El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la jubilación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, un magistrado con una larga trayectoria en la institución y que ha gestionado algunos de los casos más relevantes de los últimos años en España.
Una carrera marcada por la complejidad
García Castellón, hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, solicitó adelantar su jubilación al 2 de septiembre, fecha en la que se hizo efectiva, en lugar del 16 de octubre, día en que cumple 72 años. Esta petición fue aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de junio.
Durante su etapa al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6, García Castellón ha liderado investigaciones de gran envergadura y repercusión pública. Entre los casos más destacados que ha instruido se encuentran:
- Caso Tsunami Democràtic: Investigación sobre la plataforma independentista catalana.
- Caso Púnica: Trama de corrupción que salpicó al Partido Popular.
- Caso Lezo: Investigación sobre una presunta trama de corrupción en el seno del Canal de Isabel II.
- Caso Villarejo: Compleja trama de espionaje y corrupción que ha afectado a altas esferas políticas y empresariales.
El cierre del caso Tsunami Democràtic y la remisión al Tribunal Supremo
El pasado 9 de julio, García Castellón tomó la decisión de archivar la causa de ‘Tsunami Democràtic’. Esta decisión se produjo tras un auto de la Sala de lo Penal que invalidaba las diligencias realizadas por el instructor en los últimos tres años. La razón esgrimida fue que la prórroga de la investigación, realizada el 30 de julio de 2021, se produjo fuera del plazo establecido.
En este contexto, el juez también procedió a remitir el testimonio de su resolución, junto con la de la Sala de lo Penal, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta acción tiene como objetivo que se incorporen al procedimiento de causa especial que ya se encuentra en curso.
Es importante recordar que, a raíz de una exposición razonada remitida por García Castellón al Tribunal Supremo, se tomó la decisión de investigar al expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y al diputado del Parlament, Ruben Wagensberg, por un presunto delito de terrorismo.
