El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, busca su blindaje en la negociación con el PSOE y Sumar. El chileno, condenado por el secuestro del empresario Emiliano Revilla, exigió la amnistía para los 4.000 «perseguidos por el ‘procés’». En las negociaciones del PSOE y Sumar, ambas por separado, con Junts, Boye considera la mejor vía para «solucionar un problema que nunca debería haber llegado a los tribunales». En este sentido, ha señalado que se trata de una imposición obligatoria a la hora de arrancar el sí de Puigdemont.
La figura de Boye ha sido clave durante el juicio a los líderes independentistas. Por un lado, fue el letrado defensor de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, como también de Quim Torra. Ninguna de sus defensas tuvo el efecto deseado, a excepción del ex presidente de la Generalitat, que no ha sido extraditado y vive en Waterloo (Bélgica) desde 2017. Ponsatí fue detenida y liberada esta misma semana, mientras Torra fue desalojado del gobierno catalán con una condena por inhabilitación.
La estrategia de Boye pasa por unificar las causas. Es decir, pedir las mismas condiciones para todos los encausados, sin privilegios individuales, una vía que iguala desde el independentista más desconocido con Puigdemont, sin trato diferenciado.
EL ABOGADO DE PUIGDEMONT BUSCA PASAR POR ALTO A TSUNAMI DEMOCRÀTIC
En este sentido, el ‘procés’ se muestra como un movimiento político, donde las manifestaciones violentas, los saqueos y el bloqueo de infraestructuras estratégicas, como el aeropuerto y la estación de Sants, así como la autovía AP-7 y otros nudos clave en la movilidad, fueron la tónica. El punto álgido de las algaradas llegó tras la sentencia del Tribunal Supremo, con un asedio a la Jefatura de la Policía Nacional en la barcelonesa Vía Laietana en octubre de 2019. Todo ello fue preparado por Tsunami Democràtic, una plataforma investigada judicialmente, mientras tratan de identificar a los cabecillas.
Para Boye, la reacción judicial al procés fue un acoso y exige aplicar una ley de amnistía similar a la de 1976, anterior a la Constitución, para liberar a todos los encausados y poder poner los cimientos a una solución política. A su juicio, esta posibilidad entraría dentro de los márgenes de la Carta Magna. En esta negociación con el PSOE y Sumar, Junts ha instado a ambos grupos a convocar un referéndum de independencia, vinculante y con todas las garantías.
Los socialistas se niegan a esta última pretensión, pero guardan silencio sobre la solución propuesta por Boye. No es la primera vez que el relato de una «solución política» se encuentra en aire de quienes han tratado de dar por amortizado a Carles Puigdemont, más cuando los socialistas son los principales beneficiados de todo este embrollo, al fagocitar parte del electorado de centro -por el miedo a Vox, el monstruo de siete cabezas; y a parte del independentismo al considerar a los socialistas como la opción útil-.
Boye tiene prisa por alcanzar este acuerdo con el PSOE y Sumar, su trabajo depende de ello
Boye ha insistido en que no habrá mudanza de Puigdemont en caso de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dé un veredicto desfavorable sobre las medidas cautelares. De hecho, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena esperará también hasta entonces para activar de nuevo las euroórdenes sobre Puigdemont y Comín.
BOYE, EL ABOGADO DE MIÑANCO Y PUIGDEMONT
Cabe señalar que el pasado 5 de julio, el Tribunal General de la UE (TGUE) desestimó los recursos de los procesados contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio contra ambos pedido por el juez. Esta medida puede ser recurrida ante el TJUE hasta el próximo 15 de septiembre, pudiéndose, en tal caso, reiterar ante el TJUE la petición de que se restablezca cautelar y provisionalmente la inmunidad parlamentaria. Es decir, Boye tiene aún dos meses por delante para marcar su estrategia de defensa.
El abogado de Puigdemont y Comín se encuentra a la espera de un juicio en la Audiencia Nacional por su implicación en la trama del conocido narcotraficante Sito Miñanco. En esta causa se enfrenta a 10 años de cárcel por haber falsificado presuntamente los documentos para que los correos de la droga abonaran por adelantado un cargamento de 3,8 toneladas de cocaína a Galicia a través de una travesía en un buque desde Colombia. Miñanco preparaba una gran operación y necesitó la ayuda de Boye, su abogado de confianza. Para ello era necesario pagar 890.000 euros.
El juicio contra Boye se ha confirmado este mismo jueves a través de la Sala de lo Penal ha desestimado los artículos de previo pronunciamiento presentados por Boye y Miñanco en los que pedían que se estimara la excepción de cosa juzgada, es decir, que no se sentaran en el banquillo puesto que ya habían sido juzgados anteriormente por hechos similares a los de la ‘operación Mito’.
EL JUICIO A BOYE, MÁS CERCA
Miñanco, procesado en esta causa por narcotráfico y blanqueo de capitales, pedía que se estimara la excepción de cosa juzgada por el segundo de los delitos, puesto que ya había sido juzgado y condenado por los mismos hechos en una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de enero de 2019.
Las fuerzas de Seguridad del Estado cazaron a los muleros con el dinero en efectivo en la frontera. Uno de los presuntos delincuentes pidió la asistencia letrada de Boye, quien se habría encargado de falsificar los documentos para encubrir la procedencia de los fondos. Boye ha negado siempre estos hechos y ahora tanto la Fiscalía como la Policía Nacional tendrían que demostrar la acusación.
BOYE Y LAS PRISAS POR ALCANZAR UN ACUERDO
Boye tiene prisa por alcanzar este acuerdo con el PSOE y Sumar. Y es que, en caso de una condena en firme podría ser inhabilitado durante los años de penitencia, lo que dejaría a Puigdemont sin su brazo defensor.
Por otro lado, Boye fue condenado por su vinculación en el secuestro de Emiliano Revilla en 1988. La Audiencia Nacional le impuso una indemnización de 66 millones de pesetas, unos 630.000 euros más intereses, pero nunca abonó dicho montante al entender que la responsabilidad civil había prescrito ya que la víctima no recibió nada al no pedirlo. No obstante, en una sentencia dictada en 2020 por la propia instancia judicial, Boye fue condenado a abonar dicho importe, pero recurrió la misma.
En la misma sentencia se le vinculó como miembro de la banda terrorista chilena MIR, que había recibido el encargo de ETA para exigir el pago del denominado impuesto revolucionario para financiar la actividad delictiva. En total, fue condenado por detención ilegal a 14 años y ocho meses de cárcel, de los que tan sólo cumplió seis. Tras una denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el juez instó al embargo de los bienes para hacer frente a la sanción económica, una maniobra que permite la no prescripción del delito.
Revilla fue liberado tras 249 días secuestrado y tras pagar la familia un millonario rescate. Según los jueces, el abogado de Carles Puigdemont habría dejado su vehículo con matrícula alemana conociendo las intenciones de los terroristas, como labores de vigilancia a Revilla. Boye confesó que prestó su coche en dos o tres ocasiones «para realizar labores de información en el secuestro de Revilla». Boye, no obstante, siempre ha negado haber dicho esta frase en el juicio.
