La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) escuchará mañana miércoles al fiscal jefe provincial de Toledo, Antonio Huélamo, por el caso de la fiscal a la que se sancionó con 1.500 euros por «retrasos injustificados» en su trabajo después de que le pidiera seguir trabajando desde casa para ventilar los asuntos pendientes, a pesar de que ella le había comunicado que le habían dado la baja por embarazo de alto riesgo.
Los magistrados han admitido las pruebas documentales, periciales y testificales propuestas por la fiscal recurrente, incluida la declaración del fiscal jefe de Toledo, su secretaria y el delegado de Prevención de Riesgos Laborales de Toledo. Las comparecencias de los tres testigos tendrán lugar a partir de las 10.00 horas, según consta en la providencia de citación a la que ha tenido acceso Europa Press.
El asunto llega al alto tribunal después de que la fiscal acudiera a esta instancia con el objetivo de que se anule la citada sanción por infracción grave, que se le devuelvan los 1.500 euros de la multa fijada y que se declare que se vulneraron sus derechos.
El recurso, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, la fiscal denuncia «una gravísima situación de acoso por razón de género» contra dicha fiscal, que habría comenzado en junio de 2021, cuando acudió al despacho de Huélamo para informarle de que el médico le había dado una baja por embarazo de alto riesgo.
Según el recurso, «una vez recibida la noticia», la conminó a «seguir trabajando en su casa, a fin de despachar su lote, pese a dicha situación de baja por embarazo de alto riesgo y con pleno conocimiento de que la orden dada era absolutamente ilegal».
En respuesta, la fiscal envió al día siguiente un correo electrónico a la Inspección Fiscal, dado que «no entendía por qué debía trabajar estando de baja». La inspectora jefe contestó con un documento que tenía como destinatario a Huélamo donde «se va por las ramas» señalando que «la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes», así como «el deber de trabajar con prontitud y eficacia».
«ORDEN MANIFIESTAMENTE ILEGAL»
Poco después, ya en julio de 2021, «con una conexión temporal total», Huélamo comunica «unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales» por parte de la fiscal, «cuando hasta la fecha nunca había tenido queja del trabajo desempeñado por la misma».
En este sentido, el recurso incluye la transcripción de la conversación que tuvieron en el despacho de Huélamo, donde «resulta evidente que el fiscal jefe reconoce ante la fiscal que la misma lleva un lote de asuntos del que debería encargarse más de un fiscal, por la sobrecarga de trabajo que conlleva».
Con todo, para los abogados de la fiscal, resulta evidente que «se le abre expediente disciplinario y se le sanciona por haberse atrevido a cuestionar una orden manifiestamente ilegal del fiscal jefe».
