El Pentágono ha cifrado en 25.000 millones de dólares el coste hasta la fecha de la guerra contra Irán, según declaró el comptroller en funciones Jules Hurst III ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. La cifra, presentada esta semana en Washington, no incluye las reparaciones de las bases estadounidenses dañadas durante la represalia iraní, lo que apunta a una factura final muy superior.
Lo que admite el Pentágono y lo que se queda fuera del recuento
Hurst desglosó la cifra ante los congresistas como gasto operativo directo: municiones empleadas, combustible, despliegue de portaaviones, reposición de interceptores Patriot y THAAD, horas de vuelo de los bombarderos B-2 y movimiento logístico desde bases europeas y del Golfo. Quedan fuera, eso sí, los costes de reconstrucción de instalaciones golpeadas por los misiles balísticos iraníes, entre ellas la base aérea de Al Udeid en Catar y posiciones avanzadas en Irak y Siria.
La omisión no es menor. Analistas del CSIS y del RUSI llevan semanas advirtiendo de que el coste real, incluyendo daños materiales, reposición de inventarios estratégicos y bonificaciones al personal desplegado, podría duplicar el dato oficial antes de que termine el ejercicio fiscal. El propio Hurst reconoció ante el comité que la cifra es provisional y se revisará al alza en la próxima comparecencia.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó comparecer en persona y delegó en su comptroller. Un gesto que en el Capitolio se ha leído como blindaje político: la administración Trump no quiere asociar al jefe del Pentágono con la cifra hasta que el cuadro completo esté cerrado.
El choque con la War Powers Act y la factura de los interceptores
El núcleo del enfrentamiento entre la Casa Blanca y un sector del Congreso es jurídico antes que presupuestario. Demócratas y un puñado de republicanos libertarios sostienen que la operación contra Irán excede el marco de la War Powers Act de 1973 —la ley que obliga al presidente a notificar al Congreso cualquier acción militar y retirar tropas en 60 días salvo autorización expresa— y que los 25.000 millones se han comprometido sin la cobertura legal adecuada.
En paralelo, el dato técnico que más preocupa al Estado Mayor Conjunto es el ritmo de consumo de interceptores. Según fuentes del Pentágono citadas por Defense News, Estados Unidos ha quemado en menos de seis semanas el equivalente a casi un año de producción de misiles Standard SM-3 y SM-6, los que arman a los destructores AEGIS desplegados en el Golfo y el Mediterráneo oriental. Reponerlos llevará entre 18 y 24 meses, según los contratos con Raytheon y Lockheed Martin.
La cifra impacta directamente en España. Cuatro destructores AEGIS de la US Navy tienen base permanente en Rota, y su misión antimisiles depende del mismo inventario que ahora se está agotando en otro teatro. La lectura estratégica es otra.
El gasto, además, llega cuando Trump exige a los aliados europeos elevar su gasto en defensa al 5% del PIB. La factura iraní, sumada al apoyo militar a Israel y a la rotación de fuerzas en Europa, tensiona el presupuesto del Pentágono más allá de lo previsto en la National Defense Strategy.
Equilibrio de Poder
Lo que observamos es un patrón clásico de campaña corta con factura larga. Washington presenta la operación como un éxito disuasorio frente a Teherán, pero el coste real superará con creces los 25.000 millones admitidos por Hurst cuando se incluyan reparaciones, reposición de inventarios y compensaciones al personal. El precedente más cercano es la Operación Inherent Resolve contra el Estado Islámico, que se anunció en 2014 con un coste estimado de 500 millones mensuales y terminó superando los 77.000 millones según datos del Departamento de Defensa.
Moscú lee el dato con frialdad operativa. Desde el Kremlin se está cuantificando cuánto puede sostener el Pentágono en simultáneo: Ucrania, flanco este de la OTAN, Indo-Pacífico frente a China e Irán. La respuesta interna que circula en círculos militares rusos, según fuentes diplomáticas consultadas por esta redacción, es que Estados Unidos no puede mantener cuatro frentes activos sin canibalizar inventarios estratégicos. Bruselas, por su parte, observa con inquietud cómo se acelera la presión sobre los aliados europeos para asumir la defensa convencional del continente.
El Pentágono admite 25.000 millones, pero la cifra real, con reparaciones y reposición de inventarios, doblará ese dato antes de que termine el ejercicio fiscal.
Para España el impacto es doble. En lo inmediato, la base de Rota gana relevancia estratégica como pivote logístico hacia el Mediterráneo oriental y el Golfo, lo que refuerza la posición negociadora de Moncloa pero también la presión para asumir más gasto. A medio plazo, la factura iraní se sumará al argumento de Trump para exigir el 5% del PIB en la próxima cumbre OTAN, prevista para finales de junio. El gasto militar español tendría que pasar de 21.000 a unos 70.000 millones anuales, equivalente al presupuesto conjunto de Sanidad y Educación de varias comunidades.
La contradicción del análisis es evidente: si la guerra contra Irán ha sido tan eficaz como vende la Casa Blanca, ¿por qué se han agotado en seis semanas inventarios diseñados para sostener un conflicto de alta intensidad durante un año? La respuesta, que aún no ha llegado al Congreso, marcará el debate presupuestario hasta el otoño. La próxima comparecencia de Hurst está prevista para mediados de mayo, y se espera que el CSIS publique antes su propio recuento. Hasta entonces, la cifra oficial es solo la punta del iceberg.
