Podemos está a las puertas de una nueva polémica, gracias a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ahora trae a la palestra la exigencia de que todas las Comunidades Autónomas están en la obligación de garantizar que las mujeres tengan la oportunidad de abortar en todos los hospitales del país.
Las declaraciones de la ministra Montero vienen como respuesta a la situación que se está dando en Castilla y León, donde la Secretaría de Sanidad de esa Comunidad Autónoma ha señalado que la deriva de las pacientes a los centros de salud privados obedece a que la mayoría de sus médicos se han declarado objetores de conciencia para evitar tener que practicar estos procedimientos.
Para la ministra de Podemos la solución es que las Comunidades Autónomas que tengan médicos objetores contraten nuevos profesionales de la salud que practiquen los abortos. Así lo refirió en una carta que envió a todas las Comunidades Autónomas, en la cual les reclamaba la obligatoriedad de aplicar lo que establece la Ley.
Montero asegura que todas las mujeres que así lo deseen deben poder practicarse un aborto en los hospitales públicos más cercanos a su domicilio. «Esa Ley tiene que ser aplicada y no valen excusas para no aplicarla, y no valen ni la rebelión de gobiernos de extrema derecha, como el de Castilla y León o como los de Madrid, que están planteando básicamente rebelarse contra las leyes que consideran que no les gustan, como la Ley de Vivienda o la Ley del Aborto, pero tampoco vale la inacción como el de Castilla – La Mancha que están diciendo que no saben cómo van a poder hacer efectiva la ley», expresó la ministra de Podemos a los medios de comunicación en medio de la nueva polémica que protagoniza.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuecos, rechazó la carta enviada por Irene Montero a todas las Comunidades Autónomas en la cual les reclamaba la obligatoriedad de aplicar la Ley de Abortos. «Lo que tiene que hacer esa señora es callarse», soltó en sus declaraciones, al tiempo que recordó otra de las polémicas más recientes de la política española cuya protagonista también fue la ministra de Podemos, haciendo referencia específicamente a las consecuencias de la aplicación de la Ley del Sólo sí es sí, a la cual calificó como «uno de los mayores agravios a las mujeres en la democracia», dijo el mandatario local.
«Es necesario articular esos registros de objetores de conciencia, es necesario que en base a ello (SIC), organicen las plantillas para que haya siempre personal suficiente en todos los hospitales públicos para realizar interrupciones voluntarias del embarazo y, por supuesto, es necesario hacer compatible el derecho constitucional a la objeción de conciencia de todo el personal sanitario, con el derecho constitucional y fundamental de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y por tanto, a interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Quiero recordar, por tanto, a todas las mujeres que el derecho al aborto es su derecho, es un derecho fundamental y ya lo reconoce todo el país, a excepción de la derecha, y por tanto, que todas las mujeres en nuestro país pueden exigirle a sus Comunidades Autónomas poder abortar en los hospitales públicos más cercanos a su domicilio», dijo la ministra de Podemos.
Esta situación ha puesto a temblar a más de uno de los miembros del partido dirigido por Ione Belarra, sobre todo en los que llevan meses viendo la figura de Irene Montero como un liderazgo negativo dentro de la formación política y a quien señalan de ser la responsable de toda la pérdida de apoyos que ha sufrido el partido en los últimos tiempos, debido a la manera tan polémica que tiene la ministra de sacar a la palestra pública los temas que han pretendido convertir en «banderas» de Podemos.
El partido tiene clara cuál es su posición en esta etapa, en la cual las encuestas los ubican como la cuarta fuerza política de España, con tendencia a la baja y con muy pocas posibilidades de obtener posiciones relevantes de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y desde las bases han sido críticas con el daño que ha causado Montero a la formación, a pesar de ser vendida al electorado como una de las principales líderes y como la ministra con mayor influencia dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.
