El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la petición de nulidad formulada por el productor de televisión José Luis Moreno y otros imputados en el llamado caso ‘Titella’, que aducían que se siguió investigando después de que el primer plazo de instrucción caducara, si bien el magistrado cree que no es un motivo de peso para echar por tierra todo lo indagado hasta ahora sobre esta presunta macroestafa.
Según fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha contestado en un mismo auto dictado este lunes a Moreno y los demás investigados que habían solicitado anular la investigación judicial.
La otrora estrella televisiva defendía que debía anularse todo lo actuado desde el 23 de agosto de 2018, cuando expiró el plazo para que el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, el que empezó a indagar en ‘Titella’, pudiera seguir investigando.
Moreno sostenía que el juzgado madrileño no prorrogó la fase de instrucción cuando debía, sino casi un año después, hasta que finalmente se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad de la causa, de modo que habría caducado irremediablemente ese 23 de agosto.
Sin embargo, el magistrado responde en su auto que el hecho de que se rebasara el plazo inicial de instrucción no es motivo suficiente, explicando que solo procede declarar la nulidad de las actuaciones cuando se genera indefensión y no es el caso.
Fuentes jurídicas habían avanzado que la Fiscalía se opondría a la petición de nulidad al entender que ese defecto formal podía corregirse, dados los sólidos indicios encontrados contra Moreno y los otros imputados.
La Audiencia Nacional ha resuelto esta cuestión justo antes de que el miércoles arranque una nueva ronda de declaraciones que se prolongará hasta el viernes y en la que intervendrán doce investigados, aunque ninguno de los presuntos cabecillas.
EN LIBERTAD CONDICIONAL
Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario. La Policía Nacional sospecha que el ventrílocuo mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.
El productor, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez. Los peritos de la Audiencia Nacional están analizando dicho aval, el cual implica que debe respaldar mediante hipoteca el doble de la cantidad que se le había señalado inicialmente, de modo que en lugar de avalar 3 millones tienen que ser 6 millones.
UNA TRAMA, DOS ORGANIZACIONES
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
