En un movimiento táctico de gran calado, Julio Martínez Martínez ha decidido cambiar el rumbo de su defensa legal. Un cambio que según fuentes consultadas por MONCLOA se debe a la más que alta posibilidad de intentar negociar con la Fiscalía algún tipo de beneficio en una supuesta condena a cambio de colaborar en el esclarecimiento del caso. Una acción que podría hacer temblar a la futura defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Mediante un escrito formal presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, se ha notificado la sustitución del abogado que hasta ahora pilotaba el asunto. Se trata de un relevo de profesionales que busca aportar una nueva perspectiva técnica en un momento crucial de las Diligencias Previas 77/2024.
El veterano procurador de los tribunales, Javier Campal Crespo, ha sido el encargado de formalizar esta comparecencia ante el tribunal. El documento oficial confirma el cese del letrado don Bernardo del Rosal Blasco, quien ostentaba la dirección profesional de la causa hasta la fecha.
En su lugar, la responsabilidad de salvaguardar los intereses del investigado recaerá sobre María Dolores Márquez de Prado y de Noriega, una de las juristas con mayor trayectoria del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Amparo legal en el Estatuto de la Abogacía
Lejos de ser una decisión improvisada, este cambio de letrados se ha ejecutado siguiendo de forma escrupulosa los cauces normativos vigentes en el ordenamiento jurídico español. Según detalla el escrito de personación, la sustitución del señor del Rosal Blasco se ampara estrictamente en el artículo 60 del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, marco por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Este precepto garantiza el derecho inalienable de cualquier ciudadano a designar libremente a los profesionales que consideren oportunos para liderar su representación técnica ante los tribunales.
La designación de la nueva letrada, registrada con el número de colegiada 25.435, se produce tras el previo encargo de defensa explícito realizado por el propio Julio Martínez Martínez. Para dar plena validez jurídica al trámite y evitar cualquier tipo de dilación en el procedimiento ordinario, la representación legal ha adjuntado un documento acreditativo donde se formaliza por escrito la voluntad del representado. Con este paso, la incorporación de la abogada Márquez de Prado a la causa se vuelve efectiva e inmediata, asumiendo las riendas de una defensa que promete ser minuciosa.
La firma digital del documento, plasmada el pasado 28 de mayo de 2026, sella un compromiso profesional que añade una enorme expectación al caso penal. La solvencia contrastada de los intervinientes eleva la tensión en la Audiencia Nacional, un órgano acostumbrado a albergar litigios de alta complejidad técnica y relevancia institucional.
Con la sustitución plenamente efectuada y comunicada al Juzgado Central de Instrucción, la nueva dirección jurídica se dispone a examinar exhaustivamente las actuaciones acumuladas en el expediente para trazar las líneas maestras de su futura intervención en las declaraciones y recursos venideros. Las próximas semanas resultarán determinantes para comprobar el impacto real de este relevo en la evolución del proceso judicial.
