La Comisión Europea ultima los detalles de la reforma bancaria más profunda desde que el mundo refundó las reglas tras la crisis financiera de 2008. El próximo 15 de julio presentará un documento que, según el borrador al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, aspira a que la banca deje de ser un amortiguador de crisis y se convierta en un catalizador del crecimiento. La palabra clave es competitividad.
Los tres pilares que pueden poner la regulación patas arriba
La propuesta se estructura en tres bloques: integración del mercado único bancario, simplificación de las exigencias prudenciales y una nueva cultura supervisora que ponga la competitividad en el centro. El objetivo declarado es liberar recursos —solo en liquidez se habla de unos 230.000 millones de euros— para financiar la transición ecológica, digital y el rearme europeo. La Comisión reconoce que la banca ha recuperado rentabilidad, pero critica que actúa como parachoques, no como motor.
En el primer pilar, Bruselas quiere eliminar la obligación de que cada filial de un grupo transfronterizo mantenga colchones propios de capital y liquidez. En su lugar, la entidad matriz deberá transferir recursos de forma dinámica a sus subsidiarias, con salvaguardas que aún están por definir. Es la medida más transformadora: acaba con los ‘mini-bancos’ aislados dentro de un mismo grupo y permite a entidades como Santander o BBVA aprovechar plenamente su huella europea.
Un giro copernicano que España espera como agua de mayo
Para la banca española, muy internacionalizada, este cambio es estratégico. La liberación de requisitos duplicados podría liberar decenas de miles de millones en capital que hoy están inmovilizados como colchón. BBVA, con filiales en países como México y Turquía, y Santander, presente en diez mercados europeos, serían los grandes beneficiados. De hecho, fuentes del sector califican la iniciativa de ‘tremendamente ambiciosa’ y admiten que no esperaban una revisión tan amplia de los artículos legislativos.
El segundo bloque aborda la simplificación de los múltiples colchones de capital cíclicos y estructurales. Bruselas propone un colchón único liberable que evite solapamientos y costes redundantes. También busca armonizar los criterios de recursos exigibles (MREL) con los de los bancos globales (TLAC). No se trata de rebajar la solvencia, sino de adelgazar la burocracia: solo los costes de reporte superan ya los 11.000 millones de euros, y la Comisión aspira a reducirlos a la mitad.
El tercer pilar es quizá el que más debate suscitará: la Comisión pide al BCE y a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que incorporen la competitividad en su ADN supervisor, evitando una tolerancia de riesgo cero que asfixie la financiación de la economía real. No se crea un mandato formal, pero se insta a los supervisores a no penalizar por sistema la asunción de riesgos necesarios. Es una cesión directa a las reclamaciones de bancos y de países como Alemania.
La reforma reconoce que la resiliencia no puede ser el único objetivo estratégico de la banca europea si la UE aspira a competir en igualdad de condiciones con Estados Unidos.
El Eje del Poder Europeo
La geometría de apoyos a esta reforma dibuja las mismas fracturas que llevan años bloqueando la unión bancaria. Alemania y los países frugales aplauden la simplificación de reglas y la flexibilidad para bancos pequeños, pero se oponen a cualquier fiscalización común de depósitos. Por eso Bruselas elude el EDIS (Fondo de Garantía de Depósitos Europeo) y propone una suerte de fondo sintético: una puesta en común de facto de los mecanismos de protección nacionales, sin mutualización explícita. España e Italia, tradicionales impulsores de la unión bancaria, ven con buenos ojos el avance, pero temen que sin un paraguas común las salvaguardas queden cojas.
Para España, la partida tiene una doble lectura. Por un lado, la banca nacional es la gran ganadora potencial de la integración de capitales; por otro, Moncloa afronta el expediente abierto por Bruselas precisamente por obstaculizar una operación transfronteriza: la opa de BBVA sobre Sabadell. La misma Comisión que propone eliminar barreras nacionales investiga a España por sus trabas a la concentración. Es una contradicción que alimenta la sensación de que la UE quiere liberalizar, pero solo hasta la puerta de los intereses nacionales.
El calendario es exigente. Tras la consulta pública del verano, la propuesta legislativa llegará en el primer trimestre de 2027. Para entonces, el BCE ya habrá empezado a aplicar las primeras orientaciones en materia de supervisión. La clave residirá en si, para esa fecha, España ha resuelto —o al menos encauzado— el caso Sabadell y si los estados miembros son capaces de pactar las salvaguardas sin que el debate identitario de la mutualización haga descarrilar una reforma que, por ambición, no tiene precedentes desde la refundación de Basilea.
