El fiscal general del Estado, Ălvaro GarcĂa Ortiz, ha pedido apartar a cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que estudiar el recurso de la AsociaciĂłn Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovaciĂłn y decidir si continĂșa o no en el cargo, toda vez que son los mismos magistrados que ya dijeron que habĂa actuado con «desviaciĂłn de poder» al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada.
Fuentes fiscales han confirmad que, tal y como ha adelantado ‘El Independiente’, GarcĂa Ortiz ha presentado un incidente de recusaciĂłn en el que solicita que cuatro magistrados de la SecciĂłn Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no se hagan cargo de dicho recurso. Las mismas fuentes han precisado que la peticiĂłn ha sido presentada a tĂtulo personal por el propio fiscal general y no por la AbogacĂa del Estado.
Se da la circunstancia de que los cuatro magistrados que GarcĂa Ortiz pide apartar son los mismos que esta semana han acordado anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la FiscalĂa de Derechos Humanos y Memoria DemocrĂĄtica. Esto sucede porque la SecciĂłn Cuarta es a la que le corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales.
Fuentes jurĂdicas consultadas por esta agencia de noticia han señalado que en este caso no se ha recusado a la quinta magistrada que conforma dicha SecciĂłn, dado que no participĂł en la deliberaciĂłn y fallo del pasado noviembre relativa a la designaciĂłn de Delgado como fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo, que es en la que se basa el incidente de recusaciĂłn.
En caso de que los magistrados recusados no se aparten, la Ley OrgĂĄnica del Poder Judicial (LOPJ) –en su artĂculo 227– contempla que serĂĄ la conocida como ‘Sala 61’ la que tendrĂĄ que pronunciarse sobre la peticiĂłn planteada por GarcĂa Ortiz.
Esta Sala Especial cuenta con 15 magistrados: el presidente interino del Supremo, los presidentes de Salas, los cinco magistrados mĂĄs antiguos y los cinco mĂĄs recientes de cada una de dichas Salas.
LA APIF RECURRIĂ SU RENOVACIĂN
El recurso en cuestiĂłn lo presentĂł la APIF el pasado febrero contra el Real Decreto por el que el Gobierno renovĂł a GarcĂa Ortiz al considerar que el fiscal «no es idĂłneo para desempeñar, conforme a la ConstituciĂłn, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España», por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022, segĂșn indicĂł en una nota de prensa.
La asociaciĂłn mencionĂł la anulaciĂłn del nombramiento de Delgado e incidiĂł en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidiĂł «privar» al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le habĂa pedido el Senado sobre la proposiciĂłn de ley de amnistĂa. TambiĂ©n recalcĂł que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opuso a su renovaciĂłn al no considerarlo idĂłneo para el cargo.
AdemĂĄs, hizo hincapiĂ© en que el Estatuto OrgĂĄnico del Ministerio Fiscal exige en su artĂculo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que, para APIF, «si bien podrĂa haber concurrido» en GarcĂa Ortiz, «decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actĂșa con desviaciĂłn de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento».