Bernie Sanders propone gravar con un 50 % a las grandes empresas de IA para repartir 1.000 dólares anuales por estadounidense.
Claves de la operación
- Impuesto del 50 % sobre las acciones de los gigantes de la IA. Afectaría a cualquier empresa con ventas en IA superiores a 200 millones de dólares anuales, creando un fondo soberano con una recaudación única estimada en 7 billones de dólares.
- Reparto anual de 1.000 dólares a cada estadounidense. El fondo generaría dividendos de cientos de miles de millones, destinados a pagos directos y programas de salud educación y vivienda.
- Impacto directo en OpenAI, Google, Microsoft y Meta. Las compañías verían diluir la propiedad de sus fundadores e inversores, trasladando el control de la industria a la ciudadanía.
El impuesto del 50% que pone en guardia a Silicon Valley
El senador independiente de Vermont ha presentado esta semana un proyecto de ley que gravaría las acciones de las compañías con más de 200 millones de dólares en ventas de IA. El objetivo: crear un fondo soberano de 7 billones de dólares que, con una rentabilidad anual del 5 %, generaría dividendos para todos los ciudadanos. La iniciativa apunta directamente a OpenAI, Google, Microsoft y Meta, cuyos accionistas perderían el control de la propiedad ante la entrada masiva del Estado.
La recaudación provendría de un impuesto único sobre el valor en bolsa de esas empresas. Según los cálculos del senador, la cifra alcanzaría los 7 billones de dólares, lo suficiente para repartir más de 1.000 dólares al año a cada estadounidense. Además, el fondo financiaría programas federales de salud, educación y vivienda. Sanders busca redistribuir esa riqueza de vuelta a la ciudadanía, en lo que describe como ‘la mayor operación de democratización económica de la historia’.
¿Socializar la IA o desincentivar la innovación?
La respuesta de la industria no se ha hecho esperar. Las patronales tecnológicas advierten de que un gravamen del 50 % sobre el valor de las acciones podría desincentivar la inversión en I+D y empujar a las empresas a trasladar sus sedes fuera de Estados Unidos. Expertos fiscales señalan que el tributo, al aplicarse sobre el valor accionarial y no sobre beneficios, resultaría confiscatorio y disuadiría nuevas salidas a bolsa en el sector.
En en el plano político, la iniciativa enfrenta un Congreso dividido. Los demócratas más progresistas apoyan la medida, pero los republicanos y los demócratas moderados ya han mostrado reticencias. Sin embargo, Sanders ha demostrado capacidad para impulsar debates de calado, como cuando introdujo la renta básica universal en la agenda de las primarias de 2020.
La propuesta de Sanders no es un impuesto a los beneficios, sino a la propiedad accionarial. Eso la convierte en una expropiación parcial que cambiaría las reglas del capitalismo tecnológico.
El espejo alaskano y los precedentes fiscales en Europa
El modelo de fondo soberano con reparto directo de dividendos no es nuevo. Alaska distribuye desde 1982 parte de sus ingresos petroleros entre los residentes a través del Alaska Permanent Fund. Sin embargo, la propuesta de Sanders se inspira en los fondos soberanos de países como Noruega, aunque con un matiz: en lugar de nacionalizar los recursos naturales, se apropia de la riqueza generada por la inteligencia artificial.
En el contexto europeo y español, la idea recuerda a los intentos por gravar a los gigantes digitales. España implantó en 2021 la llamada tasa Google, un impuesto del 3 % sobre los ingresos por publicidad y servicios digitales. Pero la diferencia de escala es abismal: el gravamen español recaudó apenas 600 millones de euros en 2025, frente a los 7 billones de dólares que persigue Sanders. La OCDE y la Unión Europea llevan años debatiendo una fiscalidad global para las multinacionales tecnológicas, sin que ninguna propuesta se acerque a estas dimensiones.
En esta redacción entendemos que, más allá de su viabilidad legislativa, la propuesta de Sanders marca un punto de inflexión en el debate sobre quién controla la inteligencia artificial. Su aprobación es improbable en el corto plazo, pero fija una referencia que los partidos demócratas y los reguladores de todo el mundo podrían utilizar en futuras negociaciones. Mientras tanto, las grandes tecnológicas se enfrentan a un nuevo frente político que amenaza con redistribuir su mayor activo: el valor de sus acciones.
