El Tribunal Supremo ha cerrado la instrucción de la causa del ‘procés’ contra Marta Rovira y la envía a la Audiencia Provincial de Barcelona. Con este auto, la Sala de lo Penal, pone fin a la instrucción y reconoce la pérdida del aforamiento de la exsecretaria general de ERC, que dejó sin efecto la competencia del alto tribunal.
Rovira, que pasó seis años exiliada en Suiza, regresó a Cataluña en julio de 2024 tras la entrada en vigor de la ley de amnistía. Hasta entonces, pesaba sobre ella una orden de detención nacional dictada por el juez Pablo Llarena, que instruía la causa por desobediencia. La exdirigente republicana también fue investigada en la Audiencia Nacional por su presunta vinculación con ‘Tsunami Democràtic’, aunque esa línea quedó en suspenso al trasladarse el grueso del caso al alto tribunal.
Con la decisión conocida hoy, el Supremo da por concluida la instrucción y remite el procedimiento a la Audiencia Provincial de Barcelona, que ahora deberá decidir si sienta a Rovira en el banquillo o aplica la amnistía. La Sala de lo Penal argumenta que, al haber perdido la acusada la condición de aforada —dejó su escaño en el Parlamento Europeo—, la competencia ya no corresponde al alto tribunal.
Por qué el Supremo se desprende del caso
La clave está en el aforamiento: mientras Rovira fue eurodiputada, el Supremo mantenía la competencia. Sin embargo, desde que renunció al escaño para centrarse en la política catalana, la situación procesal cambió. Los tribunales ordinarios recuperan la jurisdicción, según el artículo 57 del Estatuto Orgánico del Poder Judicial.
Este traslado no es inusual en causas donde los aforados dejan de serlo. Pero en el contexto del ‘procés’ añade una capa de incertidumbre: las audiencias provinciales han manejado las aplicaciones de la amnistía con criterios dispares. Mientras algunos juzgados de Barcelona archivaron rápidamente los procedimientos, otros mantienen vivas las causas a la espera de que el Tribunal Constitucional fije doctrina.
Amnistía o juicio: el dilema en Barcelona
La ley de amnistía aprobada en 2024 cubre actos de desobediencia vinculados al proceso independentista, pero la Audiencia de Barcelona deberá analizar si los hechos imputados a Rovira —entre ellos, facilitar la organización del referéndum del 1-O— encajan en el paraguas legal. La fiscalía, que en su día pidió el archivo para otros líderes, podría ahora posicionarse en contra o a favor, una decisión que el ministerio público aún no ha comunicado.
La decisión de la Audiencia de Barcelona no solo afecta a Marta Rovira; marcará el perímetro real que la justicia está dispuesta a conceder a la ley de amnistía.
Fuentes jurídicas consultadas por Moncloa.com señalan que el tribunal podría optar por archivar la causa si entiende que los hechos están amnistiados, o bien fijar una vista de juicio para un delito de desobediencia, castigado con penas de inhabilitación. El precedente de los condenados del Supremo —Oriol Junqueras, Raül Romeva y otros— no ofrece una guía clara, ya que sus casos fueron resueltos por el propio alto tribunal tras la aplicación parcial de la amnistía.
Lectura política: ERC y la estabilidad del Govern
El fallo se enmarca en en un contexto político muy delicado. Marta Rovira, aunque ya no ocupa la secretaría general, sigue siendo una figura de peso en ERC y una interlocutora habitual de la dirección del partido. Cualquier decisión de la Audiencia que no aplique la amnistía de forma plena tensará las relaciones entre los republicanos y el Govern de Salvador Illa.
Los acuerdos de investidura entre el PSC y ERC incluyen el cumplimiento íntegro de la ley de amnistía como condición sine qua non. En privado, fuentes de la calle Pallars reconocen que un revés judicial para Rovira sería interpretado como un fracaso del acuerdo con los socialistas y podría hacer descarrilar la legislatura. Illa, por su parte, ha evitado pronunciarse en público sobre el caso, aunque el Govern sigue de cerca la evolución procesal.
La Audiencia de Barcelona tiene ahora en sus manos una decisión que va más allá de un expediente penal: sellará la credibilidad de la amnistía y el equilibrio sobre el que descansa la legislatura catalana.
