El Gobierno ha aprobado la prórroga nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, aplazando el cierre previsto para 2027 y 2028 y frenando, según Greenpeace, la transición energética de España.
La orden se aprobó el viernes 14 de agosto para evitar el debate social, denuncia la organización ecologista. El Gobierno ha defendido que la medida no supone mayor coste para los ciudadanos. Esa afirmación contradice el compromiso previo de Pedro Sánchez de no romper el plan de cierre nuclear acordado si ello generaba sobrecoste.
Esta decisión afecta al mayor activo nuclear del parque español, la central nuclear de Almaraz, operada por un consorcio formado por Iberdrola, Endesa y Naturgy. Son precisamente esas compañías las que, según Greenpeace, han presionado para alargar la vida útil de los reactores.
La letra pequeña del ‘coste cero’: 3.831 millones de sobrecoste
Vamos a los datos. Un informe técnico de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya cifra el sobrecoste acumulado en 3.831 millones de euros en las facturas de la luz de hogares y pymes hasta el año 2033. La etiqueta de coste cero, sostiene el estudio, es un espejismo: no hay ayudas públicas directas, pero el mercado mayorista se encarece de forma sostenida a partir de 2031.
A ver. Para 2033, el precio de la electricidad alcanzará los 63,5 euros por MWh, un 9,5% más caro que si se hubiera cumplido el calendario de cierre acordado en 2019. Las eléctricas prometen un alivio temporal a corto plazo, pero el coste se traslada después al recibo de hogares y pymes.
La prórroga no tiene coste fiscal directo, pero sí un coste de sistema: 3.831 millones que aparecerán en las facturas de luz hasta 2033.
El segundo efecto de la decisión es de inversión. Al mantener operativos dos reactores inflexibles, se debilitan las señales de de inversión en renovables y almacenamiento. El documento estima la pérdida de hasta 26.130 millones de euros en nuevas instalaciones limpias de aquí a 2033.
El comportamiento corporativo explica la prórroga. Las grandes eléctricas han aprovechado que los precios de futuros de la electricidad son ahora un 23% más altos que cuando firmaron el acuerdo de cierre. Prórroga significa más horas operativas para reactores ya amortizados, con menor presión renovable sobre el precio mayorista.
La paradoja nuclear: menos renovables, más gas y más CO2
Aquí está la paradoja. Mantener la vieja flota nuclear reduce a cero la probabilidad de cumplir los objetivos climáticos nacionales para 2030. La rigidez técnica de los reactores colmata la red eléctrica y actúa como un atasco que impide físicamente inyectar más eólica y solar al sistema.
Ojo con el dato. Sin esa inversión limpia, España dependerá más del gas a medio plazo. El informe calcula entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas de CO2 adicionales y hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, que también acabarán encareciendo la factura eléctrica.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Sobrecoste eléctrico: 3.831 millones de euros acumulados hasta 2033 en facturas de hogares y pymes.
- Precio futuro: 63,5 euros por MWh en 2033, un 9,5% más caro que con el cierre previsto.
- CO2 adicional: Entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas por mayor dependencia del gas.
- Inversión renovable frenada: Hasta 26.130 millones de euros en nuevas instalaciones limpias.
El contraste con la alternativa renovable es rotundo. Las renovables han blindado a España frente al repunte del precio del gas tras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En lo que va de año, España y Portugal han registrado, de media, el precio mayorista de la electricidad más bajo de la Unión Europea, incluso por delante de Francia.
Si España tuviera hoy la misma cantidad de renovables que en 2021, los hogares pagarían 10 euros más al mes en la factura de la luz por la crisis del gas. Italia, más dependiente del gas, tiene un precio de la electricidad que duplica al español. La resiliencia no reside en reactores de los años ochenta, sino en un modelo flexible con renovables y almacenamiento.
El precedente europeo y la factura que heredarán los consumidores
La decisión española se aleja de la senda de países que han combinado cierre nuclear con despliegue renovable, como Alemania, y debilita las señales del mercado europeo de emisiones. El problema no es solo energético: es de gobernanza. Un calendario de cierre acordado en 2019 se tumba con una orden de 14 de agosto, sin debate social y con el argumento de coste cero desmontado por los datos.
El efecto dominó afecta a toda la cadena energética. Menos renovables hoy significa menos almacenamiento, más gas a medio plazo y un precio mayorista más alto para la industria. El consumidor final, que ya busca opciones sostenibles, acaba asumiendo el coste de una decisión que no se sometió a escrutinio. La transición no es solo ambiental: es económica.
El camino alternativo existe y es rentable. Las renovables han demostrado que abaratan la factura y reducen la exposición a la volatilidad del gas. La prórroga de Almaraz aplaza la inevitable modernización del sistema y retrasa el beneficio que la energía limpia ya ofrece a los consumidores españoles.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: El sobrecoste de 3.831 millones de euros en facturas y los 12,3 millones de toneladas de CO2 adicionales son el precio de frenar la transición.
- Modelo que cambia: La prórroga sustituye el calendario de cierre renovable por una dependencia prolongada del gas y de reactores inflexibles.
- Para las próximas generaciones: Retrasar el despliegue renovable hipoteca la descarbonización a 2030 y traslada la factura climática y económica a los consumidores futuros.
