La Comisión Europea ha confiado este viernes en que España y Argelia sean capaces de resolver la crisis comercial resultante de la suspensión del Tratado de Amistad por parte de Argel el pasado mes de junio pero ha dejado claro que, dado que la política comercial está transferida a Bruselas, sigue de cerca la cuestión y actuará de ser necesario.
El Gobierno argelino decidió suspender el Tratado de Amistad el pasado mes de junio, a lo que se sumó también la orden de paralizar las transacciones bancarias, luego revertida. Ambas decisiones afectaban al comercio de España con el país magrebí, por lo que España pidió la intervención de Bruselas.
Según ha indicado la portavoz de Comercio de la Comisión, Miriam García Ferrer, Bruselas ha planteado desde entonces «con regularidad su preocupación respecto a las implicaciones para el comercio» que tiene la decisión de Argel, «en especial los envíos bloqueados desde España».
En una entrevista, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció a principios de enero que seguía habiendo problemas con algunas operaciones comerciales y que cuando esto ocurría el Gobierno se lo estaba haciendo saber a la Comisión Europea, la única con capacidad de actuación en esta cuestión.
Estas notificaciones han sido trasladadas a su vez por la delegación de la UE en Argel a las autoridades argelinas y el asunto también se ha abordado en una reunión técnica que hubo a finales de noviembre así como en un encuentro de la subcomisión de comercio UE-Argelia celebrada el pasado 8 de diciembre, según fuentes comunitarias, que han precisado que el Gobierno argelino se ha comprometido a abordar los envíos bloqueados caso por caso.
UNA SOLUCIÓN LO ANTES POSIBLE
«Argelia es un socio importante para la UE en el Mediterráneo Sur y un actor clave para la estabilidad regional», ha reconocido la portavoz de la Comisión. Por ello, Bruselas confía en que «en nombre de nuestra amistad fuerte y de larga data, se encuentre una solución lo antes posible para el pleno restablecimiento de las relaciones comerciales y de inversión sin restricciones.
«El diálogo debería llevar a resultados concretos», ha insistido la portavoz de Comercio, que ha dejado claro que Bruselas seguirá coordinándose con el Gobierno español en esta cuestión y «evaluando las implicaciones» de las restricciones en materia de comercio que puedan ser contrarias al Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia.
En este sentido, la Comisión Europea ha recordado que «la política comercial es competencia exclusiva de la UE» y por tanto Bruselas «está dispuesta a alzarse contra cualquier tipo de medida aplicada contra un Estado miembro».
«También seguiremos analizando todos los posibles medios, incluidos a nivel político, para abordar las barreras comerciales argelinas», ha advertido la portavoz en declaraciones a Europa Press.
CRÍTICAS DE ARGELIA A ESPAÑA
Precisamente, este jueves un alto cargo del Ministerio de Exteriores argelino había cargado contra España como resultado de las declaraciones durante una visita a Castellón del director general adjunto y Alto Responsable de la Aplicación de la Política Comercial de la UE, Denis Redonnet, quien reconoció que esta crisis es motivo de «gran preocupación para la UE» y que Bruselas seguía de cerca la cuestión.
El alto cargo argelino afeó al responsable de la Comisión Europea que no dijera «nada de la actitud obstruccionista del Gobierno español, que bloquea la adopción de las prioridades de la asociación, negociadas y concluidas hace meses en el marco de la política de vecindad» de la UE.
Asimismo, le reprochó que «permanezca mudo sobre la actitud irresponsable» de España, «que instrumentaliza de forma abusiva la regla del consenso para bloquear la convocatoria del Consejo de Asociación», el órgano que conforme al Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia tiene que abordar «todas las cuestiones, tanto políticas, como económicas y comerciales».
Así las cosas, dejó claro que «estas gesticulaciones y presiones de España son contraproducentes y no nos impresionan», en una nueva escalada en la crisis que se inició el pasado mes de marzo a raíz del apoyo expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plan de autonomía marroquí para el Sáhara y que llevó a Argel a llamar a consultas a su embajador en Madrid, que aún no ha vuelto.
