EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva (Fuerteventura), ha entrado en prisión a los 86 años para cumplir una condena de un año y medio por delito fiscal.
- ¿Quién está detrás? El Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, que denegó la suspensión de la pena al no haber pagado la multa de 1,2 millones de euros.
- ¿Qué impacto tiene? La entrada en prisión de un histórico dirigente local de Fuerteventura cierra un capítulo de casi tres décadas de polémicas judiciales y refuerza el mensaje de que las condenas se cumplen.
Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva, ha entrado en prisión a los 86 años. El ingreso voluntario en el módulo de Tahiche (Lanzarote) se produjo el pasado lunes 22 de junio, una vez que el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario le notificase la denegación de la suspensión de su condena.
«Ni ordinaria, ni extraordinaria, ni por padecimientos incurables»
El auto del Juzgado de lo Penal número 2, fechado el pasado 5 de junio, deniega la suspensión de la pena en todas sus modalidades. La magistrada recuerda que González Arroyo solicitó el aplazamiento por diez años y el compromiso de pagar la multa, pero no había consignado cantidad alguna, un argumento que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado utilizaron para oponerse a la medida.
La condena que cumple el exalcalde se remonta a la sentencia de noviembre de 2021, confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Las Palmas en julio de 2023. En ella, se le consideró administrador de hecho de la empresa Calaofu, que defraudó 407.620 euros a Hacienda en los ejercicios de 2009 y 2010. El tribunal le impuso además una multa de 1.239.534 euros y la inhabilitación para obtener subvenciones o beneficios fiscales durante tres años.
La defensa de González Arroyo presentó un escrito el 6 de septiembre de 2024 solicitando la declaración de insolvencia de su representado ante la imposibilidad de hacer frente a, la multa millonaria. El juzgado respondió que no se había acreditado padecimiento incurable alguno y que, «teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los hechos cometidos, y la reiteración y reincidencia delictiva del penado», existía una objetiva peligrosidad criminal y un absoluto desprecio por el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Durante casi 30 años, Domingo González Arroyo pilotó el Ayuntamiento de La Oliva, uno de los municipios más turísticos de Fuerteventura. Fue también consejero del Cabildo insular, senador por designación autonómica y diputado en el Parlamento de Canarias. A pesar de las múltiples causas abiertas en su contra durante ese tiempo, nunca antes había pisado una prisión.
El lunes 22 de junio, González Arroyo ingresó voluntariamente en el centro penitenciario de Tahiche, en Lanzarote, en un módulo adaptado para internos de avanzada edad o en régimen de tercer grado, con 50 habitaciones. Fuentes penitenciarias confirmaron que la entrada se produjo sin incidentes.
La justicia ha sido lenta, pero ha llegado: después de tres décadas esquivando los tribunales, Domingo González Arroyo entra en prisión a los 86 años.
El Pulso Territorial
El ingreso en prisión de un exalcalde de la isla majorera se produce en un contexto en el que el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), no se ha pronunciado. Fuentes de la Presidencia subrayan que se trata de un asunto judicial ajeno a la acción del ejecutivo. Sin embargo, el caso reaviva la preocupación ciudadana por la corrupción municipal en el archipiélago, donde otros ex regidores han acabado también entre rejas, como en el llamado ‘caso Unión’ en Gran Canaria.
En Baleares, algunos ex regidores municipales condenados por delitos fiscales han logrado la suspensión de la condena al pagar las multas, lo que hace más llamativa la situación de González Arroyo. La reincidencia del penado y la gravedad de los hechos, según el auto, han pesado más que la edad. En el ámbito regional, los partidos políticos evitan pronunciarse sobre un dirigente que fue pieza clave del Partido Popular en Fuerteventura durante años, pero que ahora cumple condena de manera individual.
Lo que viene: la pena de un año y medio se extinguirá en 2027, pero subsiste la deuda millonaria. La Agencia Tributaria mantiene abierta la vía de apremio, aunque la insolvencia declarada por el exalcalde complica el cobro. La entrada en prisión de un político octogenario (rozando los 87) vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad penal de los cargos públicos y la necesidad de agilizar los procedimientos judiciales en Canarias.
Ficha Autonómica
- El caso: El exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, ha ingresado en prisión a los 86 años para cumplir una condena de un año y medio por fraude fiscal. La justicia denegó todo tipo de suspensión de la pena.
- Datos importantes: Multa de 1.239.534 euros impagada, fraude de 407.620 euros a Hacienda entre 2009 y 2010, y el juez apunta a «objetiva peligrosidad criminal» en el auto.
- Resumen: El histórico dirigente majorero entró voluntariamente en el módulo de mayores de la prisión de Tahiche. El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de los cargos públicos y la prescripción de delitos fiscales en la gestión municipal.
