El pleno de la Deputación de Lugo rechazó este miércoles 1 de julio una moción del PPdeG que buscaba prohibir que la institución cubriese los gastos de defensa del ex presidente José Tomé, acusado de un delito de acoso sexual. La iniciativa no prosperó porque PSOE y BNG, con mayoría en la corporación, defendieron que no existe ningún acuerdo para pagar esa asistencia jurídica y que será la compañía aseguradora la que decida, en virtud de la póliza de responsabilidad que ampara a todos los diputados provinciales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Deputación de Lugo rechazó una iniciativa del PP para impedir que la póliza de responsabilidad civil de la entidad cubra la defensa judicial de José Tomé.
- ¿Quién está detrás? El PPdeG registró la moción; PSOE y BNG la tumbaron con sus votos, argumentando que no hay acuerdo para pagar y que la aseguradora decidirá.
- ¿Qué impacto tiene? Se abre un debate político sobre si los fondos públicos deben blindar a cargos acusados de delitos sexuales, mientras el caso judicial de Tomé sigue su curso.
La póliza de responsabilidad, clave del debate
La controversia arrancó cuando el portavoz popular, Antonio Ameijide, reveló que José Tomé había solicitado que la Deputación de Lugo (la institución provincial que gobierna los municipios de la provincia) asumiera el coste de su defensa en el proceso penal por acoso sexual, una previsión que el PPdeG cifró en 37.000 euros. Tomé, que dimitió como presidente del ente y abandonó el PSOE aunque mantiene la alcaldía de Monforte y su escaño como diputado no adscrito, negó haber pedido un desembolso directo. «No pedí nada a la Deputación, solo comuniqué una situación a la que tengo derecho, igual que usted. La póliza es para todos», replicó en el pleno.
Esa póliza, un seguro de responsabilidad que incluye a los 25 diputados provinciales sin distinción de grupo político, es el centro de la disputa. La presidenta de la Deputación, la socialista Carmela López, afirmó que «es rotundamente falso» que exista acuerdo alguno para sufragar la defensa, y recordó que no hay «ni acuerdo de Junta de Gobierno ni resolución» al respecto. La decisión, insistió, compete a la aseguradora.
El PPdeG, sin embargo, acusó al gobierno provincial de amparar que un cargo público utilice fondos del seguro para defenderse de una acusación grave, y exigió un veto explícito. Para Ameijide, lo que está en juego es «la dignidad de la institución y el ejemplo que se da a la ciudadanía». La moción buscaba dejar claro que ningún dinero público, directo o indirecto, debería destinarse a ese fin.
Reacciones encontradas en la corporación provincial
Desde el BNG, el diputado Efrén Castro fue igual de tajante. «No hubo ni va a haber acuerdo para pagar asistencia jurídica para un diputado. No hay ni habrá un solo euro de la Deputación que vaya a pagar esta defensa», proclamó. Castro negó cualquier resquicio de financiación pública y reprochó al PPdeG que la moción se sostiene sobre «informaciones falsas» con la intención de «embarullar el debate político». Su grupo respaldó que sea la aseguradora, no el pleno, quien evalúe si la cobertura es aplicable.
El propio José Tomé intervino para defender su proceder. Insistió en que se limitó a comunicar una incidencia a la que tiene derecho cualquier miembro de la corporación. Acusó al portavoz popular de actuar «con una mente manipuladora que trata de engañar a sabiendas de que lo está haciendo simplemente para sacar rédito político». Su intervención no cambió el sentido de la votación, pero dejó claro que el enfrentamiento entre el exdirigente socialista y el PPdeG va más allá del caso judicial.
Lo que se dirime en Lugo no es solo la defensa de un político, sino el frágil límite entre el derecho a la asistencia jurídica y la responsabilidad institucional ante delitos que atentan contra la igualdad.
El desenlace parlamentario refleja una situación paradójica: aunque PSOE y BNG rechazaron explícitamente que la Deputación pague la defensa, también impidieron blindar ese veto por la vía de la moción popular. Fuentes socialistas consultadas por Moncloa.com insisten en que la póliza es un instrumento técnico que no equivale a un cheque en blanco. La compañía aseguradora evaluará el caso y decidirá si los hechos entran dentro de la cobertura. Si el seguro deniega la petición, no habrá desembolso público.
El Laboratorio Gallego
Este episodio saca a la luz un debate que trasciende la provincia de Lugo. Las diputaciones provinciales, instituciones a menudo opacas para el gran público, gestionan pólizas que podrían acabar cubriendo defensas penales de cargos acusados de delitos graves. En Galicia, donde el PPdeG domina la Xunta pero el PSOE y el BNG controlan la Deputación de Lugo, el voto dividido tiene también una lectura de bloques: el PP intenta marcar un perfil de firmeza ante la violencia machista y los otros partidos defienden la autonomía de la entidad aseguradora. Mientras tanto, el expresidente de la Xunta y líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, no se ha pronunciado sobre el caso, pero la polémica se suma a las tensiones sobre el uso de recursos públicos en la defensa de políticos, un asunto que genera roces recurrentes en todas las comunidades autónomas. La proyección es inmediata: el caso judicial de Tomé seguirá su curso y la aseguradora podría tardar semanas en pronunciarse. Mientras, la corporación provincial de Lugo tendrá que convivir con una fractura que deja al descubierto la ausencia de protocolos claros para blindar a las instituciones ante acusaciones sexuales.
Ficha del Caso
- El caso: José Tomé, expresidente de la Deputación de Lugo y acusado de acoso sexual, ha reclamado que la póliza de responsabilidad de la institución cubra sus gastos de defensa. El PPdeG intentó vetar ese uso, pero PSOE y BNG rechazaron la moción y dejaron la decisión en manos de la aseguradora.
- Datos importantes: La previsión de gasto estimada es de 37.000 euros. La póliza ampara a los 25 diputados provinciales. La presidenta Carmela López asegura que no existe resolución de la Xunta de Gobierno para el pago. El BNG niega que haya un solo euro público destinado a esa defensa.
- Resumen: La polémica refleja la tensión entre la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la responsabilidad institucional ante delitos sexuales. A nivel nacional, alimenta el debate sobre cuándo las administraciones deben proteger a sus representantes políticos con fondos públicos.
