COAG ha calificado el 2021 de un año «muy difícil» para el sector agrario español, debido al impacto que está teniendo el fuerte incremento de los costes de producción que están poniendo en riesgo la viabilidad de las explotaciones profesionales agrarias y ha recordado que para 2022 se mantendrán las movilizaciones de agricultores y ganaderos que volverán a las calles y carreteras españolas.
En concreto, el gasto en insumos de producción ha subido un 13% respecto a 2020, liderado por la energía, los piensos y los fertilizantes. En gran parte de los sectores de producción, este incremento de costes no se ha trasladado al precio de venta de los productos, dando como resultado una fuerte caída de la renta agraria por UTA, que alcanza el 6%, según datos del Ministerio.
«Según los cálculos de COAG, el incremento interanual de los costes de producción alcanza el 30% en diciembre de 2021, con una subida exponencial de los mismos en la última parte del año. Esto es muy preocupante para las expectativas del 2022 porque pone en riesgo la viabilidad económica de nuestras explotaciones. Es uno de los principales motivos que justifican la convocatoria de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias en unidad de acción y el lanzamiento de un SOS rural», ha señalado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
El secretario general ha mostrado la preocupación del sector «por la resistencia de los compradores a trasladar este vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones agrarias». «Los operadores comerciales de la cadena se han fijado como objetivo la contención de precios al consumidor y el control de la inflación, todo ello a costa de las rentas de los hombres y mujeres del campo. Incluso cuando se producen las subidas de precios en los puntos de venta, en muchos casos no se reflejan en los precios percibidos por los productores. Todo ello está afectando ya al tejido productivo y prevemos que si no se soluciona, puede haber recortes en la producción en 2022″, ha alertado de cara al próximo año.
«Por último, señalar que la normativa obliga a los compradores a pagar los productos por encima del coste de producción, por lo que estaríamos asistiendo a prácticas fuera de la legalidad», ha recalcado Padilla.
MOVILIZACIONES
De esta forma, las organizaciones agrarias han decido dar ‘luz verde’ a un nuevo proceso de movilizaciones, saliendo de nuevo a las calles y carreteras, que se está llevando a cabo en toda España en protesta por la situación de grave crisis de rentabilidad que está ahogando al sector y ante los graves ataques de que son objeto.
Estas protestas, que seguirán en 2022 en todos los territorios, son continuación de las que se vienen produciendo en los últimos meses y de las que se iniciaron en 2019-2020 y se vieron interrumpidas como consecuencia de la aparición de la pandemia.
Por otro lado, COAG ha valorado de manera positiva la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que se han producido avances relevantes y abre nuevas expectativas de cara a la mejora de la posición en la cadena de agricultores y ganaderos al conseguirse mejoras importantes en las principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario.
Así, se ha adoptado la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón, se crea un registro digital de contratos, se incluye en parte el canal Horeca, se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena.
COAG considera que la ley «no va a solucionar todos los problemas del campo, pero ha de servir para lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor en el lineal, partiendo desde los agricultores que deben cobrar un precio que cubra los costes de producción».
La organización agraria plantea que para que sea efectiva esta Ley, es necesario un «mayor control» en su aplicación y su completo despliegue, tanto por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como por los órganos de control de las comunidades autónomas.
De este 2021, la organización también ha destacado el acuerdo adoptado entre Bruselas y Estados Unidos para suspender durante un periodo de cinco años la aplicación de los aranceles derivados del conflicto por los subsidios entre Airbus y Boeing.
Un acuerdo que pone fin a una disputa con graves repercusiones a los sectores afectados, entre ellos, aceituna de mesa, vino, queso y aceite. «Lamentablemente, queda pendiente el veto ruso, que sigue afectando a nuestro sector de frutas y hortalizas», han señalado.
CALIFICA DE «DECEPCIONANTE» EL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL
Respecto a la reforma de la PAC, que entrará en vigor en 2023, COAG considera que «no es justa ni social» y cree que «acelerará» el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones del campo español y europeo.
«La nueva arquitectura verde, si bien desde COAG defendemos la sostenibilidad ambiental unida a la económica y social, en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países», han señalado.
Además, han tildado de «decepcionante» el Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura, ya que consideran que España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario del país.
Así, consideran que la definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola.
En el caso del pago redistributivo, así como en el caso de otras medidas, se debería beneficiar y no perjudicar a los agricultores profesionales, que dependen en mayor grado de los ingresos agrarios, algo que sucede justo al revés.
COAG ha recordado que en este año, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha incluido las poblaciones de lobos situadas al norte del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), dejando de ser especie cinegética.
Así, la organización ha indicado que junto al resto de OPAs han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «Está en juego el futuro de la ganadería extensiva en nuestro país. El comportamiento del Ministerio ha dejado totalmente al margen y olvidada a la ganadería extensiva gravemente afectada por los daños del lobo», ha indicado.
Por último, ha recordado también la difícil situación que atraviesa el seguro agrario, teniendo en cuenta que cada vez son más numerosas las adversidades climáticas (intensas sequías, golpes de calor, pedriscos, danas o la irrupción de nuevas plagas y enfermedades) que están incrementando su impacto en la agricultura y la ganadería.
