Vox ha cargado este viernes contra las más de 900.000 solicitudes de regularización extraordinaria de inmigrantes presentadas hasta el 12 de junio, una cifra que, a juicio de la formación, evidencia la «invasion migratoria» y refuerza su exigencia de expulsiones inmediatas de todos los irregulares.
Según fuentes del partido consultadas por Moncloa.com, la dirección nacional de Vox considera que este proceso masivo de regularización es un «coladero sin precedentes» que multiplica el «efecto llamada» y compromete la sostenibilidad de los servicios públicos. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha reiterado en varias ocasiones que la prioridad debe ser la «prioridad nacional en el empleo» y que la solución pasa por el cierre de fronteras y la expulsión inmediata de quienes se encuentran en situación irregular.
El argumentario de Vox: expulsiones y fin del ‘efecto llamada’
Para el Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), las cifras de la regularización extraordinaria –que La Vanguardia adelanta este viernes– vienen a corroborar el discurso que la formación mantiene desde hace años. «Cada regularización masiva es una invitación a que lleguen más personas de forma ilegal», ha señalado el portavoz nacional, José Antonio Fúster, en declaraciones recientes. La formación vincula directamente el aumento de las peticiones de asilo y regularización con el colapso de la sanidad, la educación y la vivienda, y reclama que el Gobierno de Pedro Sánchez dé marcha atrás en su política migratoria.
En el comunicado interno difundido por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) hace dos semanas, Vox ya advertía de que cualquier proceso de regularización masiva sería respondido con una ofensiva parlamentaria y territorial para «proteger a los españoles». El partido insiste en que la inmigración irregular debe ser combatida con expulsiones efectivas y acuerdos de readmisión con los países de origen, en lugar de con regularizaciones que califican de «parche electoralista».
Una regularización sin precedentes que desborda las cifras del Gobierno
Los datos, recogidos por La Vanguardia a partir de fuentes ministeriales, confirman que hasta el 12 de junio se habían presentado 900.000 solicitudes, de las cuales 360.000 ya han sido admitidas a trámite. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que la cifra final podría alcanzar el millón, aunque habrá que filtrar posibles duplicidades. Esta avalancha de peticiones desborda todas las previsiones iniciales, que apuntaban a 750.000 solicitudes y medio millón de beneficiarios.
El perfil mayoritario de los solicitantes responde a personas en edad laboral: el 53% tiene entre 25 y 44 años, tramo que concentra el grueso del mercado de trabajo, según la Encuesta de Población Activa (EPA del INE). Por nacionalidades, Colombia lidera la lista con el 26,9% de las peticiones, seguida de Marruecos (13,7%), mientras que los países latinoamericanos acumulan el 65% del total.
La regularización extraordinaria, que cierra el plazo de solicitudes el próximo martes, se ha convertido en la mayor de la historia democrática, superando con creces la del Gobierno de Zapatero en 2005, que concedió papeles a 576.506 inmigrantes. Para Vox, esta magnitud demuestra la «incapacidad» del Ejecutivo para controlar las fronteras y la «dejación de funciones» en materia de seguridad.
Las 900.000 solicitudes son la constatación de que el Gobierno ha abierto un coladero migratorio sin precedentes, y el PP sigue sin plantar cara.
Estrategia de Vox: tensar al PP y marcar perfil migratorio antes del ciclo electoral
La reacción de Vox a las 900.000 regularizaciones no es solo una cuestión de principios: es un movimiento táctico en su pulso constante con el Partido Popular. La formación que lidera Abascal busca forzar a los de Alberto Núñez Feijóo a definirse con claridad sobre la política migratoria, un terreno en el que Vox confía en desgastar al PP por su derecha.
Fuentes del partido consultadas por Moncloa.com reconocen que la cifra de la regularización es «un argumento electoral de primer orden». En comunidades autónomas donde Vox ha gobernado o condicionado gobiernos con el PP —como Castilla y León, Comunidad Valenciana o Murcia— la inmigración ya fue un eje central de la acción de gobierno. Ahora, el partido pretende trasladar ese debate al ámbito nacional, justo cuando el PP intenta modular su discurso migratorio sin ahuyentar al votante centrista.
La dirección de Vox entiende que cada regularización masiva alimenta el malestar de una parte del electorado y, por tanto, su agenda. «Mientras el PP se mueve en la ambigüedad, nosotros ofrecemos una respuesta clara: expulsión de todos los irregulares», insisten las mismas fuentes. El partido ultima además una batería de iniciativas parlamentarias —incluidas preguntas orales y proposiciones no de ley— para llevar el debate al Congreso en las próximas semanas.
