El juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de Instrucción 41 de Madrid que instruye la causa Begoña Gómez, ha recibido de la Fiscalía Europea un informe y un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se refleja que existió un contrato no contemplado por la investigación inicial. En ese informe se refleja la condición de investigado de Luis Prieto Cuerdo, uno de los directivos de Red.es, organismo que depende indirectamente del ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, del ministro Óscar López. Sin embargo, en el posterior auto de Peinado el único que resulta investigado por prevaricación es el empresario Juan Carlos Barrabés.
Según su currículum público Luis Prieto Cuerdo ocupaba desde el año 2012 el puesto de asesor en la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, con funciones en la gestión de fondos sobre I+D+i, TIC, instrumentos financieros y financiación de la pequeña y mediana empresa. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en Dirección Tecnológica por la Escuela de Organización Industrial (EOI), además de haberse formado en dirección y gestión pública.
También ha sido subdirector general de Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, subdirector general de Infraestructuras Científicas en el Ministerio de Educación y Ciencia y subdirector general de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El informe aportado por la Fiscalía Europea, encargado a la UCO, explica que «el atestado 38/2026 menciona el Expediente de Red.es 044/20-ED relativo al Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento, que no era objeto de investigación en el presente procedimiento. En este expediente aparecería como UTE adjudicataria Innova Next SL y KPMG. La financiación correría cargo de fondos Feder, siendo su tramitación paralela a los dos expedientes investigados en el presente procedimiento».
Según la Fiscalía Europea, del mismo documento policial se desprende que «en la adjudicación se habría obviado para valorar al que iba a ser el licitador adjudicatario de la inexistencia de un libro blanco que se exigía en los pliegos como requisito necesario».
El contenido de ese expediente fue analizado «por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que hizo entrega para su incorporación en el presente procedimiento del atestado con número 38/2026 acerca del contenido de las comunicaciones electrónicas obrantes en las cuentas Office 365 de 13 personas en lo relativo a la tramitación de los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED de Red.es».
Tras analizar el contenido la Fiscalía Europea acordó por Decreto de fecha 23 de marzo de 2026, entre otras muchas diligencias,
librar exhorto al Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid con el fin de que «informara del estado de la investigación relativa al Expediente de Red.es n.º 044/20-ED en la que Innova Next en UTE con KPMG, también resulta adjudicataria. El expediente responde al nombre de Servicios de oficina AceleraPyme – Servicios de apoyo y asesoramiento, siendo publicado en el DOUE el 04.06.2020, con un PBL (Presupuesto Base de Licitación) de 4.053.500 euros«.
En fecha de 20 de abril de 2026 se acordó la avocación parcial de los hechos relativos a ese expediente. El atestado de la UCO menciona el Expediente de Red.es 044/20-ED. Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento, cuya financiación correría a cargo de fondos europeos, «siendo su tramitación paralela a la que está conociendo la Fiscalía Europea en el presente procedimiento, FEU 28.24».
El informe policial recoge que «el informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria».
Añadía la Fiscalía también que «el informe policial resalta que del análisis de los borradores del citado informe de valoración intercambiado por los evaluadores encargados de la confección del mismo, se observa que se habría incluido comentarios sobre los que se habría construido las valoraciones finales aludiendo en uno de ellos al hecho de que la UTE KPMG-Innova no habría incluido el Libro Blanco, hecho que habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración del mismo, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores. El informe reveló esta circunstancia al analizar el contenido de los correos relativos a los procedimientos investigados por la Fiscalía Europea ya que el firmante de los informes de valoración en los tres procedimientos fue el mismo investigado, Luis Prieto«.
Nueva pieza independiente del Caso Begoña Gómez
Con todo esto el juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva pieza, ya que la instrucción del Caso Begoña Gómez, ya está concluida. Pero ahora la Fiscalía Europea aprecia una prevaricación en este contrato. El origen del caso Begoña Gómez, en abril de 2024, está la adjudicación de varios contratos al Grupo Barrabés.
La Fiscalía lo remite al juzgado de Peinado después de que la Audiencia Nacional acordase el archivo del resto solicitado por los fiscales europeos. Ahora Peinado ha pedido a la Fiscalía madrileña que se pronuncie y califique los hechos, independientemente del caso Begoña Gómez y declara como investigado por prevaricación a Barrabés.
En junio de 2025 la Fiscalía Europea (EPPO) concluía tras 14 meses la investigación sobre la financiación con fondos europeos de al menos tres contratos otorgados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés cuyas cartas de recomendación firmó Begoña Gómez. La fiscalía Europea creyó entonces que había base para acusar a Barrabés y a un directivo de Red.es por apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación.
El 30 de mayo de 2025 se había levantado el secreto de sumario y la Fiscalía llamó a declarar a Barrabés y al directivo de Red.es, Luis Prieto, como imputados. Estos tres contratos quedaron fuera de la investigación llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el Caso Begoña Gómez, por decisión de la Audiencia Provincial al decretar que los contratos adjudicados para la capacitación en economía digital, en formato de cursillos a jóvenes desempleados, habían sido financiados en su totalidad con fondos de la UE y que por tanto eran competencia de Bruselas decidir sobre las denuncias respecto a ellos.
Hacienda había avisado al juez Peinado que la licitadora Red.es infló los criterios subjetivos en estos contratos. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) destacaba que la valoración que hizo de cada empresa aspirante en principio otorgaba un 60% al precio ofrecido y un 40% a «criterios dependientes de un juicio de valor». Sin embargo, al analizar la fórmula que utilizaron para fijar esos porcentajes, concluía que los criterios subjetivos en realidad tenían mayor peso que el precio.
En vez de hacer que esa valoración cayese en un comité de expertos debido al peso total en la adjudicación, Red.es omitió este paso, ya que la mayoría de estas funciones se delegaron en el director general de la empresa pública, Luis Prieto y por eso fue investigado por la Fiscalía Europea.
