Enrique Santiago, dirigente de IU e integrante del espacio Sumar, ha lanzado este viernes una advertencia que tensa los equilibrios de la coalición de Gobierno. En una declaración recogida por Europa Press, Santiago ha asegurado que su formación ‘no estará en un Ejecutivo en el que se hayan permitido supuestos de corrupción’, una alusión directa al conocido como caso Zapatero, la investigación judicial que salpica al entorno del expresidente socialista.
La frase, breve pero contundente, sitúa al PSOE ante un frente interno inesperado justo cuando Pedro Sánchez intenta proyectar estabilidad parlamentaria. El líder de IU ha subrayado la necesidad de ser “estrictos en no permitir comportamientos corruptos y en defender una actitud ética en política”, eexigiéndole al socio mayoritario un gesto inequívoco de tolerancia cero que, a su juicio, aún no se ha producido.
El Grupo Parlamentario Socialista ha reaccionado con cautela. Fuentes del GPS del Congreso consultadas por Moncloa.com se limitan a recordar que “el PSOE respeta el principio de presunción de inocencia” y que “las responsabilidades políticas, si las hubiera, se depurarán cuando la Justicia se pronuncie”. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, todavía no se ha pronunciado públicamente, aunque en su entorno se da por hecho que comparte el fondo de la exigencia.
Una advertencia que agrieta la coalición
La intervención de Enrique Santiago no es un hecho aislado. En las últimas semanas, varios dirigentes de Sumar habían mostrado malestar por la gestión del Gobierno ante las noticias que rodean al caso Zapatero, una causa abierta en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la financiación de actos y viajes. Aunque el expresidente no está imputado, la investigación afecta a antiguos colaboradores y ha generado un ruido que la coalición no logra acallar.
Santiago, que ha sido portavoz parlamentario de Sumar y goza de ascendencia dentro del espacio confederal, ha elevado la presión al máximo nivel: condicionar la continuidad en el Gobierno a una línea roja ética. Hasta ahora, las crisis entre los socios se habían dirimido en torno a políticas sectoriales —la reforma laboral, la ley de vivienda, el SMI—, pero esta vez el choque es ideológico y moral, dos terrenos mucho más resbaladizos.
De momento, Ferraz intenta rebajar la tensión sin entrar en un cuerpo a cuerpo público. En la sede del partido se insiste en que “el Gobierno funciona y seguirá funcionando” y se recuerda que la mayoría parlamentaria ha sacado adelante más de una veintena de leyes en lo que va de legislatura. La apuesta es ganar tiempo mientras la investigación judicial avanza o se desinfla.
El PSOE, entre la presunción de inocencia y la presión de los socios
La declaración de Santiago pone en un brete al presidente del Gobierno. Si Pedro Sánchez cede a la presión y toma medidas políticas antes de que haya una resolución judicial firme, corre el riesgo de quebrantar el principio básico del Estado de derecho que él mismo ha enarbolado frente a otras causas. Si no lo hace, Sumar puede elevar el tono hasta un punto difícil de gestionar en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
En el Consejo de Ministros de esta semana, fuentes gubernamentales reconocen que no se abordó formalmente el asunto, pero admiten que el malestar flotaba en el ambiente. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que medir con sumo cuidado cada mensaje para no enconar a un socio cuyo apoyo es indispensable para sacar adelante los Presupuestos, que deben estar presentados antes del 1 de octubre.
La advertencia de Sumar no rompe la coalición, pero sí la somete a una prueba de estrés que el PSOE no puede ignorar mientras el calendario parlamentario se acelera.
El Eje del Poder Socialista
Analizamos este movimiento como un aviso en toda regla que, sin dinamitar la mayoría, sí revela la fragilidad de una coalición que nació con desconfianzas y que ahora se enfrenta a un expediente judicial incómodo. La Ejecutiva Federal del PSOE, reunida el pasado lunes en Ferraz, no incluyó el asunto en el orden del día, pero varios secretarios de área admiten en privado que “es un tema que enrarece el ambiente” y que “habrá que gestionarlo con inteligencia”.
Los barones territoriales observan con cautela. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, históricamente crítico con los pactos de Sánchez con los partidos a la izquierda del PSOE, ha evitado hacer declaraciones. “No voy a ponerle la zancadilla al Gobierno en un momento complicado”, ha señalado a varios miembros de su ejecutiva regional, según ha podido saber Moncloa.com. En Cataluña, el PSC de Salvador Illa mantiene la misma línea: prudencia y confianza en la acción de la Justicia.
El GPS del Senado, donde el PP tiene mayoría, ya ha anunciado que usará la próxima sesión de control para preguntar al Gobierno por el “deterioro de la coalición”. Una maniobra que los socialistas interpretan como un intento de desgastar al Ejecutivo antes del ciclo electoral de 2027, aprovechando las grietas que exhiben los propios socios.
La lectura a medio plazo es incómoda para el PSOE. Si el caso Zapatero avanza en sede judicial con nuevos datos comprometedores, la presión de Sumar podría escalar hasta comprometer, no ya los Presupuestos, sino la propia legislatura. El precedente de la moción de censura de 2018, basada en una sentencia judicial firme, está fresco en la memoria de Ferraz. Ahora, sin embargo, el partido se ve forzado a aplicar la misma vara de medir a un espacio político que se reclama heredero de aquel impulso regenerador.
Sánchez deberá elegir entre apretar las tuercas de la disciplina interna o arriesgarse a que la coalición se resienta justo cuando la oposición de Alberto Núñez Feijóo intenta capitalizar cada episodio de ruido. El próximo Consejo de Ministros, el martes 27 de mayo, será el primer test para comprobar si las aguas vuelven a su cauce o si la exigencia ética de Sumar abre un nuevo capítulo de tensión.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El PSOE apuesta por el rigor judicial y la presunción de inocencia, y no aceptará ultimátums que condicionen el funcionamiento del Gobierno.
- Protagonista: Enrique Santiago (dirigente de IU-Sumar).
- Próximo hito: Consejo de Ministros del 27 de mayo, donde se espera algún gesto político o, al menos, una comparecencia que rebaje la tensión con Sumar.
