Vox ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Supremo en nombre del sindicato Solidaridad un recurso contra el Real Decreto que modificó la ley de extranjería al considerar que «es un nuevo efecto llamada a la inmigración ilegal«.
La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha criticado que el Ejecutivo haya infringido «aspectos formales» al tratar de «colar a través de una modificación reglamentaria lo que debía ser tramitado parlamentariamente como una ley orgánica por la reserva de materia que tiene».
La dirigente del partido liderado por Santiago Abascal se ha referido de esta forma al Real Decreto 629/2022 por el que se modificó el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
«Consideramos que la técnica legislativa no es la adecuada y solo por esto ya debería ser aceptado nuestro recurso. Pero además supone en cuanto al fondo una modificación y flexibilización de medidas de trabajadores ilegales en España. La modificación de estas circunstancias de trabajo perjudica a los trabajadores que tras mucho esfuerzo han conseguido su permiso de residencia en España», ha criticado Castro.
A su juicio, al acceder «de esta manera al mercado de trabajo se encuentran en condiciones de inferioridad porque tuvieron que encontrarse unos requisitos muchísimos mas rígidos» que los planteados en la actualidad.
Por su parte, el secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso, se ha mostrado «enormemente» preocupado porque el Ejecutivo esté «regularizando por la puerta de atrás a los inmigrantes ilegales» que accedieron a España «asaltando» las fronteras.
«Es un golpe muy grave al mercado de trabajo y supone un agravio a los trabajadores que legalmente entraron a nuestro país y que se encuentran plenamente integrados. Las mafias probablemente estén frotándose las manos porque con esto tienen herramientas para ese trafico de seres humanos que es a lo que se dedican algunas mafias y ONGs», ha lamentado.
En esta línea, Alonso ha criticado el «silencio cómplice de UGT y CCOO después de esta modificación» que, a su juicio, «pretende legalizar a los que entran ilegalmente». «Esto también afecta a nuestro mercado de trabajo, a todos estos que no encuentran un puesto aun siendo españoles y a aquellos que se intentan esforzar cada día», ha zanjado.
El sindicato sostiene que con ese cambio legislativo se permitirá que los migrantes que lleven más de dos años en situación irregular en España puedan conseguir permiso de residencia por 12 meses con la condición de realizar unos cursos formativos, quedando también reducidos los requisitos para las personas que están formándose en España con permiso de estudios.
Solidaridad afirma que el Real Decreto «flexibiliza las figuras de arraigo, creando nuevas figuras de regularización, posibilitando la legalización de una migración a priori irregular con la contratación de origen, considerando vía de migración legal la contratación circular».
«La inmigración masiva y su posterior regularización provoca la sustitución de los trabajadores que no estén dispuestos a perder sus condiciones laborales por inmigrantes que ante una situación desesperada asuman cualquier trabajo como bueno. Esto destruirá la identidad y las conquistas sociales y laborales de Europa», añade el sindicato.
