Jueces, fiscales, abogados del Estado o notarios han emitido en los últimos días diversos comunicados para rechazar tajantemente la alusión al ‘lawfare’ (guerra judicial), así como el control parlamentario de la acción judicial, en el pacto alcanzado por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.
En un movimiento inaudito, todas las asociaciones de jueces y fiscales –tanto conservadoras como progresistas– se pronunciaron contra la posibilidad de que comisiones de investigaciones parlamentarias puedan revisar las decisiones judiciales en busca de supuestos casos de ‘lawfare’, pudiendo derivarse «consecuencias» para los togados, que podrían ir desde penales a disciplinarias.
Las cuatro asociaciones judiciales –AMP, AFJV, JJpD y FJI– emitieron un comunicado conjunto el mismo día que se conoció el acuerdo, el pasado jueves, para expresar su «profunda preocupación» ante lo que consideran una «evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
Así, denunciaron que «estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables». «El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», afirmaron.
Horas después se pronunció también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de un acuerdo de su Comisión Permanente –respaldado por 12 de los 16 vocales, su presidente interino, Vicente Guilarte, incluido– donde advirtió de que tal «revisión parlamentaria» sería un «flagrante atentado a la separación de poderes» y anticipó que actuará por «los cauces legalmente establecidos».
Los presidentes de las audiencias provinciales, unos 80 jueces decanos de toda España –incluidos los de Barcelona, Lleida, Girona, Madrid o la Audiencia Nacional–, así como algunos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), entre ellos el de Madrid, también se sumaron el viernes al rechazo expresado por el CGPJ y todas las asociaciones judiciales por las referencias al ‘lawfare’.
PARA LOS FISCALES, «INADMISIBLE»
En la misma línea, la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– consideró «inadmisible» el uso del término ‘guerra judicial’, «al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente». A su juicio, se trata de «un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio al Estado de Derecho».
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también mostró su «absoluto rechazo» a las alusiones al ‘lawfare’, entendiendo igualmente que es «inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes».
Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), su portavoz, Salvador Viada, manifestó que el acuerdo entre ambas formaciones «es muy grave» y supone implícitamente «un cambio de modelo constitucional» porque se busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación aceptando incluso la figura de un mediador.
ABOGADOS DEL ESTADO, NOTARIOS Y LAJ
Tras el acuerdo del PSOE y Junts, también se pronunció la Asociación de Abogados del Estado, que rechazó «cualquier alusión al concepto lawfare» y expresó su solidaridad con los jueces y magistrados, así como con los abogados de Estado que actúan con «independencia» y «sometidos únicamente al imperio de la ley».
En este sentido, manifestó su «gran preocupación» en su comunicado por «la ruptura de la separación de poderes y del principio de igualdad entre todos los españoles». «El debilitamiento de las instituciones democráticas del Estado supone una inaceptable deslegitimación» que «esta asociación no puede compartir», dijo.
Por otro lado, cientos de notarios (más de 640) han suscrito ya un manifiesto donde plasman su «enorme preocupación y rechazo por el contenido de ciertos pactos suscritos por el PSOE y Junts para lograr la investidura» porque «afectan a la esencia de principios constitucionales como la igualdad de todos ante la ley, la seguridad jurídica» o «la independencia de los jueces».
«Atentan contra los pilares de la democracia y del Estado de Derecho», han afirmado, explicando que «todo ello afecta a los notarios tanto como encargados de velar por la seguridad jurídica» como por su «condición de ciudadanos dentro de un Estado de Derecho».
Igualmente, el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia alertó de que «resulta evidente que el principio de legalidad, unido al Estado de Derecho reconocido ya en el artículo 1 de la Constitución, la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos españoles están en serio peligro».
«España no es ni puede convertirse en un régimen asambleario en el que los poderes Ejecutivo y Judicial están sometidos al Legislativo. Por el contrario, es una democracia occidental parlamentaria con división de poderes», sostuvo.
Desde el Consejo General de Procuradores de España (CGPE), quisieron trasladar «su total apoyo a los jueces españoles, como representantes del Poder Judicial del Estado y baluarte de las libertades ciudadanas».
ABOGADOS Y JURISTAS
Asimismo, más de una quincena de colegios profesionales de abogados se pronunciaron. El de Madrid (ICAM), por ejemplo, indicó que «el uso del término ‘lawfare’ (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los juzgados y tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático». «En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional», afirmó.
Por otro lado, el pasado octubre –ya antes de que se conocieran los acuerdos con Junts y ERC– abogados, profesores universitarios, académicos de jurisprudencia y legislación y de ciencias morales y políticas, así como otros profesionales del Derecho, rubricaron una declaración pública en la que avisaron de que una eventual ley de amnistía al ‘procés’ «rompe las reglas básicas de la convivencia democrática y del juego político», «iría en contra de la seguridad jurídica» y «supondría una negación de la justicia y de la igualdad jurídica».
En el texto, recogido por Europa Press, los firmantes advirtieron de que la aprobación de dicho perdón «desnaturalizaría la labor previa de los juzgados y tribunales, herramientas principales del Poder Judicial, eliminando el contrapeso que constituye el ejercicio independiente de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».
A su juicio, una eventual amnistía también sería contraria al Estado de Derecho, «uno de los pilares esenciales de la Unión Europea». En este sentido, recordaron que en 2019 la Comisión Europea alertó a Rumanía, ante «una pretensión similar a la que ahora se plantea en España», de que mostraría «un Estado debilitado, casi fallido, y sin recursos defensivos para atacar intentonas golpistas».
