El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Fernando García Manso, ha señalado que la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid «es un paso fundamental» para demostrar «la manipulación, las falsedades y los ataques» que está sufriendo la compañía.
Dicho juzgado ha acordado este lunes dejar sin efecto el auto de 21 de julio en el que suspendió el pago de 34 millones de euros que corresponden al segundo tramo del rescate a Plus Ultra. La medida ha sido adoptada por el juez Jaime Serret, quien ejerce estos días funciones de sustitución de la magistrada Esperanza Collazos por vacaciones.
«Estamos satisfechos con las decisiones tomadas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, por la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo. Las compartimos y creemos que la resolución que hoy hemos conocido es un paso fundamental en el camino que estamos siguiendo para demostrar toda la manipulación, las falsedades y los ataques que están sufriendo, no sólo la compañía, sino también nuestros empleados, socios y accionistas, a quienes queremos agradecer su enorme dedicación y compromiso en estos difíciles momentos», ha destacado el presidente de la empresa.
García Manso ha añadido que, hasta la irrupción de la pandemia, Plus Ultra era «la aerolínea de bandera española que más estaba creciendo en el mercado, con un 47% de incremento de la facturación» y la que «más cuota de mercado estaba ganando en las rutas a Latinoamérica».
El presidente de la aerolínea ha destacado en un comunicado que «ello demuestra el potencial y la calidad de servicio» y ha solicitado que se «deje de utilizar» a la compañía «en una batalla política con la que no tiene nada que ver, y que está generando daños muy graves e injustos para la reputación de la compañía, de sus empleados y de algunos de sus miembros y/o accionistas».
NO HAY EL MÁS MÍNIMO INDICIO DE DELITO.
La resolución de este lunes reconoce que «es cierto» que, por el momento, «no hay el más mínimo indicio» de los delitos que denuncian tanto el PP como Vox. Igualmente establece que Plus Ultra ha acreditado, tal y como el Juzgado solicitó, la necesidad de obtener este segundo tramo de la financiación.
El auto judicial dictado considera que se han comprobado por los asesores de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el cumplimiento de los requisitos para acceder a la financiación y finalmente reconoce la existencia de mecanismos de control suficiente para comprobar el correcto uso de los fondos públicos.
