Los padres de un niño han denunciado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Paterna (Valencia) que su hijo recibió la vacuna contra la covid este pasado lunes en su centro educativo pese a que había entregado el documento con la no autorización por parte de sus padres.
Así consta en una comparecencia en el juzgado, donde los padres denuncian al centro y a la Conselleria de Sanidad «por haber vacunado a su hijo menor de diez años con la vacuna covid sin su consentimiento». El juzgado recibió la denuncia este lunes por la tarde, según han confirmado fuentes del TSJCV.
Según señalan en el escrito, los progenitores no autorizaron a que su hijo fuera vacunado y el menor llevó el mismo lunes, fecha en la que supuestamente recibió la vacuna, la no autorización firmada al colegio en papel. Los progenitores solicitan al colegio la devolución de esa no autorización en papel, que señalan que su hijo llevó al centro con sello de entrada por parte del colegio y adjuntan dos correos, de fecha 15 de diciembre y 13 de enero donde comunican al centro que no consienten la vacunación del niño.
Este mismo documento de denuncia ha sido aportado ante la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por un abogado padre de un menor escolarizado en esta autonomía, que recurrió en diciembre la decisión de la Generalitat para vacunar contra el coronavirus en los colegios.
El letrado, Curro Nicolau, pidió la suspensión cautelarísima de la orden del ejecutivo valenciano de recabar en 24 horas la autorización de los progenitores de los menores de 12 años para que sean vacunados contra el coronavirus, argumentando que va contra varias leyes, como la de Protección de Datos y la Ley del Menor.
El TSJCV rechazó la cautelarísima, que también había sido solicitada por la asociación Liberum, al entender que la instrucción de la Generalitat «es acorde con las medidas adoptadas en relación con la pandemia», y apunta que con ellas no se vulneran los derechos fundamentales del recurrente, ni implica ataque alguno a la ley de protección de datos de los vacunados, máxime cuando la vacunación «es voluntaria».
Ahora, ante la convocatoria de un pleno de la sala para deliberar sobre la medida cautelar, el letrado reitera en un escrito que este procedimiento no quiere enjuiciar la eficacia de la medida sino si la Conselleria de Educación «tiene la competencia para llevar a cabo la vacunación en centros educativos y si dicha estrategia o criterio de vacunación es seguro para los menores al realizarse fuera de un sistema sanitario» y si quedan protegidos otros derechos como la intimidad.
En apoyo a su argumento aporta la denuncia ante el Juzgado de Paterna para demostrar que «el criterio de vacunación seguido puede llevar a situaciones muy problemáticas» como esta. «Se puede decir que es una negligencia profesional o un caso que no es común, pero sin duda toda la estrategia de vacunación diseñada en los centros educativos puede llevar a esta y otras circunstancias que ponen en riesgo la salud de los menores, cuando ha quedado demostrado que el sistema de vacunación en los adultos en centros de salud o centros de vacunación especializados ha tenido resultados muy positivos en la gestión, minimizando cualquier riesgo sobre los menores», expone.
