Junts ha registrado hoy, 14 de junio, en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que insta al Gobierno de España a condicionar su apoyo al próximo Presupuesto de la Unión Europea —el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028— a la consecución ‘sin más dilación’ de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias. La formación independentista vincula el sí a las cuentas europeas a una reivindicación lingüística que lleva años sobre la mesa y que ahora sitúa como línea roja negociadora.
Las exigencias de la proposición no de ley
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge un catálogo de peticiones que van más allá de la oficialidad de las lenguas cooficiales. Junts reclama que Cataluña sea considerada como una circunscripción electoral propia en los comicios al Parlamento Europeo —actualmente, toda España constituye una única circunscripción— y que se elimine el requisito del juramento de la Constitución española para acceder al acta de eurodiputado, un extremo que la formación independentista vincula directamente con la sentencia del ‘caso Junqueras’ del Tribunal de Justicia de la UE.
- Oficialidad exprés de las lenguas cooficiales: Junts exige al Gobierno que ponga este objetivo como condición para respaldar el MFP 2028.
- Circunscripción electoral para las ‘naciones sin Estado’: Cataluña, pero también Euskadi o Galicia, deberían poder elegir a sus eurodiputados en una demarcación propia.
- Eliminación del juramento constitucional: La sentencia europea sobre Oriol Junqueras obliga, según Junts, a suprimir esa exigencia para ser diputado en Estrasburgo.
- Fin de la unanimidad en la UE: El partido de Carles Puigdemont insta a reformar los tratados para eliminar el veto en las decisiones comunitarias, al que culpa de ‘paralizar’ la Unión.
- Gestión descentralizada de los fondos europeos: Las comunidades autónomas, y especialmente Cataluña, reivindican el control directo del dinero que llegue de Bruselas.
- Representación con capacidad de decisión: Junts reclama que los territorios con identidad diferenciada tengan voz proporcional a su peso demográfico en las instituciones europeas.
La proposición no de ley, que carece de carácter vinculante pero tiene un alto valor político, llega en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita los votos de Junts para sacar adelante sus compromisos internacionales.
La iniciativa enmarca sus reivindicaciones en un contexto de ‘auge de los autoritarismos, guerras híbridas y desestabilización geopolítica’ y defiende que la Unión Europea debe reforzar su soberanía estratégica sin caer en la uniformización, respetando la ‘pluralidad política, cultural y lingüística’ de sus pueblos. La formación independentista sostiene que la UE necesita reforzar su autonomía para para responder a los desafíos globales.
El MFP 2028, una negociación que tensa al Gobierno
El Marco Financiero Plurianual 2028-2034 empezará a negociarse formalmente a finales de este año, y España, como país beneficiario neto de fondos europeos, tiene un especial interés en que las cuentas salgan adelante. El ejecutivo necesita sumar apoyos parlamentarios para ratificar el presupuesto, y Junts es un socio parlamentario imprescindible para la mayoría de la investidura. La exigencia lingüística se convierte así en una moneda de cambio en el tablero comunitario.
La oficialidad de las lenguas cooficiales en la UE ha sido una aspiración recurrente de los gobiernos españoles desde hace décadas, pero ha chocado con la negativa de varios Estados miembros que temen abrir la puerta a reclamaciones similares de otras minorías lingüísticas. El actual ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha reiterado que España defenderá sus lenguas cooficiales, aunque sin cerrar acuerdos definitivos a estas alturas de la negociación, según explica la política lingüística de la UE.
Junts convierte la oficialidad del catalán en una condición previa para apoyar el presupuesto europeo, en un movimiento que tensa las negociaciones del Gobierno y que puede condicionar la capacidad de España para influir en las cuentas comunitarias.
El impacto para España y la viabilidad de las demandas
La presión de Junts sitúa al Gobierno de coalición ante una disyuntiva: ceder a una reivindicación que comparten en parte Unidas Podemos y otros socios periféricos, pero que le puede generar conflictos con los socios europeos, o bien arriesgarse a perder los votos necesarios para el MFP 2028. Fuentes diplomáticas españolas consultadas por Europa Press señalan que la oficialidad del catalán, euskera y gallego no está, por el momento, sobre la mesa de las negociaciones presupuestarias.
Además, la creación de una circunscripción electoral propia para Cataluña requeriría una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que el Congreso difícilmente aprobaría sin un consenso amplio. Tampoco la eliminación del juramento constitucional es una demanda de rápido encaje legal, como se explica en la organización actual de las elecciones europeas en España.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Junts ha registrado una proposición no de ley que vincula su apoyo al MFP 2028 a la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Junts, el Gobierno de España y las instituciones europeas, con el Congreso como escenario del debate.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La proposición se debatirá en el Pleno del Congreso; la negociación oficial del MFP 2028 se intensificará tras el verano.
