La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha asegurado este viernes que es «imprescindible» reformar la ley de asistencia jurídica gratuita de 1996 para adaptarla a las «necesidades actuales» del gremio.
Así lo ha dicho en el marco del encuentro ‘El futuro de la Justicia Gratuita, a debate en el Congreso de los Diputados’, en el que han participado la presidenta de la Cámara, Mertixell Batet, y los portavoces de justicia de varias formaciones políticas, además de los decanos de los Colegios de Abogados de Madrid y Zaragoza, José María Alonso y Antonio Morán.
Ortega ha insistido en que, aunque la ley que se aprobó en 1996 «era magnífica», «al cabo de 25 años exige una reforma para su adaptación a las necesidades actuales». En este sentido se ha pronunciado también Morán, quién además es presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía. «O cambiamos la ley o empezamos una situación de caos», ha dicho.
Así las cosas, Alonso ha puntualizado que «se están produciendo nuevas situaciones que requieren la intervención de los letrados del turno de oficio y no están contempladas en la ley». En concreto, ha hecho referencia a los casos de atención a personas jurídicas, a acusaciones particulares y a casos de mediación.
RETRIBUCIONES EN EL TURNO DE OFICIO
Según ha explicado, se dan situaciones en las que los tribunales requieren la designación de un abogado del turno de oficio para casos en los que no se contempla remuneración. «Desde el Colegio contestamos que ningún abogado tiene que trabajar gratis», ha señalado el decano del Colegio madrileño tras insistir en que estos escenarios les coloca en «situaciones complicadas».
Alonso ha incidido en que «tendría que establecerse una norma que dijera que desde el mismo momento en que un juez determina la intervención de un abogado éste tiene derecho a ser compensado».
En este sentido, el decano ha hecho un llamamiento los diputados del Congreso para abordar la reforma y dar solución al gremio. «El juez cobra, el fiscal cobra, el Letrado de la Administración de Justicia cobra. ¿Y el abogado no? Esa es la situación que quiero transmitir», ha señalado.
Asimismo, Alonso ha planteado el caso de los procesos de mediación. «¿Cómo van a actuar los abogados como mediadores si no van a cobrar?», ha indicado para insistir en que este servicio debe ser remunerado.
A la lista ha añadido los casos de intervención para llevar a cabo una conformidad o para los llamados casos de segunda oportunidad que contempla la nueva ley concursal, así como la participación de los abogados cuando se ejerce la acusación particular.
«No puede ser que si alguien que no tiene recursos tenga que depender de si fiscalía quiere o no actuar. Si todos tenemos derecho a ejercer la acusación particular, ¿por qué aquel que no tiene recursos no tiene derecho a un abogado del turno de oficio?», ha señalado.
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS
En el marco del debate, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza ha alertado de la «falta de un mínimo de homogeneidad», por lo que ha recomendado introducir criterios en la ley para «intentar» que el trato sea igual en todos los territorios, en referencia a las disparidades en los casos de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
El decano madrileño ha coincidido y ha insistido en la necesidad de «unificar los criterios de retribución» tras puntualizar que, a su juicio, la remuneración actual es «vergonzosa» y requiere un «sacrificio enorme» por parte de los letrados del turno de oficio y los Colegios de Abogados.
Ante este escenario, Alonso ha planteado que la nueva ley de asistencia jurídica gratuita establezca unos criterios de actualización de las remuneraciones conforme al Índice de Precios del Consumidor (IPC).
Entre los asistentes también han pedido que se garantice la «sostenibilidad» de los Colegios de Abogados, que asumen la formación de los letrados del turno de oficio con una «dotación presupuestaria».
LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS
Tras escuchar al gremio de abogados, se han pronunciado representantes políticos de los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.
El diputado socialista Francisco Aranda ha coincidido en la necesidad de abordar esta reforma y ha considerado posible «llegar a acuerdos» en esta materia con la mayoría de los grupos parlamentarios porque la ley de asistencia jurídica gratuita «no va de izquierdas o derechas» sino de «la regulación de un derecho fundamental».
El diputado del PP Luis Santamaría ha aprovechado su intervención para reprochar al Ministerio de Justicia su ausencia en el debate de este viernes. El representante del PSOE, sin embargo, ha insistido en que se trata de unas jornadas parlamentarias y que la ministra no forma parte del legislativo, sino del Ejecutivo.
Asimismo, el dirigente ‘popular’ ha puesto de manifiesto que los grupos parlamentarios desconocen el contenido de la reforma y que no saben cuándo se presentará al Congreso, pero ha asegurado que trabajarán para que «el texto sirva para que se incluyan las mejoras que se han venido reclamando».
En este sentido, Santamaría ha subrayado que «si el gobierno quiere el apoyo del PP tendrá que asumir compromisos presupuestarios, actualizar los servicios que presta el turno, mejorar el servicio de la mano de los colegios de abogados y abogar por la especialización de los profesionales». Ha señalado, también, que es necesario «avanzar en la homogenización de los servicios» para «poner fin a las diferencia entre territorios» e incluir el servicio de orientación gratuita.
Por su parte, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha reconocido que una de las desventajas de la ley vigente es que al ser previa al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no permite «actualizar de manera acompasada» las retribuciones de los letrados del turno de oficio. En este sentido, además, ha sugerido renovar las tablas «para dignificar la profesión».
En su intervención, De las Heras ha planteado el debate sobre si los pagos a los abogados del turno de oficio son retribuciones o indemnizaciones –dado que tributan en el IRPF– y ha subrayado que aunque se establece un valor medio por asunto, no hay un tiempo medio, por lo que hay casos que por el mismo monto pueden llevar seis meses o dos años.
El diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha coincidido en que es imprescindible una reforma y ha celebrado las jornadas de este viernes que, según ha dicho, son «una especie de subcomisión acelerada para escuchar a los expertos». «Estamos aquí para escuchar, mas que para plantear ideas», ha dicho.
En este sentido, ha hecho especial hincapié en la «necesidad de actualizar baremos al margen de la modificación legal e introducir circunstancias que deberían ser objeto de retribución económica».
EL ROL DEL ESTADO
Durante la jornada, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha destacado que «el 21% de la población española desconoce que existe el sistema de justicia gratuita y que se pueda acceder en condiciones de igualdad y con la mejor defensa a la tutela judicial efectiva».
La presidenta del Congreso, Mertixell Batet, ha insistido en que «corresponde al Estado garantizar el ejercicio de la tutela judicial» y que todos los ciudadanos estén en condiciones de acceder a la justicia gratuita. «Si hay un 21% de personas que no conoce ni de su existencia parece que deberíamos empezar al menos por ahí», ha dicho.
