El Caso Plus Ultra o Caso Zapatero no nació en España, por mucho que nos pese, gracias a las solicitudes de cooperación internacional recibidas de Francia (OEI 10/2024 y OEI 14/2024) y de Suiza (CR 9/2024) en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En esas peticiones se ponían de manifiesto las indicios de una organización criminal internacional, dedicada, al blanqueo de capitales de origen ilícito, siendo relevante las conexiones de esta red de blanqueo con personas venezolanas y con activos en Venezuela.
Esas personas, según el sumario del Caso Zapatero, «pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los Programas venezolanos de distribución de alimentos subvencionados C.L.A,P. (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) así como con la venta de oro del Banco venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes Noor Capital PSC, utilizando sociedades interpuestas.
«En el entramado de blanqueo descrito por las autoridades de Francia y Suiza figuran distintas personas como gestores de la estructura blanqueadora y otras corno clientes de la misma, poniéndose en evidencia la existencia de datos reveladores sobre la presunta comisión de actividades de blanqueo de capitales en España», dice uno de los autos del juez instructor que investigaba la causa.
Los gestores de esta trama que residían en España eran, según el listado de la Audiencia Nacional: Luis Felipe Baca Arbulu, nacido en Perú, con pasaporte francés, con el «presunto rol de gestor ejecutivo».
Enrique Martín Baca Arbulu, hermano del anterior, nacido en Perú, «con presunto rol de gestor ejecutivo». Gabriela Puente Garaboa, nacida en Caracas, con nacionalidad española, «con presunto rol de funciones operativas».
Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, nacido en Caracas, «con presunto rol de gestor ejecutivo vinculado a la captación de clientes eventuales de la estructura. Según datos de la Autoridad de Mercados Financieron (AMF), Danilo Díazgranados figuraba vinculado a las sociedad Blossom Finance Limited».
Simon Leendert Verhoeven, nacido en Países Bajos (…) con domicilio en (…) Mallorca, con «presunto rol de gestor ejecutivo vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza» y, finalmente, Cristhian Alegre Walter, nacido en Perú, «con presunto rol de funciones operativas».
El abogado que llegó a Zapatero
Y luego, la clave para la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero llegaría mediante las conversaciones de whatsapp de este abogado, también investigado: «Miguel Palomero de Juan (…) abogado español, que ejerce sus funciones profesionales presuntamente a través de la sociedad Ambar Abogados Asesores Tributarios SLP de la que es titular real y administrador único y cuyo domicilio está en (…) Madrid. El rol de Palomero en la organización es el de realización de funciones operativas relacionados con sociedades españolas controladas por los hermanos Baca como son las españolas Trowbridge SL y Lagundri SL y la luxemburguesa Kaimana Sarl. También se le vincula con funciones operativas en sociedades controladas por Díazgranados como la panameña Craft Financia SA y la sociedad de Islas Vírgenes Británicas Blossom Finance LTD». A este abogado sería a quien recurriría luego la trama Plus Ultra para que les pusiera en contacto con los entornos del entonces ministro Ábalos y del ex presidente Zapatero y que acabaría con el préstamo de la SEPI a la aerolínea venezolana.
En realidad Palomero no conocía directamente al ex presidente Zapatero, pero sí a Julio Martínez Martínez, a quien el juez le otorga el papel de «mano derecha» o «testaferro» del ex presidente socialista.
Continuaba el instructor diciendo que «en el marco de esa información recibida de Francia y Suiza, la Brigada de Blanqueo de la UDEF ha informado sobre las conexiones en España de la propia organización criminal y que son las siguientes:
La sociedad Bluecarp Corp (desde 2021 denominada Adamas Capital) de Isla Mauricio, tiene, según las autoridades francesas, «un rol preponderante en el blanqueo de capitales. Adamas Capital ofrece servicios financieros que, según dichas autoridades pudieran encubrir operaciones ilícitas». La «probable» filial española sería Bluecap Consulting SL, que luego pasó a denominarse Kaimana Capital.
Es una sociedad constituida en 2019 por el abogado español Miguel Palomero de Juan, quien vendió sus participaciones a Enrique Baca y a María Caroline Boyer (de nacionalidad francesa y esposa de Luis Felipe Baca) y posteriormente estos a Romaine Bruere (de nacionalidad francesa), detenido por las autoridades francesas por su participación en la estructura criminal.
La sociedad Bluecap Consulting Group SL pudiera guardar relación con la ginebrina Bluecap Investment SA y con la británica Bluecap Corporation LTD, ambas pertenecientes o dirigidas por el súbdito de Países Bajos residente en Suiza, Simon Verhoeven.
Entre los clientes de Adamas Capital aparece Gilberto Morales Reveron, (alias «Morales») venezolano nacionalizado español quien a través de su sociedad panameña 100 Concepts Corp ha recibido desde 2015 al menos 2,6 millones de € en su cuenta en Banco de Sabadell (…) desde sus cuentas en Alemania, Suiza y Dominicay ha adquirido en 2019 en España un inmueble valorado en 1,7 millones de €, resultando que Concepts Corp es la titular real de Concepts Corp SLU, administrada igualmente por Palomero».
Por si fueran pocos indicios, recoge el juez que «Morales está incluido en investigaciones de FBI sobre corrupción de fondos públicos venezolanos y de los justificantes presentados ante el Banco de Sabadell se infiere su presunta relación con el también venezolano nacionalizado español Armando Capriles Capriles, ex diputado y ex operador financiero, participante junto con Díazgranados Manglano en el grupo empresarial español controlado por ciudadanos venezolanos denominado Celestics».
El instructor recogía en su informe que «se han constatado por la Brigada de Blanqueo la existencia de un préstamo por 1 millón de € desde una cuenta en Bahamas de «Morales» a la cuenta española del abogado Palomero en Banco Sabadell (…) supuestamente para adquirir una sociedad y el inmueble que habita en (…) de Madrid».
En el punto tercero, referido a la comisión rogatoria (CR) de Suiza recibida en julio de 2024, el juez explica que «se menciona que en la declaración prestada por Simon Verhoevenen en la Fiscalía de Ginebra manifestó que sus tres sociedades: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation habrían realizado unos contratos de préstamo con la sociedad española de aviación Plus Ultra, que, al parecer, aportó al Fiscal suizo, si bien no nos fueron remitidos junto con la inicial petición de Comisión Rogatoria».
Además, en su declaración ante la autoridad suiza, «Simon Verhoeven manifestó que los préstamos a Plus Ultra «fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra», sin aportar más datos sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo tales devoluciones».
El juez continuaba diciendo que «de acuerdo con fuentes abiertas, se han tramitado en el Juzgado de Instrucción n° 15 de Madrid unas Diligencias Previas, relativas al rescate de Plus Ultra mediante la concesión en el Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021 de una ayuda pública de 53 millones de € a dicha compañía. Según esas mismas fuentes pudo haber un vencimiento del plazo de instrucción de esa causa, que en todo caso, fue sobreseído provisionalmente por Auto de ese Juzgado de Instrucción de 5 de enero de 2023».
La sociedad de Simon Verhoeven, Allpa Wira, «pudiera haber vendido oro a la sociedad de Emiratos Arabes Al Joud Precious Metal and Stones Trading LLC, figurando en el Anexo 31 del informe de la AMAF una factura de venta del 26 de febrero de 2021 por un importe de 122,4 millones de Dirhams emiraitíes (unos 30 millones de €). La sociedad Al Joud pudiera también estar controlada por Felipe Baca según refiere el informe de la Brigada de Blanqueo», continúa el mismo auto.
El instructor luego cita el anexo 40 del informe de la AMF: «la sociedad Allpa Wira pudiera haber remitido cantidades a favor de la sociedad Wallingford Ltd, figurando un Swift (transferencia) relativo al pago de 1.000.000 USD el 2 de noviembre de 2020 desde una cuenta bancaria en Suiza de Allpa a una cuenta bancaria en Panamá de Wallingford».
La cuestión es que en el mismo informe figuraban swifts relativos a «pagos por la sociedad Valerian Corporation Limited a favor de la citada Wallingford» e «igualmente, en el anexo 40 figuran comunicaciones con un tal Rodolfo y Rodox, que las autoridades francesas entienden que pudiera ser Rodolfo Reyes Rojas».
Según la orden europea de investigación (OEI 10/2024) de Francia, Rodolfo Reyes Rojas, «está vinculado a la compañía aérea Plus Ultra y «aparecería corno beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea Coyne Airways hacia Dubai.
«Rodolfo Reyes Rojas fundó el 7 de febrero de 2017 la sociedad Snip Aviation, entrando en el accionariado de Plus Ultra en España. Actualmente, según el informe de la Brigada, Snip controla el 56,8% de Plus Ultra y sus titulares reales declarados son Camilo Ibrahim Issa y María Aurora López López», sigue el auto.
Reyes Rojas, «en nombre Snip Aviation ha intervenido como pignorante no deudor en un préstamo a Plus Ultra por 9.636.725 € cuyo acreedor es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)», continúa el juez.
La Brigada de Blanqueo en su informe pone de manifiesto que algunos de los considerados «clientes» por los investigadores franceses tiene antecedentes policiales y/o judiciales en nuestro país, como Angelica Barrios, Nervis Villalobos y Francisco Javier D´Agostino.
Por todo lo expuesto, «procede abrir unas diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen».
Luego el juzgado de la Audiencia Nacional solicitó el «Juzgado de Instrucción n° 15 de Madrid testimonio íntegro de las Diligencias Previas 597/21, a fin de valorar procesalmente su conexión con los hechos objeto de las diligencias previas que se solicitan» y que «todos los documentos, archivos electrónicos y demás comunicaciones de cualquier naturaleza que se hallaren en las entradas y registros que se solicitan en cumplimentación de las OEI 10/2024 y 14/2024 de Francia así como de la CR 9/2024 de Suiza queden a disposición del Juzgado Central de Instrucción para su examen y la toma de diligencias que se estimen oportunas».
