año mediante acto delegado. La base jurídica es el artículo 43.2 del TFUE, y tanto la Eurocámara como el Consejo conservan el derecho a revocar ese acto delegado en un plazo de dos meses.
De ahí que la discusión técnica sea en realidad una discusión política. Los días no se otorgan en bloque: se suman por medidas de mitigación, con mallas más selectivas, vedas espaciales o dispositivos que reducen la captura accidental. Cada día extra tiene precio administrativo. Y cada año, el sector vuelve a empezar la negociación desde cero.
A eso se suma el segundo frente, el que de verdad ahoga: la especie limitante. En el Mediterráneo occidental, la captura accidental de una sola población puede cerrar la marea de todo un buque, de modo que la propuesta busca que ese factor no condicione, en palabras de la Generalitat, ‘el conjunto de las capturas’. Traducido a la vida real de un patrón de Gandia o de Carboneras: si el stock que limita la actividad atraviesa un mal año, el barco se queda en puerto aunque le sobren días disponibles.
Castell añadió dos peticiones que llevan años en los cajones de Bruselas: simplificar los controles que recaen sobre la pesca artesanal y evaluar el impacto socioeconómico antes de aprobar nuevas restricciones. Parece obvio. No lo es. Buena parte de las medidas de conservación tramitadas en la última década llegaron sin ese estudio previo, y el sector lo ha convertido en su principal argumento jurídico ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Los días de faena se negocian en Bruselas, pero se pierden o se ganan en cada cofradía del Mediterráneo español: ahí no hay margen para un decimal.
De València a Bruselas: quién empuja la cifra y quién la recorta
El mapa de afectados es nítido. La flota de arrastre del Mediterráneo español se concentra en Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía y Baleares, las cinco autonomías que han coordinado posición en Bruselas. En el caso valenciano, la Conselleria ha elevado el presupuesto de pesca hasta 32,7 millones de euros, un 47% más que el ejercicio anterior, con partidas para cofradías, transformación y grupos de acción local. La mayoría de las cofradías valencianas sostiene que sin días no hay flota que mantener.
El freno no llega de los Estados del norte, que carecen de arrastre mediterráneo y votan con criterio ambientalista, sino de la lógica de condicionalidad que ha instalado la Comisión: cada día adicional se paga con selectividad, cierres espaciales o artes modificadas. El comisario Costas Kadis ha mostrado disposición —lo que explica el tono conciliador de la Generalitat—, pero los servicios técnicos exigen contrapartidas avaladas por el STECF, el comité científico que evalúa el estado de los stocks. Sin su visto bueno, la propuesta parlamentaria se queda en papel.
El calendario tampoco ayuda. El texto debe consolidarse antes de que el Ejecutivo comunitario adopte el acto delegado que fijará el esfuerzo de 2027, y cualquier mayoría en el hemiciclo de Estrasburgo puede revertirlo si los Verdes y parte de los socialistas consideran que se ha cedido demasiado. Ahí está el nudo.
El Eje del Poder Europeo
La geometría de esta votación es de arco sur contra el resto, con matices que importan. España, Italia, Grecia, Francia, Malta y Chipre comparten flota de arrastre y comparten queja; el eje franco-alemán no se juega nada aquí, y Berlín delega en su habitual criterio de disciplina ambiental y presupuestaria. Los frugales del norte, sin costas mediterráneas relevantes, no tienen incentivo electoral para ceder días. El resultado es una paradoja conocida: la política pesquera del Mare Nostrum se decide por mayorías cualificadas en las que pesan Estados que no faenan en él.
Para España el cálculo es doble. En lo económico, cada día de faena es gasóleo, salario y cotización; en lo político, Moncloa necesita exhibir en Bruselas un resultado tangible para un sector que lleva una década en alerta permanente. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convertido la flexibilización del Mediterráneo en una de sus banderas en el Consejo, y la Generalitat ha transformado la cita de València en escaparate de esa alianza con las otras cuatro autonomías. Las fuerzas de la oposición en los territorios implicados, mientras tanto, utilizan cualquier retraso como prueba de debilidad negociadora.
Hay precedente y conviene recordarlo. La obligación de desembarque, aplicada de forma escalonada desde 2015, golpeó al arrastre mediterráneo más que a ninguna otra flota europea, y el plan plurianual de 2019 remachó la lógica del esfuerzo en lugar de la cuota. Observamos un patrón: Bruselas concede días cuando puede presentarlos como contrapartida ambiental verificable, no cuando la petición llega sola y con urgencia. La próxima ventana crítica es el acto delegado de 2027; hasta entonces, los 180 días son una aspiración con respaldo político, no una cifra publicada en el Diario Oficial. Y en este negocio, la diferencia entre una aspiración y un reglamento se mide en mareas perdidas.
