Ainhoa García Flórez, portavoz nacional de Familia de Vox, ha reclamado este domingo en Salamanca una desregulación profunda contra el ‘Estado depredador’. La dirigente ha colocado la asfixia fiscal y administrativa de los autónomos en el centro de su intervención y ha pedido un cambio de rumbo en la relación entre la Administración y quien trabaja.
La propuesta de Vox: menos normas y menos ventanillas
La receta que defiende la formación es ‘un proceso de desregulación profundo’, en palabras de la propia portavoz, orientado a tumbar las trabas administrativas, la burocracia excesiva y la asfixia económica que el Estado impone a los españoles. No es un ajuste cosmético. El objetivo declarado es ‘acabar con todas las trabas burocráticas y administrativas y toda la normativa que no está sirviendo para nada’, ha subrayado en el acto celebrado en Salamanca.
El diagnóstico económico ocupa buena parte del argumentario. ‘En España tenemos a un Estado depredador empeñado en quedarse cada vez más con el esfuerzo de los españoles’, ha denunciado García Flórez. De ahí la enumeración de cargas que soporta un contribuyente medio: ‘Paga por comprarse una casa, por vender esa casa, por donar, por circular y hasta por morirse’. Un español honrado, ha añadido, cada vez paga más impuestos.
A esa presión se suman las horas perdidas en papeleo. Empresarios y autónomos no compiten solo contra las empresas de su sector: compiten también contra el Boletín Oficial del Estado, una maraña normativa que se ha convertido en un competidor más, según la portavoz. Trámites que consumen jornadas enteras sin producir nada.
La desregulación se integra en el paquete que Vox sitúa a partir del 29 de noviembre, junto a otros dos ejes: la prioridad nacional y la remigración. Tres patas que la formación presenta como un bloque indivisible y no como un menú a la carta.
El argumentario de Vox no pide menos Estado por principio, sino un Estado que deje de cobrar y de exigir papeles por cada paso que da un autónomo.
El hilo del discurso es la libertad económica entendida como libertad personal. García Flórez ha reivindicado la libertad de los españoles para trabajar, sacar adelante sus proyectos de vida y proteger a sus familias, y ha vinculado ese empeño a la labor que desempeña como portavoz nacional de Familia, el área desde la que Vox conecta política económica y protección del hogar.
El impacto: cuánto margen tiene la desregulación en el Congreso
Aquí empieza el terreno resbaladizo. Vox cuenta con 33 diputados en el Congreso de los Diputados, tercera fuerza de la Cámara, pero cualquier desregulación de calado exige mayoría parlamentaria y, sobre todo, la voluntad del PP de mover un marco normativo que contribuyó a levantar. El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) puede registrar proposiciones de ley y enmiendas; aprobarlas es otra cosa.
Del lado del Gobierno no hay señal alguna de que el diagnóstico vaya a traducirse en una agenda desreguladora, más bien lo contrario. Y en el Partido Popular la simplificación administrativa ha quedado en segundo plano dentro de su agenda parlamentaria reciente, según la lectura que hace la propia Vox, que le reprocha haber confundido la moderación con la inacción. La pregunta real no es si el discurso funciona en un acto de partido. Es cuántos votos puede sumar cuando llegue al Pleno.
La estrategia de Vox: la bandera económica de la nueva etapa
La desregulación no es un eje improvisado. A la agenda de derogación que la formación reivindica desde hace años se suma ahora un relato económico de puertas adentro: menos normas, menos ventanillas, menos costes. La novedad está en el destinatario. El mensaje ya no se dirige solo al votante de orden, sino al autónomo que pasa la mañana en una oficina pública peleando por un papel.
El calendario tampoco es neutral. Al fechar el arranque del paquete a partir del 29 de noviembre, la dirección que preside Santiago Abascal quiere fijar el marco del debate antes de que el PP termine de definir el suyo. Son tres palabras las que ordenan esa hoja de ruta: prioridad nacional, remigración y desregulación. Y una cuarta que sobrevuela todas: confrontación.
Para el Grupo Popular el riesgo es conocido. Cada vez que Vox pone sobre la mesa una propuesta concreta sobre impuestos o burocracia, el PP debe elegir entre apoyarla y asumir el marco ajeno, o votar en contra y explicarlo. Ha ocurrido con otras iniciativas, desde la fiscalidad hasta la seguridad. La desregulación funciona así como un test de coherencia barato para Vox y caro para su socio de referencia. La próxima cita es el 29 de noviembre. Ahí se verá si el discurso se convierte en articulado.
